Democratizar el control impositivo en la Argentina

En un país con pesada carga impositiva, y con las persecuciones puntuales que los organismos de control mantienen sobre las empresas que están en blanco, las denuncias por enriquecimiento ilícito, evasión y blanqueo de capitales, son una suerte de karma que llevan sobre los hombros y al mismo tiempo otra historia, toda vez que los primeros -por similar delito- siguen un derrotero muy distinto que los segundos.

¿A qué nos referimos? A que cuando los buenos contribuyentes se atrasan tan solo un día en el pago, les cae encima una multa progresiva, además de quedar invalidados en el mercado de créditos, una herramienta vital para su progreso. Mientras deben soportar ver cómo los grandes evasores de este país eluden no por apremio sino deliberadamente sus obligaciones, a sabiendas que la consecuencia será más económica que abonar lo que corresponde. Ya que aun cuando el evasor sea descubierto y deba pagar lo adeudado y con la multa correspondiente, es probable que la decisión de no cumplir con la ley le haya dado una ventaja empresaria, para su capitalización e inversión, de la que el resto no goza.

Como aliciente podemos afirmar que cada vez resulta más caro evadir, siempre que sea descubierto el empresario o que no goce de protección política, como hemos visto hasta el cansancio en la Argentina, empresas que han tenido situación privilegiada alternativamente durante los distintos gobiernos. 

Durante el kirchnerismo ha habido casos emblemáticos como el de Cristóbal López, a quien los órganos de control le hicieron la vista gorda mientras retenía indebidamente los fondos del impuesto que se paga por las naftas, por varios millones de dólares. Y aun ahora, descubierta la cuestión y ejecutada la deuda con denuncias judiciales incluidas, esos fondos sirvieron para que el empresario se capitalizara, comprara medios de comunicación y como devolución de favores, los utilizara para apoyar al gobierno de Cristina.

En definitiva, como un castillo de naipes, van cayendo aquellos que se aprovecharon del Estado durante la anterior gestión pero tras haber usufructuado lo que debieron haber abonado al Estado, pero otros empresarios de bajo perfil siguen en esta dinámica, sencillamente porque no pagar les resulta más beneficioso que pagar. Las sanciones previstas en la Justicia Penal Económica no son proporcionadas al perjuicio para el Estado y es por eso que aquellos que más tienen, más margen tienen para evadir y enriquecerse ilícitamente porque cuando les llegue la hora (si les llega) de rendir cuentas, ya ese dinero mal habido habrá proliferado. Mientras tanto, a quienes realmente les pesa la carga impositiva, la ley les cae diariamente con todo su peso y le pone un freno a su supervivencia y crecimiento.

Para los grandes evasores, ya sean empresas o personas, debiera aplicarse la flagrancia: cuando es evidente la evasión o no pueden justificarse los ingresos, automáticamente el Estado debiera exigir la puesta al día, con el pago de lo adeudado, ya sea en moneda o en especie. Y ya, que luego siga la vía judicial para cumplir con multas y demás condiciones para volver a la actividad.

Vaya como ejemplo el caso más reciente de la saga de kirchneristas denunciados. El exjefe del Ejército, Julio César Milani, según la Justicia se enriqueció de manera apreciable e injustificada durante el ejercicio de su cargo, a tal punto que pudo comprarse una casa en San Isidro de 450 metros cuadrados por un precio declarado de 1,5 millones de pesos. Además de ser irrisorio el monto, no tenía ese dinero registrado. Por eso, el juez federal Daniel Rafecas lo procesó por enriquecimiento ilícito junto con un viejo camarada de armas, el capitán retirado Eduardo Enrique Barreiro, que fingió haberle hecho un préstamo a Milani.

Para completar el panorama Barreiro está preso, con arresto domiciliario, a la espera ser juzgado por crímenes de lesa humanidad por la Justicia Federal de La Plata. Milani, por su parte, permanecerá en libertad hasta el juicio, porque para el juez no hay riesgo de fuga ni posibilidades de que perjudique la investigación. Rafecas trabó embargo de los bienes de Milani hasta la suma de cinco millones de pesos y de Barreiro por dos millones de pesos. Si el fallo queda firme, serán juzgados por un delito que se pena como máximo con seis años de prisión.

Para empezar a hablar, la casa en cuestión tiene un valor de mercado que ronda los 800.000 dólares, es decir unos 13 millones de pesos; sin entrar en otros gastos en los que Milani habría incurrido por encima de sus posibilidades financieras en blanco, solo por la casa, el embargo de 5 millones de pesos es irrelevante en relación al bien capital. Es decir: aun descubierta la maniobra, Milani sale ganando.

Si en la Argentina se evade o se enriquecen ilícitamente es porque hay quienes se lo permiten, ya que sobran los sistemas para ejercer el control en estos casos. Fíjese el lector cómo el juez Rafecas pudo someter las finanzas de Milani y de Barreiro a tres estudios contables: uno de la Prefectura Naval, otro de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) y un tercer estudio lo realizó el cuerpo de expertos en corrupción de la Corte Suprema de Justicia. Dos de los estudios concluyeron que había inconsistencias en sus declaraciones. Si se quiere investigar y llegar a conclusiones válidas, fuera de toda suspicacia, se puede. El tema es que aun cuando se utilicen estos mecanismos, siguen siendo insuficientes las consecuencias para quien delinque.

Los expertos de la Corte dijeron que no aparece justificado ni el patrimonio de Milani, ni sus consumos, esto es, los importes mínimos que hubiera necesitado para atender sus necesidades personales y las de su familia. La ecuación ingresos contra inversiones y compras, de acuerdo a la documentación aportada, es inconsistente. En particular no puede justificar la compra del inmueble sito en la calle O’Higgins 3636 de San Isidro. Para el juez, Milani tuvo la intención de incrementar su patrimonio ilícitamente entre 2009 y 2011 cuando era jefe de Inteligencia, porque simuló un préstamo inexistente que le hizo su amigo. Milani explicó que reunió dinero a partir de sus ingresos como agregado militar en la embajada en Perú, donde cobró unos 10.000 dólares al mes. También dijo que obtuvo dinero de su sueldo. Agregó que además Barreiro, su amigo, le hizo un préstamo de 200.000 dólares. Milani explicó a la Justicia que le pagó el préstamo transfiriéndole un departamento en Belgrano, en la calle Moldes. Mostró como comprobante de la operación un mutuo firmado por ambos. Pero los expertos no tardaron en encontrar decenas de inconsistencias: Barreiro no declaró ante la Afip el dinero, ni tampoco Milani lo hizo con la deuda ante la Oficina Anticorrupción. O hay evasión o hay corrupción política o las dos cosas.

Los expertos dijeron a su vez que Barreiro no tenía suficiente dinero para prestararle a Milani. Pues, a pesar de que dijo que había vendido unos locales comerciales y que tenía plata, obvió declarar que los comercios eran propiedad conjunta con su hermano, con lo que lo que cobró lo debió repartir.

En definitiva los casos que estamos presenciando e insistimos, tantos otros que no salieron a la luz, así como tantos empresarios que han sacado su dinero al exterior sin pagar impuestos (dicen que los argentinos en una veintena de años han sacado dos PBI fuera del país), algunos de los cuales se están sumando al blanqueo y otros ni eso, son posibles solo por la inactividad que los organismos de control ejercen sobre grandes capitalistas; actividad que por cierto ejercen sin retaceos sobre los pequeños y medianos contribuyentes. A una Pyme le exigen no solo el pago sino además absolutamente puntual, so pena de multa inmediata, la que se incrementa por cada día de atraso. Milani, Jaime, López y compañía, ¿abonarán de igual modo los intereses por cada día que decidieron no pagar? Hete aquí la otra pata, además de la protección política, de por qué para los grandes evasores es negocio evadir en este país: a la postre, ganan dos veces, porque capitalizan el dinero que no les pertenece y luego ponerse al día les sale más que barato.  

Un verdadero cambio en la Argentina implicaría la democratización de los órganos de control impositivo, porque en la medida que todos paguen impuestos, las cargas serán más livianas para todos. Y que para todos, evadir sea más caro que pagar.