El debate en Diputados no estuvo a la altura de la demanda social

Como hemos planteado estos días, el tema de los linchamientos a delincuentes ha generado todo tipo de debates, mientras la Iglesia, la Corte Suprema y las ONG en general han repudiado. 

Sin embargo, cuando se hacen encuestas anónimas es alto el porcentaje de argentinos que apoya este tipo de violencia, cansados de sentirse víctimas. Lo que en definitiva constituye un síntoma de la enfermedad que nos aqueja como sociedad: la inseguridad cada vez mayor y la poca respuesta del Estado. La sensación (y realidad) de indefensión lleva a muchos ciudadanos a creer que con más violencia se pueden solucionar los problemas. 

Además de llevar intrínseco un peligro mayor para la integridad por la prevalencia del todos contra todos, lo que está sucediendo marca un atraso, un paso atrás en el grado de civilización de nuestra comunidad. Y la realidad es que el oficialismo en primer lugar y la oposición en segundo, deberían hacerse cargo del punto en que ha llegado la situación. Porque lo que más indigna y violenta a la gente no es el delito en sí mismo sino la impunidad de los delincuentes, que “descansan” en un sistema judicial laxo, repleto de salvoconductos que conocen al pie de la letra. Como sucedió en marzo en Pergamino, estos días se hizo público por la notoriedad mediática de los hechos cómo la Policía aprehende y horas después la Justicia libera. Esta “puerta giratoria” es por lejos lo que más molesta a la sociedad y lo que desmoraliza a las fuerzas de seguridad que ponen el cuerpo en cada intervención.

Como no podía ser de otra manera, desde el principio, el debate por la inseguridad y el narcotráfico se convirtió en el eje más caliente del intercambio entre el jefe de los ministros y la oposición en la sesión informativa que encabezó Jorge Capitanich en la Cámara de Diputados.

Hubo sobreactuaciones como cuando parada delante de su banca, Graciela Camaño gritó fuera de micrófono, para cuestionar las respuestas del jefe de Gabinete a las críticas a la política de seguridad . “¡Pónganse a gobernar!” Capitanich le respondió con una cita del Papa: “Hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos será imposible erradicar la violencia”. Elocuente y cierto lo de Francisco, pero en el mientras tanto, también se requieren políticas de Estado. Si en un edificio hay un incendio por una falla en la centenaria instalación eléctrica, corresponde primero apagar el fuego aunque sea necesario dar una solución definitiva a aquello que lo provocó; ello vendrá luego y requerirá más tiempo y análisis. 

Lo curioso es que inmediatamente después de parafrasear al Papa para explicar que la inseguridad se soluciona con inclusión, “leit motiv” del Gobierno nacional, desligó a la gestión de la presidenta del asunto al subrayar que la seguridad ciudadana “es competencia de las provincias y no de la Nación”, sostuvo que la adjudicación de esa responsabilidad al Gobierno nacional es parte de una estrategia de los “medios concentrados” y de la oposición. No obstante, dijo que lo que corresponde es mejorar la infraestructura social básica, algo que sí es competencia del Gobierno central.

En el recinto, el primero en introducir la cuestión de la inseguridad fue el presidente del bloque radical, Mario Negri. “El problema de liderar una política de seguridad que tiene que ver con la vida de la gente no tiene frontera. La debe liderar el Estado nacional”, sostuvo, y afirmó que “no existe un plan de seguridad íntegro, sistémico y que comprenda todo”. Para cuestionar la política del Gobierno en materia de prevención de adicciones, Negri señaló que mientras que la Sedronar tiene un presupuesto de 130 millones de pesos, “Fútbol para Todos” recibe 1.200 millones.

Después fue el turno de Darío Giustozzi (Frente Renovador), que vinculó el clima de violencia con la falsificación de las estadísticas oficiales. Federico Pinedo (Pro) y Juan Carlos Zabalza (FAP) también hicieron su aporte. El jefe del bloque macrista preguntó si existe un plan que trate de coordinar las acciones de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales con las de fiscales y jueces a fin de combatir el flagelo del narcotráfico. El socialista pidió “un fuerte diálogo y consenso político y social para avanzar en el tema”.

Ante un recinto que durante la mayor parte de su exposición estuvo semivacío, Capitanich rechazó la existencia de 2.000 pistas clandestinas destinadas a vuelos del narcotráfico. “No hay ningún dato que lo corrobore”, dijo. Destacó además que el Gobierno había llevado de 4 a 22 la cantidad de radares de control aéreo, recordó el anuncio de un plan de prevención de adicciones con fondos por casi 2.000 millones de pesos y reveló que se está trabajando para abrir secretarías especiales en los juzgados para investigar el narcotráfico. Claro que fue la admisión indirecta del crecimiento de esa problemática.

Durante casi ocho horas de exposición, en las que no se levantó ni para ir al baño, Capitanich informó además que el Gobierno no pagará el cupón PBI correspondiente a 2013, dijo que el Gobierno está dispuesto a discutir una modificación del piso del impuesto a las Ganancias siempre que las propuestas tengan en cuenta el impacto fiscal de la medida y anticipó que el Poder Ejecutivo prepara dos paquetes de proyectos de ley: uno para combatir el trabajo en negro y otro para regular las cadenas de valor.

Todos los bloques tuvieron su turno para rebatir las cifras presentadas por el jefe de Gabinete, pero la imposibilidad de hacer repreguntas redujo al mínimo la tensión y protegió al funcionario de eventuales contrapuntos incómodos, como los que había sufrido en el Senado hace tres semanas.

En el cierre de la sesión, la presidenta del bloque kirchnerista, Juliana Di Tullio, dejó expuesta la tensión que sobrevoló toda la tarde entre el oficialismo y el massismo. “Veo poca responsabilidad política e institucional, sobre todo de quienes dicen tener voluntad de gobierno” pero para esta altura pocos habían en el recinto y Massa no estaba para responderle.

El debate es necesario hoy más que nunca, pero si el comportamiento de los legisladores oficialistas y opositores es el que estamos viendo, el futuro no parece muy auspicioso.