Inmersos en un juego perverso

Hemos planteado en otras oportunidades que las elecciones impactan negativamente en los estamentos del poder. Los candidatos, que en el 99,9 por ciento de los casos son también funcionarios,  adoptan posturas que complican claramente el andar natural de los Parlamentos, ministerios, intendencias, todos los espacios que ocupan y que de ser lugar de trabajo pasan a ser escenarios de campañas proselitistas. 

Todo parece trastocarse, hasta la exasperación. Ellos hacen y dejan de hacer según lo conveniente en función del rédito electoral y creen que nosotros, los votantes, no nos damos cuenta pero sí, nos damos cuenta. Y así todos jugamos este juego cada dos años, que de ingenuo no tiene nada porque sabemos que está mal y perversamente lo seguimos jugando.  

También todo lo que dicen nuestros funcionarios en estos tiempos sigue la misma lógica; ninguna declaración es al azar, cada palabra es estratégicamente usada. En este tren se suben, por ejemplo, los proyectos de apariencia lógicos pero de inviable implementación o las críticas oportunamente calladas y traídas a colación.

No necesitamos ir muy lejos para poner ejemplos, esta misma semana se convocó a un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados para iniciar el debate de un proyecto de ley del oficialismo que pretende castigar, con sanciones más severas que las actualmente vigentes, a aquellas empresas públicas o privadas que incurran en prácticas que fomenten la concentración económica y distorsionen o restrinjan la competencia. Una propuesta que como ciudadanos no podemos menos que congratularnos porque sabemos el daño que hacen las empresas que tienen posiciones predominantes en el mercado.

Este nuevo proyecto de defensa de la competencia fue elaborado por los diputados Mario Negri, jefe del interbloque Cambiemos, y Elisa Carrió, líder de la Coalición Cívica. Cuenta con el respaldo del Gobierno: de hecho, en la reunión del presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco, dijo que esta nueva legislación resulta fundamental para combatir una de las prácticas más perniciosas en la economía: la cartelización. Muy utilizada, por ejemplo, en la obra pública.

Y ahora viene lo mejor: si bien los legisladores opositores coinciden en la necesidad de actualizar la ley, la campaña electoral se cruzó en el asunto y amenaza con demorar la aprobación de la iniciativa. En efecto, los diputados del Frente Renovador, embanderados en la consigna proselitista “#bajemos los precios”, que lanzó su jefe, Sergio Massa, consideran que lo urgente, en este contexto inflacionario, es impulsar una ley que frene el alza de los precios. Una propuesta que, al decir del jefe de Gabinete Marcos Peña es impracticable (al menos sin que genere efectos negativos sobre otros resortes) y según el macrista, los mismos legisladores que lo proponen lo saben.

No sería la primera vez que esto sucede; lo hemos también comentado en esta página y en referencia a nuestros concejales. Es muy habitual esto de presentar proyectos “simpáticos”, como si a los oficialismos no se les ocurrieran, sin fundamentar de qué forma solventarlos. Por ejemplo, proponer que se bajen las tasas sin enunciar de qué manera se cubrirá ese faltante o qué obra prevista se dejará de hacer por la falta de esa recaudación. Simplemente, presentar en sociedad una iniciativa que a todos agrada y que deja a quienes deben aprobarla y ejecutarla en el lugar de villanos por negarse, atendiendo a su inviabilidad.

El paralelo doméstico no falla: si mamá dice que este verano nos vamos todos a Disney y papá plantea que no hay dinero más que para ir a Mar del Plata, la escena posterior es fácil de imaginar; seguramente los niños repetirán sin cesar que la suya es la mejor de todas las madres y el padre será repudiado.

Esto es lo que hacen, ya como un hábito, nuestros legisladores (nacionales, provinciales, locales) cuando se acercan las elecciones.

Es notorio pero también es sabido que un alto porcentaje de la población puede no advertirlo o no deja de ilusionarse. Por eso, el “tiro” sirve igual aunque no llegue a ningún lado, porque en el imaginario colectivo quedan flotando estas iniciativas simpáticas.

Otro matiz que tienen estas épocas proselitistas es que hay más profusión en el trabajo. Nuestros legisladores cobran todos los meses por igual pero en los previos a las elecciones trabajan a destajo (o será que en otros trabajan menos de lo que debieran).

Pero siempre en pos de la campaña; realmente es nocivo para nuestra sociedad que sea la misma gente la que siempre se recicla en los puestos, porque invariablemente trabajan para su continuidad.

Vienen tiempos entonces de sesiones muy debatidas, cuestionamientos varios, denuncias cruzadas, todo lo que sirva para levantar el perfil. Y presentaciones de proyectos, muchos, de todos los colores, pero difícilmente de carácter imperioso y de aplicación viable, más bien simpáticos y declarativos.

Con sueldos de seis cifras como los que cobran legisladores nacionales y provinciales, nos gustaría ver este ritmo de trabajo durante todo el año y apuntando de manera sesuda a los problemas de fondo que nos azotan, que requieren cambios de leyes para poder darles una solución estructural: inseguridad, narcotráfico, pobreza endémica.  De atender la coyuntura con soluciones inmediatas que se encarguen los miembros del Ejecutivo. Y para que esas respuestas sean más efectivas necesitan contar con leyes plantadas en el Siglo XXI. 

Ahí debiera estar puesta la energía; si lograran una ley que pusiera freno al narcotráfico, por ejemplo, realmente harían la diferencia. Pero claro, son normas que demandan mucho trabajo, que llevan años de elaboración (más de dos con seguridad, si son proyectos serios), demasiado tiempo para que tenga efecto en la siguiente elección. 

Y así estamos, saltando de comicio en comicio sin que nadie atienda el cargo para el que fue elegido sino buscando la manera más efectista de lograr conservarlo, para sí o para su sector.

Ellos saben que es así; nosotros sabemos que es así. Es realmente un juego perverso.