Dos expresidentes en Comodoro Py: una triste realidad ¿y una Justicia eficiente?

Carlos Menem y Fernando de la Rúa, los dos expresidentes de la Argentina, se encontraron en la planta baja de los tribunales de Comodoro Py, donde ambos estaban siendo juzgados por sendos casos de corrupción. Se saludaron amablemente. Después de todo están, en el mismo banquillo, el de los acusados, aunque por diversos motivos. Una igualdad de condición que nos avergüenza como país.

Menem se fue caminando, cual “hijo de vecino”, al ser absuelto en el juicio que se le seguía, acusado de omitir maliciosamente en su declaración jurada del año 2000 una cuenta en Suiza y otros bienes.

A De la Rúa, en cambio, la Oficina Anticorrupción le pidió una condena de seis años y medio de prisión por instigar el pago de sobornos para aprobar la ley laboral en 2000, que pasó a la historia como la “ley Banelco”. El veredicto se conocerá a fines de año, aunque se estima que su caso también podría quedar en la nada.

En el caso de Menem, los jueces Guillermo Costabell, Mario Pose y Patricia Mallo anularon parte de la acusación porque consideraron que Menem no había podido defenderse de esos cargos durante la investigación. Al mismo tiempo, el tribunal declaró prescripta la imputación que quedaba en pie: haber omitido bienes en su declaración jurada, delito para el cual se prevé una pena máxima de dos años de cárcel.

El caso que involucró a Menem comenzó porque había dicho en una entrevista transmitida por la CNN que tenía una cuenta en Suiza, con dinero de una indemnización que había cobrado por haber estado preso durante la dictadura militar. Pero, luego, siempre lo negó. Por no incluirla en su declaración jurada correspondiente al año 2000, fue denunciado por la Oficina Anticorrupción el 24 de julio de ese año.

En la investigación, la Justicia argentina le preguntó tres veces a Suiza si Menem tenía cuenta en ese país, y en todas las ocasiones respondió lo mismo: no tiene registrada una cuenta con actividad durante el período en que fue presidente, entre julio de 1989 y diciembre de 1999.

La Oficina Anticorrupción, que actúa como querellante en la causa, se opuso al fallo y ahora anunció que apelará.

Menem enfrenta otra causa por corrupción. Se trata de un expediente en el juzgado federal de Oyarbide por enriquecimiento ilícito. El fiscal Miguel Angel Osorio insistió ayer en pedir su indagatoria, que ya había sido dispuesta por Oyarbide en 2012 y suspendida por el magistrado.

El expresidente riojano cuenta ya con una condena a siete años de prisión por la venta de armas a Croacia y a Ecuador, y la Justicia solicitó que una vez que quede firme se le quiten los fueros parlamentarios para poder ser detenido y cumplir la pena.

A primera vista podría considerarse positivo que dos expresidentes vayan a juicio por casos de corrupción que se han generado durante sus administraciones. Hablaría de un sistema capaz de juzgar a sus exmandatarios por sus actos. Máxime si se tiene en cuenta que ya fueron condenados Carlos Menem, por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia; María Julia Alsogaray, por enriquecimiento, y Felisa Miceli, por el dinero hallado en su baño.

Pero estas causas no definen por completo la situación. No dejan de ser casos aislados que no reflejan la deuda que tiene la Argentina con esos delitos cometidos desde las administraciones del Estado. Tampoco tiene rasgo positivo alguno si se va más allá del accionar de la Justicia y se piensa en lo lamentable de que dos de los cinco presidentes más relevantes de la joven democracia recuperada de 30 años estén acusados por corrupción.

Bien podemos interpretar, sin faltar a la verdad, que la foto de Menem y De la Rúa en tribunales demuestra que con la pérdida del poder cesa la garantía de impunidad. Y en todo caso pueden ser juzgados. Ahora bien, que esos procesos terminen siendo ejemplares, es un camino que aún no se ha recorrido.

Menem acaba de ser absuelto porque se declaró nula una parte de la acusación en su contra por no declarar una cuenta en Suiza. El delito que sobrevivió era tan leve que prescribió. Tuvieron que pasar 13 años antes de llegar a un juicio oral. Se concluyó que hubo errores que impiden seguir adelante. En este caso, claramente, la absolución es un fracaso del sistema penal, que no advirtió a tiempo las fallas del proceso. Es decir, es una absolución por default técnico más que por juzgamiento de los hechos.

El juicio contra Fernando de la Rúa puede terminar con el mismo problema. De la Rúa es investigado por permitir el pago de sobornos para aprobar una ley laboral. Un arrepentido dijo cómo pagó las coimas. La acusación se está esforzando por probarlo, pero testigos mostraron huecos en ese relato. Todo podría quedar en nada.

Pero como las causas avanzan sólo cuando los presidentes dejan el poder, nunca antes, las investigaciones terminan durando años y prescribiendo o bien se han perdido pruebas y testigos. 

Los juicios contra los expresidentes, en definitiva, no son prueba de eficiencia judicial, sino más bien excepciones en un escenario donde los juicios tardan, las condenas son pocas y los resultados muy magros. Pero sobre todo son vergonzantes para la Argentina, que exhibe la triste curiosidad de haber recuperado el estado de derecho hace escasos 30 años y ya tener dos presidentes acusados penalmente por corruptos.