Clarín presentó su adecuación para quedarse con los medios más valiosos

La ley de medios ya está en vigencia plena desde que la Corte Suprema de Justicia la declaró constitucional en todos sus artículos, tras cuatro años en los que el Grupo Clarín ha venido litigando en los tribunales inferiores.

Frente a la amenaza de una inminente confiscación de sus propiedades o de una redistribución compulsiva de sus licencias, el Grupo Clarín presentó un plan de adecuación voluntaria a la normativa.

En un sorpresivo cambio de estrategia, a la decisión de continuar con las presentaciones judiciales en pos de hacer valer su postura se sumó ahora esta propuesta realizada en los mismos términos que había sugerido el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, que celebró la actitud y dijo que ahora tiene 120 días para analizarla.

El grupo de medios bajó el nivel confrontativo y lo mismo hizo el funcionario público.

Concretamente, el Grupo Clarín propuso dividirse en seis unidades empresariales independientes, cuatro de las cuales podrían ser transferidas a terceros “no vinculados” a medida que avance el proceso de adecuación. Algo similar a lo que sucede en la política cuando, de un mismo tronco partidario se abren las más diversas agrupaciones.

Aunque el grupo no lo manifestó públicamente, esos terceros podrían ser sus socios actuales o familiares de éstos, en empresas que dejarían de tener vínculo jurídico entre sí, algo que el propio Sabbatella reconoció como ajustado a la ley. De hecho, la propuesta de Clarín copia deliberadamente aspectos de los planes ya presentados por otras empresas, como el grupo Manzano-Vila (que repartió sus medios entre socios y familiares) y Telecentro. Cumplen con la ley, aunque no con su espíritu, dicho de otra manera.

Cada uno de los “miniclarines” –como ya se los llama mediáticamente- reagrupa licencias ahora bajo control del grupo, cuya compleja reorganización accionaria requerirá el acuerdo de los inversores que tienen el 20 por ciento de las acciones que cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Londres. El ocho por ciento de los papeles que cotizan en los mercados financieros están en manos del Estado argentino.

Teniendo en cuenta la densidad empresarial y comunicacional de cada una de estas seis divisiones y en manos de quién quedarían, se desprende la intención del conglomerado de conservar bajo total dominio sus canales de TV y radio de mayor penetración y rating para salvar su influencia pública, y reducir al mínimo la partición de Cablevisión-Fibertel, que igual se escindirá en tres empresas distintas, para conservar la parte sustancial de su principal fuente de ingresos.

En su presentación, que tiene 63 páginas, sin contar 10 voluminosos anexos, Clarín dedica un extenso apartado a aclarar que no renuncia a iniciar acciones legales contra el decreto reglamentario de la Ley de Medios; la Afsca, su actual composición y la aplicación que ese organismo haga de la ley, además de varias disposiciones vigentes de diversos entes estatales. Aclara, además, que podría ir contra los artículos 41, 45, 48 y 161 de la ley ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales competentes.

Pero mientras tanto, envió el plan de readecuación. 

De las seis empresas en las que propone dividirse, la primera conservaría los medios clave: los canales 13 de Buenos Aires y 12 de Córdoba, y las emisoras de radio AM y FM en esas ciudades y Mendoza, además de la señal de noticias TN. También prevé que esta unidad -la más grande en términos de licencias, pero no la más importante en términos económicos- conserve 24 licencias para la distribución de TV por cable en las localidades donde no tenga TV abierta, lo que está prohibido por la ley.

La segunda empresa conservaría el grueso de las licencias de Cablevisión y tendría a Fintech como socio (tal como ocurre actualmente). Operará en 24 localidades, y posiblemente exija extensiones de licencias. Seguramente, el Grupo Clarín tratará también en este caso de salvar la red troncal de fibra óptica por la que se presta el servicio de TV por cable en el centro de la Argentina, incluidas sus ciudades más importantes.

La tercera empresa se limitaría a ser una porción de 18 licencias de cable y una de TV paga con uso de espectro, escindidas de la actual Cablevisión, presumiblemente las de menor valor económico, emplazadas en el interior del país.

La cuarta compañía agrupa las señales de TV paga para las que la ley creó incompatibilidades con la TV abierta y la distribución de TV por suscripción: TyCSports, TyCMax (ahora con Fútbol para Todos han perdido interés para el grupo), El Trece Satelital, Magazine, Volver, Quiero Música, Canal Rural y Metro (sólo en la distribución para el interior). El tono en el que Grupo Clarín se refiere a estos canales hace pensar que estaría dispuesto a sacrificarlos. Incluso no es necesario que los venda. De no haber compradores, tiene el derecho de cerrarlos, tal como ha escrito la Corte en su fallo por la constitucionalidad de la ley. Es evidente que son canales de bajo rating y escasa rentabilidad, muy poco valiosos para el grupo.

La quinta y la sexta empresas incluirían, por un lado, cinco licencias de radio FM, dos de las cuales están en Bariloche, y el resto en Tucumán, Santa Fe y Bahía Blanca, y por otro lado, su canal 7 de TV en esta última ciudad, y una participación minoritaria en canal 9, de Mendoza.

Dejando por fuera esta disputa que es particular entre el Grupo y el Gobierno, antes amigos hoy enemigos, y sin ejercer la defensa de ninguna de las partes, sólo apelando al sentido común, es importante dejar en claro algunas cuestiones. Si bien esta división cumple con la letra de la ley pero no con el espíritu con que fue concebida, en tanto la Afsca admita como válida la propuesta de adecuación del grupo Vila-Manzano (y así parece ser porque nunca se escuchó nada en contrario), deberá ser aceptada también la del Grupo Clarín. Incluso cuando no se logre el cometido que busca el Gobierno de bifurcar su discurso, cosa que no ocurriría al quedar todos los medios en manos de actuales socios del holding.

Otro aspecto que debe ser revisto es la Afsca: es insostenible su mentada imparcialidad con su actual composición. Así las cosas, la legitimidad –no la legalidad- operativa de este organismo es nula.

Por último, recordar que las leyes no se crean para su aplicación retroactiva sino que marcan un punto de partida, un “de ahora en más”. El caso de la Ley de Servicios Audiovisuales es totalmente inédito en este sentido, lo que genera ambigüedades de todo tipo y choques legales entre lo que se dispone y los derechos adquiridos o pre existentes. Tanto ha sido el énfasis por destruir lo existente que todo el esfuerzo y el análisis fueron en esa dirección en lugar de atender un problema que ya acosa y que no avizora solución: la legislación sobre Internet. Nada concerniente a la comunicación clave del Siglo XXI fue considerado en la nueva ley.  

Haciendo la salvedad sobre estos aspectos, es una buena noticia que el tono belicoso haya disminuido entre las partes, aunque la guerra fría a la que estamos habituados, con misiles que se disparan desde los titulares y los estrados discursivos, respectivamente, de seguro seguirá.