La Fiscalía pidió pericias psicológicas y psiquiátricas para el acusado de los ataques

La Fiscalía logró reunir mayores elementos de pruebas para agravar la acusación contra el sujeto aprehendido por las averías a neumáticos, incendio de un auto y daños a medidores de gas domiciliarios. Ayer el fiscal Francisco Furnari encabezó la audiencia indagatoria en la que le imputó los delitos penales de daños reiterados e incendio.

El imputado se amparó en las garantías constitucionales de negarse a declarar sin que ello sea considerado un indicio de culpabilidad. Al concluir la audiencia desde la Fiscalía 5 requirieron al Juzgado de Garantías 3 que convierta la aprehensión en detención.

El juez Fernando Ayestarán, tiene un tiempo legal para expedirse sobre otorgar o no la detención, tal como lo pidieron desde la acusación. El fiscal Furnari, pidió como medida de prueba urgente que se le realicen las pericias psicológicas y psiquiátricas. Desde la acusación buscan objetivamente que los especialistas determinen si es inimputable o no para seguir con el proceso judicial por los graves episodios ocurridos.

El vándalo de 39 años se encuentra aprehendido tras los ataques contra las cubiertas de al menos siete vehículos estacionados en Castelli entre 25 de Mayo y Azcuénaga; el intento de incendio de un auto en Azcuénaga y General Paz y los daños a ocho medidores de gas de frentes de viviendas. Para el fiscal, el sujeto es responsable penalmente de los ataques vandálicos hasta que una pericia demuestre o no su inimputabilidad.

Dentro de las medidas de prueba que restan producir durante el proceso se encuentran las pericias psiquiátricas y psicológicas para determinar si es capaz de conocer las consecuencias de sus actos. La imputabilidad o no del atacante es determinante en el futuro de las actuaciones judiciales y las medidas que se adopten con respecto de este individuo.

En principio, los trascendidos aducirían una patología de salud mental que lo podría llegar a eximir de sanciones punitivas con medidas privativas de la libertad. En el caso que los profesionales determinen en los informes oficiales que no sea consciente de sus actos y no pueda responder penalmente por los ataques cometidos, la Fiscalía podría llegar a considerar la posibilidad de pedir una medida de seguridad si es que su cuadro clínico lo torne una persona peligrosa para si misma o para terceros. Por ese motivo, la figura de la internación en un centro de rehabilitación de salud mental sería la medida que se podría llegar adoptar.