Buscar el aplauso fácil trae más problemas que soluciones

El Gobierno decidió acercar posiciones con los gremios estatales y anunció un bono de fin de año de entre 2.000 y 3.500 pesos, una respuesta a las presiones de los sindicatos del sector y la marcha que protagonizaron hace 15 días en reclamo de un premio de fin de año. Se sosegaron los ánimos pero de todos modos se hará una marcha de protesta que unirá los reclamos de los movimientos sociales con la CGT en el Congreso.

Es una decisión que en definitiva genera a estas horas más conflictos que calma sindical, porque Upcn firmó el acuerdo, mientras que la ATE sigue “en sus trece”, porque considera que el monto que ofrecen es bajo frente a la inflación que se disparó este año con más intensidad. Por eso el sector más numeroso de los estatales va a engrosar la marcha cegetista.

Sin dudas que es un esfuerzo de parte del Estado, tanto que la mitad del monto será abonado con los sueldos de diciembre y la otra mitad en enero. Los funcionarios, desde coordinador hacia arriba (directores, subsecretarios y secretarios) están excluidos del beneficio, al igual que ministros y miembros de otros sectores del Estado que ya acordaron aumentos en sus negociaciones.

El primer interrogante es: ¿qué sucederá con los estatales de las provincias y con los privados? Para ellos también la inflación ha hecho estragos en sus salarios, pero sus empleadores no están en condiciones, por ese mismo motivo, de afrontar la misma iniciativa nacional. “Los gobernadores actuarán según sus posibilidades, al igual que las empresas privadas”, dijo el Gobierno. ¿Y el natural malhumor ante la imposibilidad, quién lo contendrá? Nación no ha previsto ninguna ayuda en este sentido, lo que llevó al economista pergaminense José Luis Espert a lanzar una de sus frases que no por dura deja de tener cierta lógica “Macri se hace el Papá Noel con la plata de todos nosotros”. 

Porque la realidad es que muchas provincias, la mayoría, no tiene fondos para pagar un bono de fin de año y ni qué hablar de las Pymes que son las responsables de la mayoría de los empleos en la Argentina pueden encarar este gasto cuando la recesión los acorrala, los impuestos siguen siendo tan altos como siempre y el costo de los servicios se fue por las nubes. No hay mandato para las Pymes sino sugerencia de abonar un extra de 2.000 pesos. Pero decirlo y a la vez otorgarlo a los estatales es igual a acorralar a los pequeños empresarios y someterlos a una presión que puede ser muy perjudicial desde el punto de vista social, y también para lo estrictamente laboral. 

Muchos gobernadores, entre ellos María Eugenia Vidal, anunciaron que no tienen cómo pagarlo, y en Córdoba y Misiones se ofrece uno menor al nacional.

La decisión del Gobierno, en un momento del año que sabe lo crítico que es, deja en una posición difícil a los gobernadores y a todos los privados que no están en condiciones de pagarlo. Y no se entiende bien a qué presión cede el macrismo, ya que ni siquiera la mayoría de los estatales firmaron el acuerdo y la CGT si bien no convocó a un paro nacional, que parece ser uno de los grandes fantasmas del oficialismo, protagonizará una marcha que se anticipa como multitudinaria contra la política económica.

La aparición de la discusión por el bono generó una dura disputa en el seno de los propios gremios. La CGT unificada aceptó postergar sus llamados a un paro nacional luego de la convocatoria al diálogo que les hizo el Gobierno hace un mes, que incluyó la promesa del pago del bono a estatales. Pero la realidad es que todos los trabajadores y los sectores medios estamos atravesando un profundo ajuste, la inflación fluctúa pero no cede lo que debiera y este bono de fin de año para los estatales nacionales que cuentan con estabilidad, frente a empleados privados que no recibirán nada y viven la incertidumbre propia de no saber si el año que viene se mantendrá su empleo, no parece una decisión adecuada a los tiempos que corren.

Antes de generar estas diferencias tan difíciles de sortear en épocas de ajuste, el Gobierno tenía otros caminos para salir del conflicto gremial, del que de todas formas tampoco salió. Haber acordado sobre la base de una promesa incumplida como la baja real y concreta de Ganancias, sin ir más lejos para las categorías más altas y una compensación a las más bajas.

A propósito de este tema, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, afirmó que el demorado proyecto oficial que el Poder Ejecutivo enviará el mes próximo al Congreso para modificar el impuesto a las ganancias tendrá un carácter retroactivo.

La baja se generará a partir del 1° de enero, ya que el tema se trataría en marzo próximo, con el inicio de las sesiones ordinarias, en el Parlamento, que termina sus sesiones ordinarias el último día de noviembre.

Porque si tanto se demoró este proyecto por el costo fiscal que implica, también se está pagando un bono que tendrá fuerte impacto, en un Estado que este año no pudo bajar el alto déficit que tiene, pese al endeudamiento y al intento de achicamiento de gastos que no parece haber dado resultado hasta el momento.

Daría la impresión que el Gobierno para las provincias y para los privados aplica una doctrina económica más liberal y, cuando se trata de ellos mismos, abrazan el populismo como una forma de lograr empatía con los empleados propios. Lo más complicado es que en busca del aplauso fácil no consiguen ni siquiera paz social, porque la marcha de protesta se hace lo mismo, los mandatarios provinciales están enojados por no poder pagarlos, los privados sienten que los saquean con impuestos y después deben hacer el papel de los villanos del momento mientras que sus empleados presionan hasta donde pueden por obtener el mismo beneficio que sus pares estatales. Decimos hasta donde pueden porque ellos no gozan de la estabilidad laboral de los empleados públicos, por lo que un exceso en la protesta o en el pedido de dinero les puede significar la pérdida de su puesto de trabajo.

Una decisión con demasiada tela para cortar.