La dirigencia política debe propiciar la paz social

Desde que el ser humano, en la antigüedad, comenzó a formar parte de las primeras comunidades, comprendió la importancia de establecer convenciones para poder convivir con otros individuos. La coexistencia pacífica en un mismo espacio fue fundamental para consolidar las bases de las civilizaciones. En la Argentina de estos días, sin embargo, parece que -salvo contadas excepciones- buena parte de los profesionales de la política, tanto en el oficialismo como en la oposición, prefiere ignorar esa enseñanza y llevar los conflictos a un punto de no retorno.

Se supone que la política es, entre otras cosas, una actividad que tiene como objetivo buscar consensos y administrar los conflictos. El fin de semana millones de argentinos que viven en los más distantes puntos del extenso territorio nacional estuvieron pendientes del clima de tensión que se vivió en el barrio porteño de Recoleta, donde se registraron duros enfrentamientos entre la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los seguidores de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Se supo después que funcionarios del Gobierno nacional y sus pares porteños percibieron, afortunadamente, que no se podía tener a todo un país en vilo y que había que poner paños fríos y -como diría el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari- "cooperar de manera flexible" para no llevar las cosas al borde del abismo, en un país que tiene graves problemas estructurales para resolver, y que en pocas semanas comenzará a sentir el peso del fuerte ajuste que se puso en marcha, con un recorte del gasto que impactará con dureza.

Acaso sea necesario recordar que para que la vida en democracia sea viable es necesario que los principales actores de la política no se aparten demasiado de ciertas reglas de juego, como aquella que establece que no se deben alimentar en forma permanente los conflictos y que se debe evitar siempre que las disputas llevadas a un extremo generen un escenario del que no se pueda volver atrás.

No hacen falta encuestas para percibir claras señales de un desencanto de la población con la situación económica y con la dirigencia política. Sin embargo vale mencionar un sondeo de alcance nacional, llevado a cabo por la fundación Colsecor, una institución de la provincia de Córdoba que promueve los valores cooperativos, que reveló días atrás que cada vez hay más jóvenes argentinos que ante el escenario de creciente inestabilidad económica, y teniendo en cuenta lo que vivieron las generaciones precedentes, afirman estar decididos a dejar el país si tuvieran la oportunidad de hacerlo. Según esta encuesta, el 78 por ciento de los jóvenes que participaron en el sondeo respondió que sí cuando fue consultado sobre la posibilidad de emigrar. Lo que llamó la atención, además, es que esa cifra se incrementó si se la compara con el porcentaje que la misma pregunta arrojó en el sondeo del año pasado, que había sido del 60 por ciento. Y en relación con estos datos se puede citar también el caso del joven chaqueño de 16 años que planteó una serie de reclamos al gobernador de esa provincia, Jorge Capitanich, en un encuentro realizado en Resistencia para escuchar la voz de los más jóvenes. Fue tan abrumadora la alocución del adolescente que literalmente dejó sin palabras a un avezado escapista de este tipo de situaciones.

Agregar incertidumbre en un escenario con pobreza, ajustes e inflación, solo puede beneficiar a unos pocos. La mayoría de la ciudadanía espera que la dirigencia política esté a la altura de los desafíos que plantea este momento de la vida nacional. Como se ha señalado en otras oportunidades en esta columna, nuestra democracia superó los más variados obstáculos en un largo camino que confirmó la importancia de la intermediación política. Por eso las reflexiones que se plantean aquí no deben interpretarse como una desvalorización del quehacer político, sino todo lo contrario. Deben entenderse como un llamado a actuar en forma razonable y a evitar enfrentamientos estériles, teniendo bien en claro cuáles son los límites que no se deben pasar para asegurar la paz social y la convivencia democrática.