Boudou, judicial y políticamente solo

Con una situación judicial cada vez más complicada, en un año electoral, el aislamiento político para el vicepresidente Amado Boudou es casi total. Ya hace tiempo que los legisladores del Frente para la Victoria no quieren cargar con una mochila tan pesada frente a los comicios por venir, pero ahora también los funcionarios del Poder Ejecutivo tratan de invisibilizarlo. Siguen trabajando y generando situaciones políticas como si el segundo al mando del país no existiera.

Pero en lo formal -y a los ojos del mundo- Boudou, por orden de Cristina Kirchner, sigue siendo el vicepresidente en ejercicio y titular del Senado. Así que por más que traten de esconder lo que les preocupa debajo de la alfombra, las complicaciones judiciales cada vez más acuciantes del vice los enfrentan con una realidad insoslayable y vergonzante. 

Incluidos los políticos, todos los argentinos nos avergonzamos de Boudou; así lo demuestran los sondeos de opinión que lo ubican como el funcionario de peor imagen en el Gobierno nacional. A Cristina eso parece no preocuparle, porque su propia imagen se mantiene en las encuestas a fuerza de mantener estable una economía que se cae a pedazos pero aunque lo corran para que no moleste, esta piedra en el zapato complica al oficialismo.

A pesar de los intentos dilatorios para evitar el bochorno en pleno año electoral, Amado Boudou está más cerca de ser juzgado en la causa en la que se lo acusa de intentar quedarse con la empresa Ciccone Calcográfica, que fabricaba papel moneda. No es la única causa que tiene el vicepresidente pero es la más compleja, en la que el delito del que se lo imputa es el más importante y se vincula directamente con su función pública. 

El fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca -que no es precisamente un enemigo del Gobierno- dictaminó que no hay razones para revisar el procesamiento firme que pesa sobre el vicepresidente. Si los jueces de Casación que deberán analizar el caso el mes que viene comparten su opinión, se acelera considerablemente el camino para que Boudou se siente en el banquillo de los acusados. Una imagen fuerte sería sin dudas, ver a un vicepresidente de la Nación juzgado por un caso de corrupción flagrante.

De Luca, que era el único fiscal que en 2013 había hecho un dictamen que medianamente lo favorecía, ahora, ante la prueba abrumadora, cambió de opinión. También sus abogados renunciaron a la defensa y hasta su novia Agustina Kämpfer se alejó tras verse envuelta en varios problemas judiciales por su relación. En un intento por blanquear su imagen, dejó el plan aislamiento al que la sometía el Gobierno, y salió a dar la cara para mostrarse diferente y así salvar su joven trayectoria de cara a la sociedad.  Está como panelista del programa “Intratables” que se emite por América y bailará con Marcelo Tinelli en Canal 13.

Como se verá, Boudou no pasa precisamente por su mejor momento ni público ni personal.

El paso siguiente está en manos de los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación, Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani; si se expiden de acuerdo al pedido del fiscal, no hay vuelta atrás y contramarchas para el vice. El 12 de mayo vence el plazo para que los abogados de los acusados (ya que en la causa Ciccone aparecen su amigo Núñez Cramona, Alejandro Vanderbroele y otros partícipes del delito) presenten sus argumentos y entonces se fijará fecha para una audiencia pública en la que el fiscal y los acusados expondrán sus razones. Luego, la Cámara resolverá si deja firme el procesamiento contra Boudou.

El argumento central de De Luca es que no corresponde que Casación analice los procesamientos de Boudou, en primera y segunda instancia, porque no se trata de sentencias definitivas, como las que debe analizar el tribunal. Además, dijo que ya no está en juego la gravedad institucional, excepción que la Corte admite como razón para analizar procesamientos en esta instancia. Según sus palabras, “la sociedad toda ya no está conmovida por el curso de la causa y el servicio de Justicia”, como antes, y ahora la gente “se limita” a seguir las noticias de un caso en el que se discute la responsabilidad del vicepresidente, que no es diferente de cualquier otro donde hay acusados de alta jerarquía.

El fiscal De Luca, que integra el colectivo cercano al Gobierno llamado Justicia Legítima, viene de tomar una decisión resonante hace 10 días, cuando prácticamente enterró con su dictamen la denuncia del fiscal Alberto Nisman contra la presidenta. Por eso no se sabe si ahora actuó porque, como dijimos, la prueba es abrumadora o porque, en definitiva, sabe que el oficialismo ya le soltó la mano. Más allá de suspicacias, el fiscal valoró el caso como se debe presentar ante una sociedad que espera respuestas. Se trata del vicepresidente de la República el que podría haber cometido hechos ilícitos graves como el de que se lo acusa.

De todos modos, a pesar del sentido común de los argumentos, no deja de ser sospechoso este dictamen viniendo de un fiscal que en noviembre de 2013 determinó que no estaba clara la acusación contra el vicepresidente y casi que había dicho que no había un delito en el caso. Con ese fallo, el expediente estuvo a punto de quedar en la nada. Ahora, parece, cambió de opinión y se justificó –dicho en palabras coloquiales- en que la sociedad debe saber qué fue lo que sucedió. Por eso, desde el papel que le toca, prácticamente lo mandó a Boudou al juicio. Una prueba más de que no en los gestos pero sí en los hechos, al vicepresidente le han soltado la mano.