La edad de la población y cómo financiar los sistemas previsionales

Las protestas que en los últimos días se multiplicaron en varias ciudades de Francia contra la impopular reforma del sistema de jubilaciones impulsada por Emmanuel Macron vuelven a poner el foco sobre las crisis que enfrentan los sistemas previsionales a partir de nuevos escenarios demográficos marcados por el envejecimiento poblacional y la baja tasa de nacimientos.

El problema no es exclusivo de Francia. La mayoría de los países occidentales enfrentan el mismo desafío, que no es otro que la combinación de un proceso de envejecimiento de la población, por un lado, con una baja tasa de natalidad, por otro. Dicho de otro modo, cada vez hay más personas en edad de jubilarse por cada trabajador activo con capacidad para realizar los aportes que sostienen el sistema.

El fenómeno ocurre tanto en países con economías más prósperas como en naciones emergentes, aunque, por supuesto, cada realidad tiene sus matices.

¿Y cómo andamos por casa? Argentina es uno de los países de la región con mayor cantidad de personas adultas mayores. En 1914, la mitad de la población del país tenía hasta 20 años y la de 60 años y más representaba apenas el 4%. En la actualidad, la edad mediana de los argentinos alcanza los 30 años, mientras que la población de 60 años y más asciende al 14,3%. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud, estima que uno de cada cuatro latinoamericanos será mayor de 60 años en 2050. Además calcula que dentro de dos décadas, por primera vez, en los países de la región habrá más personas adultas mayores que niños menores de 14 años. Un trabajo elaborado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos señala que en Argentina el camino hacia el envejecimiento poblacional se comenzó a transitar alrededor de 1920 y avanzó, de manera sostenida, desde la segunda mitad del siglo XX. De esa manera, la esperanza de vida al nacer de las mujeres pasó de 33,32 años a 78,81 años entre 1883 y 2010, mientras que, para los varones se elevó de 32,60 a 72,08 años en el mismo período.

Volviendo a la cuestión de los sistemas previsionales, no se equivocan quienes observan que la actual estructura demográfica de los países es muy diferente a la que existía cuando fueron creados y, por lo tanto, urge estudiar soluciones que aseguren una razonable estabilidad a largo plazo de las jubilaciones y pensiones. Es decir, por un lado, se necesita garantizar el derecho de las personas adultas mayores a gozar de una vida independiente y autónoma y al mismo tiempo encontrar una fórmula que asegure los recursos para que eso sea posible. Como se sabe, la situación financiera del sistema previsional argentino está muy lejos de ser la óptima.

En los últimos años lo que se hizo, en líneas generales, fue postergar el debate sobre una solución de fondo, aunque siempre está la promesa de poner en marcha mecanismos que aseguren la sustentabilidad, a largo plazo, del sistema. 

Lo que ocurre en Francia confirman que, como ocurre en otros países, las prestaciones de la asistencia social demandan cada vez mayores fondos para su financiamiento, en momentos en que algunas de las variables vinculadas al mundo laboral comprometen esos aportes. Atendiendo a esa realidad, diversos especialistas coinciden en señalar la necesidad de tomar medidas que permitan que los sistemas sean más sustentables en el largo plazo, de modo tal que se pueda resolver de la mejor manera posible el desafío que presenta el envejecimiento de la población, en un contexto en el que coinciden las bajas simultáneas en las tasas de fecundidad y de mortalidad. Se impone la necesidad de dar un debate serio y responsable sobre el sistema previsional. Antes de la pandemia, un estudio elaborado por especialistas de la Asociación Argentina de Presupuesto Público ya destacaba la necesidad de hacer frente a los enormes desafíos, de carácter estructural, que plantea el aumento de déficit del sistema argentino.

Se deben buscar caminos que conduzcan a una solución negociada entre las distintas partes involucradas en el problema a resolver y al mismo tiempo informar a la ciudadanía sobre los dilemas que se presentan en este asunto. No hacerlo aumenta el riesgo de generar nuevos conflictos en lugar de, como se dijo, asegurar la sustentabilidad del sistema a largo plazo.