Cuando la violencia institucionalizada gana los espacios de la gente de bien

Pese a que el Gobierno eligió el camino de seducir a los grupos de la protesta con más y más fondos, llegando a acuerdos con las organizaciones piqueteras más grandes, al no ser las únicas, este diciembre igual se vive un caos en la provincia y la ciudad. Ayer desde el mediodía, la jornada de protestas empezó a hacerse sentir de manera insoportable, porque se combinaron movilizaciones. Desde temprano, organizaciones sociales bloqueaban el tránsito en Corrientes y Callao para reclamar que el Congreso sancione la ley de emergencia social. Luego comenzaron ollas populares en el Obelisco. Y al mediodía llegaron los piquetes en la autopista Illia, sobre avenida del Libertador y una fuerte marcha de taxistas en el Obelisco con quema de neumáticos.

Integrantes del Frente Popular Darío Santillán, desde pasadas las 7:00 obstruían la circulación vehicular de manera parcial en el cruce de las avenidas Corrientes y Callao, en el centro porteño, junto a miembros de una cooperativa de recolección de residuos. Los manifestantes exigían también planes nacionales de asistencia para paliar las pérdidas de trabajo en las provincias de Córdoba y Río Negro. Por su parte, desde las 7:00, miembros de la organización social Barrios de Pie permanecían con banderas sobre la Plaza de la República, alrededor del Obelisco, donde desayunaron. Los manifestantes tenían previsto movilizarse desde las 11:00 hacia el Congreso de la Nación, en Rivadavia y Entre Ríos. 

En Diputados, estaba programada una sesión especial para votar desde esa hora el proyecto de ley de Emergencia Social, girado desde el Senado. Esa iniciativa fue impulsada por Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y la kirchnerista Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, entre otras entidades. Dos de estas tres entidades ha llegado a importantes acuerdos económicos con el Gobierno y se les ha triplicado la ayuda.

Para las 12:00, las organizaciones sociales cortaron el tránsito en puntos neurálgicos que unen la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, como los puentes Pueyrredón y La Noria, donde instalaron ollas populares.

Un grupo de personas, no muy importante, cortaba a la mañana una mano de la Autopista Illia en Retiro. El corte se inició poco después de las 10:00 a la altura del peaje troncal y afectaba la mano en sentido al Centro. La protesta era llevada adelante por trabajadores de una cooperativa de reciclado que opera cerca de la autopista, quienes reclamaban mejores condiciones laborales y aumento de haberes.

Y como si todo esto no bastara los trabajadores de juegos de azar realizaron este mediodía un corte sobre la avenida del Libertador, a la altura del Hipódromo, lo que generaba fuertes demoras. Otros grupos también cortaban Rivadavia y General Paz, el Acceso Oeste y el Puente Pueyrredón. En este caso, se oponen a que se le grave con un nuevo impuesto a las casas de juego, ya que los propietarios de estas empresas amenazan con despidos si finalmente se aplica el gravamen.

Ya anteayer, se padeció el corte total de la avenida 9 de Julio, a la altura del Ministerio de Desarrollo Social, cuando el Gobierno creía zanjado este tipo de reclamos este año. Se trató de una manifestación de las agrupaciones Movimiento Argentina Rebelde, Resistencia Popular y Ana María Villarreal, que demandaban su inclusión en el plan Argentina Trabaja y “fuentes de trabajo genuinas”. Estas agrupaciones no participaron de las negociaciones que mantuvo durante semanas el Gobierno con miembros del triunvirato piquetero que conforma la Corriente Clasista y Combativa, Barrios de Pie y la Confederación de Trabajadores por la Economía Popular y que lograron un acuerdo que, en lo inmediato, les garantiza un bono de fin de año para trabajadores informales y la inminente sanción de la ley de emergencia social. La protesta piquetera, que incluyó capuchas y palos, así como la quema de neumáticos y caos vehicular, pese al escaso número de personas se permitió que llevaran adelante todo lo que quisieran.

Hasta aquí, una pormenorizada descripción de lo que es un día bastante común en la Capital; así viven los porteños pero lo que nos llevó a plantear este tema particularmente hoy fue la foto que acompaña excepcionalmente este editorial.

La imagen muestra de qué se trata la protesta social en Argentina en nuestros días, como se ha desvirtuado, tanto en cuanto al método como en cuanto a sus protagonistas.

Personas armadas con el rostro cubierto, que no representan literalmente a nadie más que a ellos y a sus propios intereses, los cuales escudriñan bajo alguna bandera con slogan reivindicativo.

Ninguna persona que ha padecido el rigor de este ajuste participa ni adhiere a este tipo de protesta sino todo lo contrario: utiliza su tiempo y energías en la búsqueda de un mejor estar a partir de una negociación  sana y con dialogo afable.

Son violentos que institucionalizan su método utilizando la figura del derecho a la protesta para amedrentar, extorsionar y coartar los derechos de los demás. Se amparan en el reclamo pero son por los menos contraventores que deliberadamente y sin excusa se arrogan el derecho de interrumpir la circulación pública. 

Del otro lado, los extorsionados que sucumben: el Gobierno; este y los anteriores. Nadie logra ponerle el cascabel al gato. Nadie ha tenido el coraje de defender los derechos conculcados de los ciudadanos que no participan de estos actos de violencia. Insistimos: quienes toman las calles no representan a nadie más que a ellos mismos, a las agrupaciones que crearon para obtener beneficios para terceros a los que el Estado ya asiste por las vías establecidas y que en realidad ellos administran en su propio beneficio y para pleitesía de su referente político benefactor.  

Una vez más es la política la que no permite que se ponga coto a esta situación que avasalla derechos de los bonaerenses y porteños porque una cuestión es criminalizar la protesta y otra muy distinta es permitir que los piquetes se adueñen de los espacios públicos impidiendo la circulación de los ciudadanos. 

El kirchnerismo acordó con los piqueteros y además permitió todo tipo de desbordes, y este era uno de los cambios que imaginó el votante de Mauricio Macri. Sin embargo, a poco de andar, la política se impone al sentido común y no solo han acordado con sectores piqueteros de forma más que complaciente con la protesta, sino que viven una grieta en relación con el siempre conflictivo control de la calle. Mientras el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, sostiene la vigencia del protocolo antipiquetes y propone aplicar sanciones inmediatas a aquellos que corten calles y accesos, otros sectores del Gabinete y las administraciones de María Eugenia Vidal en la provincia y Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad prefieren soluciones que eviten la confrontación. Siempre aparece la preferencia por ganar la simpatía de un sector que finalmente es minúsculo a costa de la sufrida clase trabajadora y media, que ampliamente mayor pero menos conflictiva, sencillamente porque dedica su tiempo a trabajar, a hacer lo que hace bien al país todo.

Cortar una autopista es delito y se puede evitar sin hacer uso de la represión. De eso se trata, pero si hay sectores del Gobierno que les tiembla la mano para desalojar una ruta cuando apenas son 20 piqueteros con palos y capuchas, estamos en un problema.

No se puede seguir permitiendo que, con un formato muy parecido a la extorsión, la protesta se adueñe de la calle y el ciudadano sea un preso de estos reclamos en su propio país.

Lo mismo sucede en nuestras canchas de fútbol, donde estadios con capacidad para 40.000 personas son manejados e incluso varias veces inhabilitados por el accionar de no más de 100. Y la solución propuesta siempre fue por la tangente: prohibir el ingreso de la hinchada visitante, la exigencia de ser socio para presenciar el partido, los cacheos en el ingreso, la saturación policial. El resultado lo conocemos todos: la familia dejó de ir a la cancha y las peleas se producen igual entre los barra del mismo equipo. Los violentos igualmente ingresan con armas porque lo tienen “arreglado” mientras a la Policía se la sacó de las calles para controlar que esto no sucediera. Estamos hablando de operativos con más de 1.000 efectivos por los disturbios que provocan 100. Y la familia lo mira por TV.

Todo, sencillamente, porque nadie se atreve a aplicar la ley, que tipifica muy bien todos los delitos que estamos enumerando. Nadie asume el costo de ser leal a la gente de bien y aplicar el rigor a los violentos, a los que amedrentan, a los que extorsionan, a los que salen de su casa no a trabajar o disfrutar de un espectáculo deportivo sino puntualmente a hacer daño, a delinquir. Algunos lo llaman protesta social, otros amor a la camiseta pero la mayoría en este país los llamamos delincuentes.

Las honrosas excepciones que, seguramente ha de haber, sepan disculpar las odiosas generalizaciones.