Intolerancia, violencia e intento fallido de desestabilización

La intolerancia es un signo de este tiempo en la Argentina. En la calle, en el ámbito familiar, en el trabajo o donde quiera que sea, las opiniones enfrentadas suelen terminar de manera violenta. Con la verba o con la piña, el modo impulsivo para dirimir cuestiones de momento no nos es ajeno a los argentinos, que somos, genéricamente hablando, tan pasionales como inmaduros cuando alguna circunstancia pone a prueba nuestro temple. A esto hay que sumarle un alto grado de ignorancia sobre lo que se defiende o ataca, solo basta saber de qué mano viene para que rápidamente se asuman posiciones.

Esta característica se fue potenciando en este último tiempo por las diferencias políticas que ubicaron a los argentinos de un lado u otro de la famosa grieta, una palabra que define de manera magistral la división y la intolerancia entre ciudadanos de un mismo país que, en circunstancias normales, deberían velar por el bien general de la Nación y sus habitantes.

Ese recelo, en algún caso convertido en odio, se manifiesta de manera más aguda cuando se trata de fenómenos de masa, y mucho más cuando esa masa esconde segundas intenciones. Esto viene a cuento de lo sucedido el jueves de la semana pasada y este lunes que pasó, en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde grupos violentos intentaron, lisa y llanamente, que no sesionara la Cámara de Diputados, y en su afán de cumplir el cometido no tuvieron miramientos de ningún tipo, enfrentando a las fuerzas de seguridad cual si fueran enemigos externos y destrozando todo lo que había en el sector, que no es otra cosa que patrimonio de todos.

Esas segundas intenciones de las que se habla están relacionadas con el objetivo oculto de una acción. Lo visible y que se pregonó fue el rechazo a la ley de reforma previsional que se iba a votar y que finalmente salió aprobada, pero claramente el verdadero motivo de esa acción violenta era sembrar el pánico, desestabilizar al Gobierno y, eventualmente, que fuera derrocado. En otras palabras: buscaban un golpe institucional, porque buscar que el Congreso no funcione, cuando allí están los representantes del pueblo democráticamente elegidos (“el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes”) no es otra cosa que atentar contra el sistema republicano y el modelo democrático. 

Por suerte, para la salud de nuestra aún joven democracia, hace menos de dos meses los argentinos fueron a las urnas y pudieron expresarse. En esa circunstancia la mayoría hizo que se extendiera el crédito a las actuales autoridades del Gobierno y, al mismo tiempo, puede interpretarse –grieta de por medio- que lo hizo un tanto por las virtudes del macrismo y otro tanto para no volver a la forma avasallante y discriminadora que venía demostrando del kirchnerismo. 

Esos grupos de violentos que operaron en la zona del Congreso funcionaron de manera coordinada con legisladores opositores que a viva voz pidieron durante toda la jornada que se levantara la sesión. Y levantar la sesión por la presión de un grupo de violentos no hubiese sido otra cosa que un golpe a la democracia. 

El pueblo tiene a sus representantes en el Congreso de la Nación y es allí dentro donde se deben debatir las cuestiones trascendentales del país. En la calle la protesta siempre va a ser válida, pues el propio sistema democrático la reconoce como tal, ya que todo el mundo en un estado de derecho está habilitado para expresarse libremente. Lo que no puede tolerarse es la violencia; no puede transformarse en algo usual el apriete, que no es lo mismo que la presión; lo que no puede volver a suceder es el intento de avasallamiento a las instituciones democráticas, porque eso es sedición.

Con respecto a quiénes fueron los que protagonizaron esos incidentes con ribetes de desestabilización de un Gobierno, no son otros que los que las urnas excluyeron del escenario político del inmediato y al menos  mediano plazo. Son los que ven negro el futuro en la política, porque la mayoría no los prefiere y probablemente no los prefiera durante toda una era.

El Gobierno, en tanto, no puede sentirse ganancioso tras esta revuelta, la que pudo haber evitado o, al menos, morigerado. Pero el propio presidente Macri reconoció ayer que él no está en ese cargo para sentirse cómodo y que es plenamente consciente de que las reformas que planificó van a tener un alto costo político para su gestión, de modo que está dispuesto a exponer su estabilidad porque no concibe otra forma de avanzar hacia una transformación que no sea la de ir por el camino de las convicciones, aunque el manual de lo políticamente correcto indique lo contrario.

En ese marco, cabe señalar que el macrismo no debe encerrarse en su propia lógica para la toma de decisiones; debe abrirse primero a sus socios internos de Cambiemos y también a las fracciones opositoras que no tengan mezquindades. El oído sordo suele ser un mal de los gobernantes cuando crecen en poder y en el caso que nos ocupa sería saludable que Macri escuche más a quienes quieren que su gestión marque un antes y un después, para bien, en la historia política argentina, porque sus aliados, aunque no tengan el poder de los votos que ostenta el PRO, son dueños de una cintura política que muchas veces podría equilibrar las torpezas que empañan las buenas intenciones del Gobierno. 

Si la norma sancionada es buena, inocua o peor para el bolsillo de los jubilados, aun está por verse. De resultar perjudicial, existen caminos políticos y judiciales para revertir el efecto no deseado. Serán los mismos legisladores quienes deberán proponer la enmienda si el propio Ejecutivo no lo hace y serán la Justicia la que deberá receptar las medidas de amparo que puedan surgir y darles ágil tratamiento. Mientras tanto, todo lo que se hizo hasta el momento es legítimo y legal. ¿Procedente? A nuestro humilde entender, no. Lo mismo que muchas otras medidas que no compartimos de este Gobierno y del kirchnerismo. Pero legítima en todas sus formas.

Claramente, el macrismo debe revisar sus estrategias a la hora de presentar reformas, ya sea escuchando a sus aliados como llegando de manera más clara y directa a la ciudadanía. Porque si hubiera explicado mejor de qué se trataban las reformas previsional y tributaria, tal vez no se hubiera abierto la puerta para que actúen estos grupos sediciosos que tanto mal le hacen a un país que quiere empezar a despegar.