Hipocresía, corrupción y sinceramiento

Los partidos políticos suelen utilizar la corrupción como arma contra sus adversarios, eso sucede en la Argentina y en otros países, pero la reacción pública contra la corrupción es todavía demasiado débil, no solo aquí sino en todas las sociedades que se han hecho tolerantes, en muchos casos sobre la base de permitirse ellos mismos prácticas non sanctas. Cuando se dan cuenta que al fin, la corrupción es un negocio fabuloso para quienes tienen poder y no para ellos mismos (por más que se sientan unos hábiles distinguidos por evadir algún impuesto) ya es tarde. Porque la mancha negra de la corrupción se ha llevado puesto expectativas, esperanzas, credibilidad y sobre todo, buena parte del desarrollo.

En una sociedad bastante hipócrita como la nuestra que critica la corrupción pero se siente exultante si logra esconder al Estado algo de su pago de Ganancias u otra desviación que justifica como natural; en un país donde te estrangulan con impuestos a cambio de prácticamente nada, el camino para moralizar la política implica una tarea en la que se debe fomentar la sensibilidad social para afinar el sentido de responsabilidad por el dinero público, tanto en su recaudación como en su distribución. Tomar conciencia para poder exigir, demandar transparencia es el primer paso para acorralar a los corruptos. Responsabilidad que se extiende al deber moral de pagar impuestos y a la preocupación por el buen uso de los caudales recaudados. Con una Argentina que tiene tanta economía informal es difícil el asunto porque quienes están fuera de la legalidad prefieren que nada se sacuda demasiado, no vaya a ser que de tanto que se mueve el piso ellos caigan también.

Por otra parte, es evidente que la corrupción hace mucho daño, crea desconfianza, incentiva más conductas oscuras que se creen justificadas, detrae dinero de finalidades sociales, desanima el esfuerzo y, lo más importante, rompe el principio de legalidad. Es fundamental en este punto promover la transparencia en las instituciones, sobre todo en los partidos políticos y las instituciones públicas. Cuando las cuentas son claras y se dan a conocer, el riesgo de hacer trampas o actuar con amiguismo disminuye, aunque sea por el riesgo de que se descubra.

La Argentina tiene, como tantos otros países, organismos de control, pero esa es otra de las grandes hipocresías de nuestro país, porque son estructuras que no han mostrado ni mínimo funcionamiento. De lo contrario, ¿cómo es posible que quienes han acumulado en la función pública miles de millones sean descubiertos solo cuando se alejan del poder y nunca antes? Nos gustaría saber qué sucedió con las declaraciones juradas que fueron presentando año a año quienes hoy son investigados por enriquecimiento ilícito, mostrando un crecimiento patrimonial que no era acorde a sus ingresos que están de público conocimiento. Lo que parece haber pasado es que nadie controla estas cuestiones y solo si hay alguna denuncia, una vez que el funcionario deja de serlo porque se desvanece el temor a la represalia desde el poder, se comienza a desandar el camino de un evidente enriquecimiento ilícito que se produjo en 10 ó 20 años. 

Hemos llegado a un punto en que no basta con tener leyes, sino que deben hacerse cumplir. 

La lucha contra la corrupción exige inspecciones bien programadas de los organismos de control que, como planteamos, duermen el sueño de los justos y una actuación decidida de las fiscalías. La Justicia, además, tiene que ser rápida y eficiente. No es debido que un proceso judicial por corrupción tarde entre 10 a 14 años en ser resuelto. Tampoco valen los enunciados que son apócrifos desde su nacimiento, como la modificación introducida por Senadores en el proyecto de ley de Responsabilidad Penal empresaria, que cambia la imprescriptibilidad del delito de corrupción por una tolerancia de hasta seis años. Un chiste para los tiempos del Poder Judicial argentino, la nada misma. En la Argentina todavía tenemos causas sin punto final desde la época de Carlos Menem, y en este período preelectoral son más las novedades judiciales que aparecen en la prensa que las que luego vemos avanzar efectivamente en los tribunales. 

Hay aspectos clave que en la Argentina se toman muy a medias, como es el caso de la financiación de los partidos políticos. Porque es allí donde ya comienza la corrupción; se acuerdan favores a futuro y se maneja una fortuna en negro. La mala regulación de la financiación de los partidos políticos incentiva estas alternativas irregulares de financiación. También con subvenciones poco claras o faltas de un control efectivo, que favorecen los sobornos. Después de cada elección, cuando los partidos llevan a la Justicia las rendiciones de cuentas obligatorias sobre los gastos de campaña, son puros dibujos que ni un niño se creería. Quieren hacernos creer que gastaron en una campaña que se nota millonaria, lo mismo que un cumpleaños de 15 de medio pelo. Sin embargo ha habido poquísimas condenas en este sentido, algún reto a un kirchnerista y una suspensión de seis meses a ocupar cargos públicos en el macrismo.  Llegado a este punto nos encontramos con el problema de que no se controla durante la gestión o la campaña, ni tampoco luego aplicamos la ley cuando ya es tarde incluso y la corrupción se ha concretado. 

Más aun, si los controles se ejercen durante las gestiones, evitando conflicto de intereses, y en concreto que el controlador tenga intereses sobre quien lo controla, y obligando a que se revisen las declaraciones juradas anuales y las licitaciones y compras del Estado, habremos comenzado un camino interesante. Porque lo que ha sucedido con el kirchnerismo de enterarnos cuando se fueron del poder de los estragos realizados con fondos públicos, solo sirve para enojarnos, pero lo cierto es que más allá de quién vaya preso o esté procesado, el daño ya está hecho. 

Necesitamos control en tiempo real y Justicia en tiempo real. No es imposible. Sin embargo si seguimos creyendo que son otros los que deben luchar contra la corrupción y no todos nosotros exigiendo transparencia a nuestros funcionarios con la espada de Damocles del voto, es muy poco probable que el Estado se autodepure por puro gusto. 

Hay un incipiente camino iniciado en esta etapa, cierto es, pero con una Justicia que va a fondo con algunos personajes como el “Pata” Medina, por ejemplo, pero no inicia actuaciones con la herencia millonaria del “Momo” Venegas. Al fin, Medina era opositor y el fallecido Benegas oficialista y ambos parecen haberse enriquecido de manera evidente con su actividad gremial como única fuente de ingresos conocida. Y en eso debemos quitar toda sospecha de favoritismo respecto de la corrupción, todos en igual condición bajo la misma ley es lo mejor que nos podría pasar.