La curiosa costumbre de robarnos a nosotros mismos

Desde este mes de enero, la Provincia de Buenos Aires aumentó un 56 por ciento el impuesto Inmobiliario, a raíz del revalúo fiscal para actualizar el valor de las propiedades. 

Y en esto no podemos afirmar, sin faltar a la verdad, que no sabíamos que la cotización fiscal que tienen los inmuebles estaba a años luz de los precios de mercado. Lógicamente que era interesante para el bolsillo pagar un Inmobiliario de una propiedad por 80.000 pesos que cuesta en el mercado 150.000 mil dólares. Sin duda que este tipo de ficciones que generan falsas alegrías de momento, terminan siendo caras para el Estado y por lo tanto para todos los ciudadanos. Es curioso cómo los argentinos festejamos robarnos a nosotros mismos, pero cuando los servicios estatales que recibimos son acordes a los fondos que escamoteamos, es decir de mala calidad, nos quejamos en todos los tonos.

Para poner la temática en blanco y negro, el último revalúo urbano se había efectuado hace más de 10 años, por lo que los valores fiscales de las propiedades urbanas se encontraban claramente distorsionados de la realidad. Esa situación iba a corregirse en 2016, pero se decidió esperar porque los sinceramientos que se vienen produciendo en el ámbito de los servicios públicos eran tan importantes que se prefirió dilatarlo hasta este año.

Con el revalúo urbano que se comenzó a aplicar, el Fisco bonaerense espera recaudar unos 4.000 millones de pesos adicionales, que compensarían parte de la pérdida de la recaudación por la baja en Sellos e Ingresos Brutos (una medida destinada a favorecer en algo a las castigadas Pymes), cuyo costo fiscal será de unos 10.000 millones.

La lógica que se persigue es por un lado sincerar los impuestos que llevan años de distorsión y por otro morigerar la carga tributaria que pesa sobre las actividades productivas, de modo que el componente impositivo no sea tan gravitante en el precio final del producto. Hay impuestos que son distorsivos para la actividad económica, como Ingresos Brutos, un tributo que en verdad no debiera existir, si nos ponemos serios porque se superponen obligaciones nacionales, provinciales y municipales, en un combo que termina siendo explosivo para las pequeñas y medianas empresas. 

La actualización del Inmobiliario se hará en 16 tramos que irán del 40 al 75 por ciento; en el caso del urbano, el promedio será del 56, y en el rural, del 50 por ciento. Es interesante ver cómo las bases imponibles del impuesto Automotor, es decir el valor sobre el cual se aplica la alícuota, no han corrido por el mismo carril que los inmuebles y sí se han ido actualizando anualmente. En cambio el Inmobiliario hace 12 años que las valuaciones estaban iguales. 

A modo de ejemplo de cómo se van a ir aplicando las actualizaciones en tramos, las propiedades que sean revaluadas en hasta 586.669 pesos tendrán un tope de aumento del 40 por ciento, lo que significa que nadie con una vivienda en este rango de valuación pagará una cuota superior a 195 pesos bimestral. En tanto, las propiedades valuadas entre 586.669 y 1.088.071 tendrán un tope de aumento del 50 por ciento, y significa que nadie con una vivienda en este rango de valuación pagará una cuota superior a 496 pesos bimestrales. Y así se sigue en una progresión en función del valor de la vivienda.

Como siempre sucede con los sinceramientos, sea de tarifas o de impuestos, la primera reacción de la mayoría es la resistencia. Los primeros en reaccionar fueron los chacareros; organizaciones que nuclean a los hombres del campo se quejaron amargamente de este revalúo, aun cuando saben de sobra lo que cuesta cada hectárea de terreno que poseen. Es natural que se enojen cuando tienen que pagar más, porque es claro que no es lo único que se destina al Estado, pero cierto es que es lógico y necesario un revalúo inmobiliario tras tantos años de mantener valores ficcionales de viviendas y campos. Otra cuestión es el impuesto Inmobiliario Complementario, para quienes sean titulares de más de una partida, cosa que es habitual en las extensiones rurales, que puede considerarse una doble imposición. De hecho hay demandas para que se lo declare inconstitucional. 

La verdad es que los sinceramientos, que invariablemente son sinónimo de aumentos, duelen. Pero más doloroso es creer que cuando pagamos de menos le estamos “ganando” el “señor Estado”, cuando en realidad nos estamos quitando recursos a nosotros mismos, a nuestra salud, nuestra educación.  Nos sucedió con la energía eléctrica, con el gas natural, con la seguidilla de los incrementos de la nafta y el gas oil. Aunque en estos casos haya prestadores privados, la plata que no abonamos los usuarios en acuerdo con los costos reales, o es cubierta por el Estado (nuevamente nos quitamos recursos) o falta al momento de garantizar la calidad de servicio que pretendemos. Lamentablemente sostener la mentira de servicios a precios regalados, que durante más de 10 años se mantuvo, casi nos deja en la quiebra económica. Como dicen los franceses “fue lindo mientras duró”, pero la realidad es que en algún momento íbamos a tener que asumir los costos reales de los servicios que utilizamos. Lo hemos planteado más de una vez: los servicios de TV por cable, Internet, celulares aumentaron en estos mismos años más de un 700 por ciento, acompasando la economía del país. ¿Y pretendemos que los servicios públicos se financien del aire?

Se puede discutir el gradualismo o el shock en la aplicación de los costos ajustados a lo que valen, lo que no podemos hacer es creer que podíamos seguir viviendo en una fantasía.

Precisamente en este sinceramiento se inscribe el revalúo inmobiliario que se está aplicando desde este mes de enero. Porque en el camino de tener un país normal, recién ahora que estamos comenzando a pagar el valor real de los servicios y tributos, vamos a poder –como contrapartida- ser claramente exigentes en cuanto a lo que el Estado nos debe ofrecer a cambio y lo mismo sucede con las empresas proveedoras de energía eléctrica o gas natural.