La foto que sorprende y no debiera sorprender

Los argentinos miramos la foto como si fuese algo inesperado y sorpresivo. Sin embargo en una república, nada es más normal que una reunión del presidente con los gobernadores de las provincias que componen el territorio nacional. Es en ese marco donde se analizan las necesidades de cada región, los apoyos que puede dar el mandatario de la Nación, ver cómo está funcionando la coparticipación. 

Lo que nos resultó extraño de la foto es que hace unos 20 años que en la Argentina no se veía esta postal. Si no nos falla la memoria, las últimas reuniones fueron en épocas de Carlos Menem, más al comienzo que al final. En la etapa kirchnerista no había ni reuniones de Gabinete, mucho menos con gobernadores de todos los colores políticos.

El presidente Mauricio Macri y uno de sus funcionarios estrella, Rogelio Frigerio, se reunieron con todos los mandatarios provinciales, desde los peronistas como el pampeano Carlos Verna; socialistas como el santafecino Miguel Lifschitz, hasta la ultra K santacruceña Alicia Kirchner. 

Obviamente que el encuentro no era solo para la foto, importantes temas había que analizar entre los mandatarios provinciales y los representantes del Gobierno central, lo que aporta normalidad política a nuestro país y le da sustentabilidad al sistema federal.

Tampoco vamos a ser tan ingenuos de creer que todos asistieron al encuentro por este motivo; hay además un real interés de los Estados provinciales basado en la necesidad financiera que tienen y del Gobierno central por contar con el apoyo de los mandatarios a través de la línea que les bajen a sus legisladores en relación al acuerdo con los holdouts.  A decir verdad, las provincias siempre han necesitado de la asistencia de la Nación, solo que con el kirchnerismo el diálogo -y con él la posibilidad de arreglar cuentas- estaba vedado para quiénes no adherían al modelo.

En este momento la mayor urgencia de los gobernadores es hacerse de los fondos de coparticipación adeudados por la Nación, sobre los cuales la expresidenta Kirchner firmó un decreto de devolución días antes de terminar su mandato, dejando esta promesa por cumplir a la administración entrante. 

Con los número en rojo, como bien explicitó Macri en su discurso ante la Asamblea Legislativa, la propuesta inicial del Gobierno fue devolver esos fondos pero en etapas, a lo largo de un período de cinco años.

Ahora, en un evidente gesto de complacencia, por su interés de tener a los gobernadores de su lado ante la inminencia del debate en el Congreso del acuerdo con los fondos buitre,  el macrismo mejoró la propuesta. 

A partir del esquema inicial de devolver tres por ciento en efectivo por año en un plazo de cinco años, la nueva oferta que presentó la Casa Rosada habilita a los gobernadores a sumar otro tres por ciento anual, que se efectivizará mediante algún tipo de bono o letra y será opcional, según las necesidades financieras de cada distrito y el plazo se redujo a cuatro años.

En concreto, cada gobernador podrá elegir si quiere que a la devolución del tres por ciento por año que recibirán todos suma otro tres por ciento en bonos, que obviamente tendrá los descuentos de toda operación bancaria. Quienes no se vuelquen por esa opción mantendrán el porcentaje pleno, aunque pagado en cuatro años, hasta completar el 15 por ciento.

La realidad es que ante la falta de fondos con que se encuentra el Gobierno nacional, cada negociación es una suerte de parto dificultoso, justamente porque la frazada es corta y el desfalco encontrado es grande, sumado al compromiso de no emitir. De todo modos, el decreto está y hay que cumplirlo. Es parte de la pesada herencia y vino con “moño de regalo” ya que después de habérsele retenido ilegalmente esos fondos durante toda la década anterior, pocos días antes de la asunción de Mauricio Macri, la presidenta saliente firmó el decreto para su devolución.

Por eso es que no se avanza en el pago del retroactivo por los años que se retuvo el 15 por ciento, algo que consiguieron Santa Fe, Córdoba y San Luis tras el fallo de la Corte Suprema que les dio ese beneficio y que abrió la puerta para el resto de los reclamos. Fueron las únicas provincias que se animaron a denunciar oportunamente al Gobierno nacional kirchnerista porque ya estaban enfrentados al poder central y poco tenían que perder. Era costumbre de la presidenta manejar con “látigo y chequera” a los gobernadores que, para obtener más fondos, se volvían dóciles a fin de que les tocara “la chequera” y no “el látigo”.

El oficialismo está en dificultades, asimismo, para lograr los votos necesarios para destrabar el pago a los fondos especulativos en el Congreso y la realidad es que necesita del apoyo de los gobernadores para que logren el voto de los legisladores de cada provincia. Este acuerdo podría significar fondos para la Argentina, una vez que logremos mejorar nuestra situación frente a los capitales al cumplir nuestras obligaciones.

¿Está mal canjear apoyos provinciales por apoyo nacional? 

Es una suerte de lobby normal en cualquier país serio: si los mandatarios provinciales necesitan recursos para obras, es lógico que allanen el camino al gobierno central para que a éste le vaya bien en términos económicos y se recree en todo el país un clima de negocios. Es un intercambio de apoyos donde las dos partes se benefician. Se trata de acuerdos, no de arreglos. Esta actitud es la contracara de la “Banelco” de la época de Fernando de la Rúa y otras administraciones donde había legisladores que literalmente se “embolsaban” fondos del Estado, vendiendo así su voto al oficialismo. Y es una variante del kirchnerismo que dejaba fuera del juego a quienes no prestaran adhesión a todo tipo de iniciativa, no sólo las económicas. Por ejemplo, la reforma constitucional para implementar nuevas reelecciones o la frustrada “democratización de la Justicia”.   

Es sencillo ver la diferencia entre corrupción y lobby, entre consenso y robo de fondos públicos, entre acuerdos y arreglos. Esta distinción es parte también de ser un país normal, donde lo que se negocian son apoyos a economías regionales, a obras públicas para mejorar infraestructura y no para que un legislador se compre un apartamento en Miami, a costa de los impuestos de todos nosotros.