Atados a una ideología

Argentina entró en default selectivo de intereses el 22 de mayo de 2020 por 503 millones de dólares, novena cesación de pagos desde 1820 durante 200 años. La deuda provenía de 2005 (Kirchner, PJ) que se canjeó por bonos en 2016 (Macri, Pro) y vencieron sus intereses ahora (Fernández, PJ). La mayoría de los argentinos cree que existe una ineptitud política generalizada para gobernar y por eso el país no puede salir de su decadencia y postración. ¿Es verdad? Claro que sí.

La ideología peronista, que en materia económica propicia combatir al capital, es compartida y ejecutada por todos los políticos, civiles y militares, que han gobernado desde 1946. La marcha peronista afirma desde 1949, cuando se compuso, que el general Perón conquistó “a la gran masa del pueblo combatiendo al capital”. Y Alfonsín abandonó el gobierno, con el austral uno a uno con el dólar al crearse, en 10 mil australes por dólar “combatiendo al capital”.

El agrandamiento burocrático constante del Estado, al igual que pérdida del capital de las empresas y por ende, al empobrecimiento del país, es una constante en todos los gobiernos, peronistas o no.

Con la cuarentena, la caída del PBI ha sido estrepitosa y sin precedentes. El peronismo entiende (Fernández presidente, Cristina, Máximo, Heller, Fernanda Vallejos, entre muchos) que para salir del desastre habrá que recurrir a impuestazos y a la solidaridad popular. Los contribuyentes debemos arreglar los desastres de los políticos, que impondrán “impuestos patrióticos” a las empresas y habitantes exitosos que combaten. Esto lo hemos padecido siempre y sus consecuencias también: más crecimiento estatal, mayores pérdidas del capital nacional, más pobreza y más indigencia. Ya lo dijo Einstein: no se pueden obtener distintos resultados aplicando los mismos métodos. Desde 1946 se combate al capital, y la pobreza e indigencia son cada vez más obscenas. Con más impuestos solo habrá más pérdidas, más pobreza y más planes para sustituir los puestos laborales que van de-sapareciendo.

Más impuestos implican menor producción y más caída de empresas. La pérdida de fuentes de trabajo produce mayor desocupación y menor consumo. Esta cadena tiene como siguiente consecuencia la caída de la recaudación impositiva, lo que produce déficit fiscal y la necesidad de monetizarlo emitiendo cada vez más, emisión que es la gran productora de la inflación. Y así hasta que se produce un nuevo default por la disminución de las reservas ya que todos los impuestos han sido dirigidos a la burocracia del Gobierno, aumentando las importaciones, cayendo las exportaciones, con menos ingreso de dólares al país. Esto ya es un déjà vu permanente desde 1946 a esta parte, no es patrimonio de los gobiernos de signo peronista sino de todos lo que han comandado los destinos de este país. 

Como este círculo no virtuoso ya giró varias veces, dejándonos si no en el mismo lugar un poco más abajo en la espiral, es más que claro hay que cambiar el método. No podemos seguir “combatiendo al capital” sino que hay que probar, alguna vez, con fomentar su crecimiento sostenido. Y, aunque suene chocante a la ideología imperante, para ello es menester ayudar, fomentar, impulsar y sostener a la empresa privada, con medidas puntuales en su favor.

Argentina tiene un sistema tributario que descansa en impuestos a la producción y el consumo. Lejos de modelos tributarios que gravan la riqueza patrimonial, los dos principales componentes de la recaudación son el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el impuesto a las Ganancias de las personas físicas y jurídicas. Durante 2019 se recaudaron 1,5 billones de pesos en concepto de IVA, y 1 billón de Ganancias, siendo una proporción importante lo aportado por personas jurídicas. En contraposición, en concepto de Bienes Personales, impuesto patrimonial por excelencia, se recaudaron 31 mil millones de pesos, lo que equivale a solo un 2% de lo recaudado por IVA y a un 3% de lo recaudado por Ganancias. El escaso peso de los impuestos patrimoniales es una característica particular del sistema tributario argentino, abonando a su regresividad en términos de distribución.

Como no se podrían eliminar impuestos de un plumazo, puesto que con ellos se sostiene el aparato estatal, incluidos los servicios públicos y la asistencia social, la alternativa es cambiar la base imponible: sacarlos de la producción y el consumo y llevarlos al patrimonio. Dirá el lector: pero esto es justamente lo que está proponiendo Cristina. Parece, pero no. Hasta ahora de lo que se habla en el oficialismo es de sumar un impuesto a la riqueza, pero conservar todos los actuales. Lo que aquí planteamos es no gravar la producción y sí la posesión. Es también una manera de estimular a que los capitales no se salvaguarden en la renta financiera o inmobiliaria. Quien hoy tiene un dinero para invertir no piensa en poner un negocio, tomar empleados y producir como modo de preservar y acrecentar su patrimonio, porque sabe que las posibilidades de éxito son ínfimas y a costa de mucho “renegar”, además de presentar un alto riesgo. Por eso la mayor parte de la inversión se va hacia bienes de capital y renta financiera, todo lo que no genera empleo ni crecimiento del PBI, cosas que nos benefician a todos como sociedad. Si hubiera más costo impositivo en la inversión rentística y menos en la inversión productiva, estaríamos ganando dos veces, como Estado y como sociedad.

El achicamiento del Estado es otra pata de este esquema, pero no puede ni debe ser indiscriminado. Las funciones esenciales -salud, educación, justicia, seguridad y protección racional de los más necesitados en verdad- son fundamentales y no negociables, porque tanto su falta como su actual distorsión son perniciosas. La falta de salud ha sido evidente en esta pandemia, suplida por nuestros excelentes médicos y personal correspondiente. La educación es pobre y la inteligencia argentina se sostiene por el esfuerzo personal de nuestros intelectuales y no por los gobiernos. La Justicia es otro desastre que se sufre a diario y debe corregirse de inmediato. Y la seguridad es inexistente, reflejada en los índices de delincuencia, en crecimiento permanente. La protección de los necesitados es el negocio del populismo de casi todos los gobiernos. Las ayudas de todo tipo solo han servido para acrecentar la pobreza y fomentar el ocio improductivo. Cesó la creación de trabajo para cambiarse por planes (no hablamos de la AUH o AUE) que no conducen a una real promoción social.

Hay que redimensionar el Estado para llevarlo a su justa medida; hay que suprimir la burocracia sin causar más pobreza y desocupación. Como mínimo deben crearse tantas fuentes de trabajo como pobres existan y como excedentes haya en el gobierno reestructurado. Y para contribuir a que ello suceda justamente hay que ayudar al sector privado, estimulando a que invierta su capital en producción; lo último que debiera hacerse es crear más impuestos sobre la producción y el consumo.  Por el contrario, la baja del número y monto de los impuestos es la clave para un programa de reestructuración que al mismo tiempo permita un Estado viable y equilibrado, y a los ciudadanos un retorno a la dignidad y la cultura del trabajo, al poder abastecer a los suyos sobre la base de su esfuerzo retribuido por un salario y no por un plan. La baja impositiva en todo el país incrementará la renta libre de las empresas y particulares. Claro que en este plan, para gozar de los beneficios del margen libre tras la quita de impuestos, deberá ser obligatorio registrar y tomar nuevo personal laboral “en blanco”. Las empresas, y en especial las Pymes, deberán establecer planes de crecimiento y transformación, con el correlativo aumento de las fuentes de trabajo. Por ley se deberán reglamentar todos estos procedimientos en forma justa y equitativa. ¿Será muy difícil? Seguro que sí, pero alguna vez hay que empezar.

Como consecuencia habrá mayor consumo (por más gente produciendo y asalariada) y mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Pero también mayor recaudación impositiva que se destinará al mejor funcionamiento del gobierno y a la promoción de las exportaciones por sobre las importaciones, imprescindibles para el incremento de la producción y productividad de las empresas.

Todo esto restablecería el valor de nuestra moneda, sustituyendo al dólar, que deberá ser destinado al incremento de las reservas internacionales y al pago de la deuda externa e interna. Nunca más default ni toma indiscriminada de deuda para solventar gastos corrientes del gobierno y fuga de capitales.

Algún gobierno, no importa de qué partido, tendrá que sacarse de encima el discurso anacrónico de 1946 para poner los pies en el Siglo XXI. Ya probamos durante más de 70 años con la ideología de la descapitalización y no funcionó.  Probemos alguna vez otra cosa: capitalizarnos, para ver si podemos abandonar para siempre la decadencia y esta cultura de vivir siempre al borde del abismo y atando todo con alambre.