El bloqueo del decreto migratorio encoleriza a Donald Trump

El juez federal de Seattle emitió en la noche del viernes una resolución aplicable en el conjunto del territorio mientras examina una demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del estado de Washington. Los vuelos hacia Estados Unidos aceptaban nuevamente a personas procedentes de los siete países afectados por la decisión del gobierno.

WEST PALM BEACH, Estados Unidos, (AFP-NA) - Por Andrew Beatty y Shahzad Abdul. Estados Unidos reabrió ayer sus puertas a las personas provenientes de siete países musulmanes tras una decisión judicial que bloquea un decreto migratorio firmado por Donald Trump.

El juez federal de Seattle, James Robart, emitió en la noche del viernes una resolución aplicable en el conjunto del territorio estadounidense mientras examina una demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del estado de Washington.

La resolución provocó la ira del nuevo mandatario estadounidense.

“La opinión de este presunto juez, que en definitiva priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será revertida”, advirtió Trump en una serie de tuits que envió ayer a la mañana.

 “Cuando un país ya no tiene capacidad de decir quién puede entrar y salir, sobre todo por razones de seguridad, hay grandes problemas”, señaló en un segundo tuit desde su residencia de Mar a Lago, en Florida.

En un tercer mensaje a través de la red social que se ha convertido en su principal medio de comunicación, Trump estimó “interesante que algunos países de Medio Oriente” estén de acuerdo con su decreto. 

“!Saben que si algunas personas son admitidas (en Estados Unidos) habrá muerte y destrucción!”, escribió.

Primeros efectos

La orden ejecutiva de Trump, en vigor desde hace una semana, impide la entrada de los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen durante 90 días. También bloquea el programa de acogida de refugiados durante 90 días, y de forma indefinida en el caso de los sirios.

Tras la resolución del juez Robart, el Departamento de Seguridad Interior afirmó que “suspendió todas las acciones de implementación” del decreto del gobierno.

Los controles en las fronteras, precisó Gillian Christensen, portavoz de esa cartera, volverán a aplicarse según “los procedimientos habituales” hasta nueva orden.

El Departamento de Estado suspendió a su vez ayer la revocación de unas 60.000 visas. “Los individuos que tengan visas que no fueran físicamente canceladas pueden viajar ahora si su visa es válida”, señaló un vocero de la cancillería estadounidense.

Los vuelos hacia Estados Unidos aceptaban nuevamente a personas procedentes de los siete países afectados por el decreto del gobierno, como lo especificó la compañía aérea Qatar Airways.

“Está claro que las personas que estaban formalmente afectadas por la prohibición pueden desde ahora viajar y ser admitidas en Estados Unidos”,explicó a la prensa Peter Spiro, profesor de derecho en la Universidad Temple de Filadelfia.

Spiro aconsejó a los viajeros implicados: “vayan ya mismo a un aeropuerto y embarquen en el primer vuelo” hacia Estados Unidos porque la respuesta de la Casa Blanca puede llegar “muy, muy rápidamente”.

De todas maneras, matizó, la presidencia está debilitada porque el Departamento de Justicia, la cartera que debe hacerse cargo del combate jurídico en esta materia, carece de titular. Jeff Sessions, nominado por Trump para asumir ese ministerio, no fue aún ratificado por el Senado.

Pulseada 

Pero la Casa Blanca no se da por vencida y pretende aplicar el decreto a pesar de todas las críticas que ha recibido incluso desde el oficialista Partido Republicano.

Ayer el portavoz del Departamento de Seguridad Interior dijo a la prensa que el Departamento de Justicia activará “lo antes posible un recurso de urgencia para defender el decreto”.

El Ejecutivo ya había anunciado anteriormente que operaría en ese sentido, según un comunicado difundido en la noche del viernes en el que se calificaba de “escandalosa” la decisión del juez Robart, un adjetivo luego retirado.

La demanda elevada el lunes por el ministro de Justicia del estado de Washington, Bob Ferguson, estimaba que el decreto gubernamental viola los derechos constitucionales de los inmigrantes al tomar como blanco específicamente a los musulmanes.

El fin de semana pasado el decreto había llevado a la detención en los aeropuertos de 109 extranjeros que residían legalmente en el país, según la Casa Blanca, mientras a otros centenares se les impedía embarcar hacia Estados Unidos.