El sentido común no es “el más común de los sentidos”

En una búsqueda desesperada siguen las excavaciones en los alrededores del cementerio de González Catán con la intención de profundizar la búsqueda de Aída Amoroso, la propietaria de la casa de Puán 3754 a la que fue citada Araceli Ramos –la joven macabramente asesinada- por un presunto trabajo antes de su desaparición, el lunes 30 de septiembre pasado.

La tarea se realiza en el predio situado en el kilómetro 32 de la ruta nacional 3, de esa localidad del partido de La Matanza, donde la Policía centra las tareas tras la declaración de un remisero que aseguró haber llevado al exprefecto Walter Vinader hasta allí cargando un bolsón.

En tanto, la Justicia espera el resultado de una serie de peritajes para volver a citar a declarar a Vinader, único detenido por el crimen de Araceli y presumiblemente de otras tres personas más, entre ellas la anciana que se busca. 

Según informaron fuentes judiciales, el fiscal Enrique Velazco Cerviño decidió reunir más pruebas para eventualmente indagar a Vinader también por los homicidios de Verónica Fernández, una mujer de 29 años asesinada en noviembre del año pasado, y de Aída Amoroso, la dueña de la vivienda situada en la calle Puán 3754 a la que fue citada Ramos por un presunto trabajo antes de su desaparición.

Además, Velazco Cerviño sospecha que Vinader podría llegar a estar relacionado con la muerte del hijo de Amoroso, Emilio Rezzónico, de quien el sospechoso se hizo amigo en prisión. Hasta ahora se creía que Rezzónico había muerto por una enfermedad poco antes de la desaparición de su madre, ocurrida antes de que Araceli fuera citada a la casa de la calle Puán. Según fuentes de la investigación, Vinader fue quien ordenó que el cadáver de Rezzónico fuera cremado.

Por estos motivos, a los que se suma el video en el que Ramos afirma que Vinader no es culpable del crimen de Fernández y luego culpa a la exmujer del prefecto y a los tres policías que lo habían detenido por un caso de estafas, el fiscal cree que el sospechoso ideó todo para vengarse de sus enemigos.

De modo que podemos afirmar que estaríamos frente a un posible asesino serial, con perfil psicópata, lo que hace más horrorosa la historia del exprefecto. 

Sin embargo, lo que llama la atención es que fuentes tribunalicias afirmen que “no hay premura para volver a indagar a Vinader”, que se negó a hablar la primera vez, y que “no hay plazos perentorios que nos obliguen a tener que llamarlo para ampliarle la imputación”.

No se trata de la imposición de plazos sino de puro sentido común: si aún buscan un cadáver que Vinader sabe dónde puede estar enterrado, mientras excavan por medio Conurbano, como es el caso de Aída Amoroso ¿cómo es que no hay apuro alguno para citarlo a declarar nuevamente? ¿Acaso no importa el dolor de su familia? ¿Y si no la mató y en cambio la dejó deambulando por algún lugar? ¿Cómo puede decir la Justicia que no hay premura en que el sospechoso de tener todas las respuestas declare?

Araceli desapareció hace 15 días, cuando salió de su casa en Loma Hermosa rumbo a una entrevista laboral. Gracias a que dejó una nota para avisarle a su madre adónde iría, los investigadores encontraron la casa de Puán que estaba deshabitada y cuya dueña hacía 10 días que estaba desaparecida.

En esa vivienda la Policía halló varias huellas de Vinader. Esa prueba, a la que se suman varias comunicaciones entre él y Araceli Ramos, llevó a la Justicia a detenerlo. Pero fue a buscar muy tarde, no cuando la madre se acercó a la comisaría pidiendo ayuda para encontrar a su hija y aportó ese domicilio. En lugar de actuar con inmediatez y sentido común, los funcionarios policiales aplicaron la letra fría de su reglamento: presumiendo que podría tratarse de una huida adolescente, no comenzaron su búsqueda sino pasadas las 24 horas. Nuevamente, los tiempos de la Ley difieren de los de los ciudadanos; nuevamente primó la burocracia sobre el sentido común y las prioridades. ¿Y si iban y encontraban a la joven con vida? De hecho, su cautiverio tuvo alguna duración antes del fatal desenlace como demuestra el video en el que Araceli habla siguiendo las instrucciones de -presuntamente- Vinader.

Con implacable dolor y criterio, la mamá de la víctima advierte: “Esto no puede tardar un año; les doy dos meses, porque están todas las pruebas sobre la mesa. Yo no voy a descansar hasta que este señor sea condenado por el resto de su vida”.

Lo que la mamá no tiene en cuenta son los plazos judiciales, que incorporan todo tipo de dilaciones y garantías procesales para el acusado, además de la falta de criterio de algunos fiscales, funcionarios y jueces que se toman todo el tiempo que la ley permite antes de tomar las decisiones.

Hemos visto en casos como el del asesino de Angeles Rawson -una joven de 16 años que el portero intentó violar y terminó asesinando y tirando en una bolsa de basura al contenedor de la calle- cómo los derechos del acusado fueron llevados a su máxima expresión. Jorge Mangeri, el encargado acusado del homicidio, se negó a declarar las tres veces que fue citado, se negó a que le hicieran pericias psicológicas y si está detenido a la espera del juicio oral es gracias a que se pudo obtener una prueba de ADN que lo incrimina sin lugar a dudas. De no haber sido así, otra sería la historia.

Lamentablemente, el sentido común no es “el más común de los sentidos” en nuestro sistema penal y cuando tenemos entre manos casos de tan alta sensibilidad pública, estas dilaciones y juego procesales no hacen más que generar desconfianza en la Justicia, por su lentitud y sus vericuetos.

Es inadmisible que se permita una negativa a declarar y luego se cancele una indagatoria –como sucedió ayer- a una persona sindicada como responsable de al menos una muerte y de la desaparición de una persona que incluso hasta podría estar con vida. Y si no fuese así, su familia merece ponerle fin al calvario de la incertidumbre y poder cerrar la historia. 

Las garantías procesales no pueden faltar pero jamás deben anteponerse a la prioridad de una vida y el simple sentido común.