La inseguridad y las verdades no dichas

Las dificultades propias que venimos padeciendo en materia de seguridad, reflejadas por LA OPINION y otros medios periodísticos, han escalado en estas últimas semanas de manera más preocupante aun y fueron un alerta que no cayó en saco roto. 

Fuerzas de seguridad de la Policía Bonaerense llegaron a Pergamino para, junto a los efectivos que tenemos en la ciudad, desarrollar un operativo de saturación de las calles del Centro y los barrios. Vino el subjefe de la fuerza Fabián Perroni, el titular del grupo motorizado Alfredo Seeber Molinari, quienes se reunieron con las autoridades policiales departamentales y el intendente Javier Martínez.

La realidad es que aunque el jefe comunal no lleva sobre sus espaldas la responsabilidad plena de la seguridad en el distrito, no es menos cierto que las comunas son las primeras trincheras a las que recurre el vecino frente a problemáticas como la inseguridad. De modo que esta respuesta provincial al intendente le debe haber generado no poco alivio, teniendo en cuenta la escalada de delitos de estos últimos días, en cantidad y complejidad. Incluso porque algunos de los efectivos que vinieron van a quedarse en Pergamino, lo que es de esperar coadyuvará a que tengamos una mejor prevención y obstrucción del delito.

En esta misma página editorial, donde comentamos las problemáticas o en la primera plana donde se exponen los datos duros y puros, queda expuesto que la inseguridad está ganando la batalla.  Robos de gran porte, motochorros, violencia y venta de estupefacientes forman parte de un paisaje al que los pergaminenses nos negamos a naturalizar.
Y la verdad es que ya no nos conforma y mucho menos nos tranquiliza la maraña discursiva de culpabilidades que se adjudican sobre responsabilidades que se establecen entre la Policía y la Justicia. Hace ya muchos años que venimos escuchando la misma cantaleta sin que nadie le ponga el cascabel al gato. Ante los mismos malos resultados en cuanto al combate al delito, ya dejan de importar tal o cual medida aislada o espasmódica. Si la Justicia deja salir rápidamente a los cacos apresados por la Policía o si la Justicia desconfía de las fuerzas es el problema que a esta altura deberíamos tener resuelto. Porque mientras tanto los delincuentes se tornan cada vez más eficientes y el tándem Justicia-Policía va quedando muy atrás de los hechos. Y precisamente no podemos eludir que, al fin, los que padecemos la inseguridad somos todos.

Para entender un poco más la problemática, no podemos menos que referirnos a la reforma policial primero y a la judicial después, ambas llevadas adelante por León Arslanian en las dos etapas en que fue ministro de Seguridad de la Provincia.

En la primera gestión (1998-1999) puso en marcha un ambicioso plan de reforma de la Policía. Fue durante la gobernación de Eduardo Duhalde, cuando el jurista se convirtió en el primer ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ya que hasta ese entonces esas áreas no estaban comprendidas en un ministerio sino divididas en dos secretarías, las de Justicia y de Seguridad del entonces Ministerio de Gobierno. 
Pero luego de un año y medio de implementada la reforma policial, Arslanian renunció a su cargo el 5 de agosto de 1999, debido a un durísimo enfrentamiento político con Carlos Ruckauf, entonces aspirante a la Gobernación e impulsor de la denominada “mano dura” que incluía el “meter bala a los delincuentes”, por eso su reforma no prosperó en el tiempo. 

Fueron épocas de purgas y pases a retiro de la plana mayor de la Policía Bonaerense, la redistribución de las zonas y el cambio de nominación de la estructura policial.

La reforma implicaba también poner término a la competencia de la Policía en materia de instrucción de los procesos penales, de manera tal que un mayor número de efectivos quedara disponible para realizar tareas preventivas.  Este punto, de entre muchos otros, se destaca por las consecuencias que trajo y que hoy día aún se sienten, como veremos.

La norma fue en teoría interesante y un buen saldo que dejó fue la creación de los foros de seguridad donde los propios vecinos, las autoridades políticas, judiciales y policiales participan de las estrategias antidelito.
Arslanian vuelve como ministro de Seguridad durante el Gobierno de Felipe Solá y esta vez para poner en marcha lo que le faltó en su anterior gestión: la reforma procesal penal del Poder Ejecutivo de la provincia.

Y la reforma se aplicó y es la que actualmente vemos en nuestro distrito y en todos los de la provincia. Por ella se pasó la instrucción de los casos, es decir la investigación que conlleva al esclarecimiento, desde la Policía a la Justicia. Esta tarea, hasta ese momento ejecutada por efectivos formados a tal fin, requería que ahora el Poder Judicial contara con el recurso humano para cumplir el rol. Para esto se crearía la Policía Judicial, pero nunca se puso en marcha.  

De este modo, la Policía aunque es la fuerza viva que está en la calle, tiene contacto con la gente, conoce el mundo del hampa y sus protagonistas, ya no hace la instrucción de los casos ni tareas de Inteligencia previa ni controles posteriores, sino que todo ello ha recaído en las fiscalías, en los instructores judiciales, que muchas veces son funcionarios que conocen más el trabajo de escritorio que el de la calle. 

Concretamente la reforma se aplicó pero sin una herramienta clave: la policía judicial que era la que reemplazaría a la Bonaerense en esta tarea. Así es que la Policía que todos identificamos, la que patrulla, está en las calles, a la que llamamos ante una situación delictiva, quedó relegada a tareas de prevención y a lo que las fiscalías le demanden, como efectivizar órdenes de captura, allanamiento, etcétera.

Es así como se viene funcionando desde 2007 aproximadamente, sin la mejoría prevista en materia de seguridad, porque al fin la reforma quedó a mitad de camino.

La realidad es que Arslanian desconfiaba del modo en que la Policía realizaba la instrucción de los casos, pero la alternativa que planteó tampoco es mejor ya que esta tarea tan elemental a los fines del esclarecimiento de los hechos y apartamiento de los culpables quedó reemplazada por un recurso humano insuficiente, que no es el que estaba previsto a la hora de apartar a la Policía.

Estas consideraciones vienen a cuento para explicar por qué es que llegamos a esta situación donde la Policía afirma que no puede hacer el trabajo territorial completo y la Justicia cree en general que, al fin, no son auxiliares muy confiables.

La realidad es que o se crea finalmente la policía judicial o se retrocede con la reforma judicial que quedó a mitad de camino,  porque tal como están las cosas, es el hombre de a pie el que padece los rigores de una inseguridad que no da tregua y el delincuente el gran beneficiado.