Cómo avanzar en la transformación sin avasallar derechos

En reiteradas ocasiones desde este mismo espacio editorial se ha planteado que cuando se habla de la necesidad de que un país cuente con políticas de Estado que sobrevivan al devenir de los gobiernos, se hace referencia al imperativo de fortalecer el andamiaje institucional que sostiene el sistema de derechos y obligaciones que encarna la vida en democracia. 

Hoy, tal vez como nunca desde el restablecimiento de la democracia, la jerarquización de esas políticas aparece como la condición necesaria para que la transformación que necesita el país vaya acompañada del respeto a esa estructura. Esto bajo ningún punto de vista significa seguir alimentando los beneficios de la llamada "casta política" ni agigantando la dimensión del Estado. Por el contrario, significa poner bajo un paraguas aquellas políticas que fueron legitimadas por la propia sociedad que hoy reclama cambios, y que se ven amenazadas por la grandilocuencia de algunos mensajes.

Seguramente los cambios que pide el pueblo argentino no tengan que ver con desarmar la política de donación de órganos, ni con avasallar la ciencia que se realiza en el país. Mucho menos, con eliminar la educación pública o restringir el acceso a la salud. Casi con certeza, esas propuestas se imponen por consecuencia del hartazgo y encuentran en la deshonestidad con la que ha actuado buena parte de la clase política, el terreno fértil donde prosperar. Es ahí donde las políticas de Estado se desdibujan y quedan sujetas a eso que puede cambiarse de acuerdo a la ideología de quien asume la responsabilidad de conducir los destinos del país en cada momento histórico particular. Y así vamos, empezando cada vez de cero y recreando de manera cíclica viejos problemas. Cuando se pierde el valor que tienen las políticas de Estado como sostén real, sucede lo que ocurre en el país que toda la estructura tiembla ante la posibilidad de que se impongan en la contienda electoral las ideas grandilocuentes que irrumpieron en la voz de un candidato "off sider" que, sin embargo, se transformó en la alternativa más votada en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Más allá de cualquier consideración respecto de la pertinencia o posibilidad de consecución de sus propuestas, lo cierto es que a primera vista mucho de lo que esa fuerza política expresa como necesidad para transformar la Argentina apunta contra cuestiones que han definido la identidad nacional a lo largo de la historia. 

Uno de esos temas es el educativo. Los pronunciamientos no solo en contra de la gratuidad de la educación, sino de la obligatoriedad de la misma contradicen una de las más fuertes tradiciones de este país: el acceso a la escuela pública como instrumento para lograr la movilidad social ascendente. La educación pública es un derecho irrenunciable. ¿Está la sociedad dispuesta a ponerlo en juego?

Nadie pone en tela de juicio las consideraciones que hacen los candidatos presidenciales en orden a transformar el sistema educativo y volver a hacer del mérito, una llave, porque es imposible negar la realidad y lamentablemente la educación argentina hace tiempo está en franca decadencia. Lo que resulta por lo menos inquietante es tomar como consignas cuestiones tan sensibles como las inherentes al acceso, la obligatoriedad y la gratuidad.

En materia de salud hay en ciertos discursos también notas alarmantes. Plantear que puede establecerse de manera transparente un sistema para habilitar la comercialización de órganos, a primera lectura contradice la pretensión de resolver desigualdades y el concepto se introduce en una de las pocas políticas públicas de las que el país puede sentirse verdaderamente orgullosos. El sistema de procuración y trasplante de órganos es una política de Estado que a diario da sobradas muestras de ser eficiente y de contribuir a su propósito que es el de salvar vidas sin que se interponga a ello ninguna realidad económica ni ninguna pertenencia social.

En el plano sanitario, nadie discutiría ni opondría resistencias a generar las condiciones necesarias para resolver la fragmentación y los problemas estructurales que tiene el sistema de salud argentino. Pero instalar en la agenda la comercialización de órganos o de bebés es hasta inadmisibles en términos democráticos.

Lo mismo parece suceder con las cuestiones de género y con políticas públicas que la propia sociedad ha legitimado. ¿Está dispuesta la ciudadanía a echar por tierra lo conseguido solo para salir de una crisis fenomenal que tiene más que ver con la corrupción del propio sistema político que con esos derechos por los que ha reclamado?

De ningún modo este comentario va en defensa del Gobierno nacional ni sostiene esa bandera. En la pluralidad, intenta apenas marcar algunos interrogantes e interpelar sobre las ideas que ha votado la sociedad por lo menos al momento de elegir a sus candidatos presidenciales y cuáles podrían ser las consecuencias del cansancio social que parece haberse expresado en las urnas.

En el abanico de propuestas de las fuerzas políticas que proponen cambios hay múltiples aspectos ponderables positivamente por lo que podrían generar en términos de crecimiento económico y desarrollo en el mediano y largo plazo. Pero están también estas cuestiones, mucho más subjetivas y discutibles. Esas son las que abren grandes interrogantes y las que quizás pasan más desapercibidas cuando lo que estalla es la crisis económica y se multiplican los hechos de corrupción, esos que generan la necesidad de destruir todo y comenzar de cero.

A menudo, las sociedades que evolucionan no son las que retroceden, sino las que con madurez son capaces de pasar por el tamiz aquellas cosas que funcionan de las otras que es necesario arrancar de cuajo. Y con frecuencia la mesura es la medida que marca el camino. Lo demás amenaza seriamente con avasallar derechos que la propia sociedad ha defendido.