Brasil y Argentina, dos caras de la corrupción

En un Brasil conmocionado por uno de los más grandes hechos de corrupción política con el sector privado, el “petrolao”, la Justicia está trabajando con una independencia contundente que, obviamente, contrasta con la impunidad que hay en la Argentina. 

En un fallo que preocupó al mundo empresarial y podría complicar más al gobierno de Dilma Rousseff, el dueño y expresidente del holding Organización Odebrecht, Marcelo Odebrecht, fue condenado a 19 años y cuatro meses de prisión por corrupción, lavado de dinero y asociación ilícita por pagar coimas a directivos de Petrobras y políticos oficialistas ligados a la petrolera. 

Se trata de la empresa constructora más grande de América Latina, que opera en más de 200 países, incluso en la Argentina y que se ha hecho en los últimos años de la gran mayoría de las adjudicaciones de obras encaradas por la petrolera y por el Estado.

Las pruebas a que arribaron demuestran que hubo durante años sobornos de la empresa privada a Petrobras (obteniendo licencias para hacer obras como beneficio) y parte de ese dinero se utilizó para financiar campañas políticas en tierra brasileña.

No solo preocupó al sector privado por lo pesado de la inédita condena ( lo que habla de que podría haber otras empresas en igual situación potencial) sino, y sobre todo al sector político, porque Dilma y el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva eran “aliados” al empresario.

Aunque nuestra mente nos lleva a una inmediata comparación, no podemos decir que esto sea similar a lo de Lázaro Báez en la Argentina, porque Odebrecht era una gran empresa, que quizá creció un poco más en épocas del PT. En cambio Báez sin los Kirchner no era siquiera empresario. Todo su peculio y su empresa fue amasada con contratos del Estado y presumiblemente en sociedad con el matrimonio presidencial. Hacemos esta diferencia porque lo de Báez, aunque la Justicia Federal mire para otro lado, es casi peor que lo que sucede en Brasil.

El problema político en el país vecino es que existe la “Ley del Arrepentido” (que recién ahora se intenta tímidamente conversar en la Argentina) y sobre la base de esa normativa y habiendo descubierto a algunos pocos integrantes de Petrobras, para morigerar sus penas, descorrieron ante la Justicia toda la trama de corrupción entre políticos y privados. Desde hace varios días se rumoreaba que el gran empresario consideraba trabar un acuerdo de “delación premiada” para revelar más detalles de la corrupción a cambio de una reducción de su condena.

Así, poco a poco y con un par de “arrepentidos” se logró saber que Odebrecht era parte de una especie de “club” de grandes constructoras que a través de sobornos se garantizaron todos los contratos con Petrobras; los pagos ilegales hechos por la compañía sumaron más de 63 millones de dólares y ayudó a que unos 20 millones fueran desviados para el lavado de dinero en el exterior. Además del exCEO del conglomerado, los exdirectivos de Odebrecht Marcio Faria da Silva, Rogerio Araújo, César Ramos Rocha y Alexandrino de Salles Ramos de Alencar recibieron la misma condena. En tanto, fueron sentenciados a entre 6 y 23 años de cárcel los exdirectores de Petrobras Renato Duque (Servicios), Pedro Barusco (Ingeniería) y Paulo Roberto Costa (Abastecimiento), así como el intermediario Alberto Youssef. Las penas de Barusco, Costa y Youssef deberán ser reducidas por los acuerdos que sellaron con las autoridades judiciales.

La sentencia establece también una indemnización mínima a Petrobras por 63 millones de dólares, el monto que se habría pagado en sobornos. La idea es no solo lograr condenas sino que se devuelva parte del dinero. Todo lo que en la Argentina no podemos lograr, ni respecto de funcionarios kirchneristas ni de ningún otro sector político porque en nuestro país entre los políticos ha habido siempre actitudes “corporativas” de las que ha participado la Justicia porque en nuestro país entre los políticos ha habido siempre actitudes “corporativas” de las que ha participado la Justicia y este es otro gran desafío del nuevo gobierno de Mauricio Macri: que se llegue a conclusiones en causas clave como Hotesur y venta de dólares futuros, que involucran directamente a la expresidenta, a Lázaro Báez y también a Aerolíneas Argentinas; Capaccioli por los medicamentos, y todos los involucrados en Southern Wings, la valija de Antonini, la mafia de la efedrina y un prolongado etcétera.

Si en procura de la gobernabilidad los argentinos nos tenemos que privar de ver a los políticos como reos, al menos que esos pactos incluyan la devolución de algo de lo que se llevaron. 

Un capítulo aparte será encarar una reforma de la Justicia Federal, altamente politizada y cruzada por todo tipo de intereses, sin dañar los derechos constitucionales. Un desafío que hoy parece imposible pero que es imperioso encarar porque la realidad es que ya nadie cree en los magistrados federales, al punto que cuando un político argentino dice la dichosa frase “que la Justicia investigue”, quien lo escucha se queda con el pensamiento que no se llegará a ningún fin con la causa.

En Brasil el tema de la corrupción, ya que hablamos de expresidentes, llegó el viernes al mismo Lula, un mandatario querido por los sectores populares, pero que está en el medio de este hecho de corruptela.  La Justicia compulsivamente lo llevó a declarar. Y los cariocas vieron sacar a Lula acompañados de policías hasta un patrullero y llevado a declarar. Es que justamente, un arrepentido estaría negociando una morigeración de pena, contando otra línea de la trama. Es el senador Delcidio Amaral, del oficialista Partido de los Trabajadores. En el documento revelado, Amaral apuntó que tanto la presidenta como Lula tenían conocimiento de lo que sucedía en Petrobras.

La forzada citación de Lula motivó una gran movilización de la militancia del PT en defensa de su máximo líder. Como la que planea el kirchnerismo para el 13, día en que Cristina Kirchner debe declarar en Comodoro Py ante Claudio Bonadio, por la causa de la venta de dólares futuros, por parte del Banco Central, días antes de que asumiera Macri. Son formas de “blindar” un candidato para evitar que siga siendo citado y molestado por la Justicia. A partir de allí depende de la Justicia dejarse o no presionar por los seguidores de cada político.

Dilma, la presidenta, evitó referirse a la condena de Odebrecht, pero invitó a Lula a cenar en el Palacio de la Alborada para coordinar una reacción conjunta porque en el Parlamento tienen acorralada a la mandataria y amenazan con citarla a dar explicaciones (allí lo llaman impeachment) y hasta incitar un recambio de mando.

El problema es que cuando la Justicia avanza, como sucede en Brasil, se van sumando “arrepentidos” y toda la trama sale a la luz. En la Argentina no existe la figura del arrepentido, y además la corporación política y la judicial, de la que hemos hablado, no muestran la apertura necesaria para avanzar contra la corrupción. 

El cambio debe llegar también a vencer a la impunidad.