Acusaciones cruzadas e intervención judicial en un conflicto docente que escala

La situación entre los docentes y el gobierno de Daniel Scioli está llegando a extremos indeseados; 14 días de postergación sobre el inicio de clases no sucede todos los años. Aunque históricamente la negociación salarial había aparejado conflictos y medidas de fuerza, nunca se había arribado a este estado de cosas.

Por otra parte, el problema ha escalado, hay funcionarios que han sido agredidos físicamente –sin olvidar que en el principio del conflicto, Mirta Petrocini de la FEB también fue atacada pero por colegas de otro gremio- y el gobernador acusa a algunos dirigentes gremiales de perseguir fines políticos tras el desacuerdo.

Otra particularidad recurrente de los últimos años es la marginalidad a la que se mantiene la Nación cuando se suscitan estos inconvenientes en el Provincia, cuando se trata de un distrito por demás de significativo en varios sentidos. Hasta ayer, nadie del Gobierno nacional había emitido palabra al respecto, mucho menos se supo de algún aporte a la negociación. Tampoco nadie habla del desfinanciamiento al que la Nación ha sometido a la Provincia de Buenos Aires, la más rica del país, en su propio beneficio. Scioli calla seguramente para evitar el enojo del ultra kirchnerismo, que va a victimizarse afirmando que pretenden culparlos y los gremialistas tampoco tocan este tema, como si no quisieran que el Gobierno nacional tenga responsabilidad en el asunto. Quizá estas actitudes sean la punta de un iceberg para analizar cuestiones políticas que subyacen en esta problemática.

Lo cierto es que el gobernador dio por terminada el jueves la discusión salarial con los docentes bonaerenses y otorgó por decreto un incremento de 30,9 por ciento a pagarse en dos partes. La decisión oficial fue adoptada tras fracasar una mediación en la Defensoría del Pueblo, en la que los maestros volvieron a rechazar una nueva oferta y anunciaron que continuarán por tiempo indeterminado con el paro.

Como última medida al cierre de esta edición, en su calidad de mediador en el conflicto, el defensor del Pueblo, Carlos Bonicatto, presentó una acción de amparo para que sea la Justicia la que ordene a los maestros que comiencen de una vez por todas el ciclo escolar 2014 este martes. 

Tristemente es común que detrás de un reclamo genuino se encolumnen intereses políticos, por lo que no es una novedad lo que denuncia Scioli: “Ya se sabrá quién está detrás de todo, el tiempo aclara todo. Ustedes saben la prudencia de mis palabras, pero ya llega un momento que es muy extraño y se sabrá. Porque precisamente llevar esto a una situación de estas características, 12 días sin clases, tener a tres millones y medio de chicos en las casas, con las complicaciones que esto genera a sus padres, no es casual”, dijo.

Mientras tanto, los docentes insisten con el mensaje de que “la escuela no es una guardería” y reivindican su accionar al equipararlo con una enseñanza para los chicos, sobre la importancia de luchar por lo que se considera justo hasta las últimas consecuencias. Siguiendo esta línea de pensamiento, de que ellos están en cierta forma educando al no ir a las aulas, ¿cómo ubicar en este mensaje las actitudes de agresión por parte de quienes atacaron a funcionarios tras el fracaso de la mediación o el amenazante discurso del referente Roberto Baradel?  

En paralelo, están los problemas familiares que esto genera, además de los educativos, especialmente en los hogares en que trabajan ambos padres. A diario deben buscar ayuda para atender a los menores y ellos poder cumplir con sus obligaciones y no faltan los casos en que directamente han tenido que dejar sus trabajos o tomar licencia sin goce de sueldo por no poder afrontar el costo de niñeras.

Mientras tanto, los docentes insisten en que sólo volverán a las aulas si la provincia realiza una propuesta que llegue a un incremento salarial del 35 por ciento. 

“Es mentira que nos ofrecen un incremento del 30,9 por ciento. Eso sería sólo para el 20 por ciento de los maestros. El gobernador informa mal: para la mayoría de los docentes el aumento es del 21. Por eso nosotros insistimos en que tenemos mandatos de las bases para rechazar este tipo de protesta y continuar con las medidas de fuerza”, dijo el secretario Baradel.

Por su parte, Scioli brindó su punto de vista: “Formulamos una propuesta del 25 por ciento que fue rechazada. Luego la bajamos de tres tramos a dos tramos, y fue rechazada; luego a partir de buscar esfuerzos extenuantes en cada una de las áreas fuimos con toda nuestra buena intención, a plantear un 30,9 readecuándonos con dos tramos. Hoy como pedido del defensor del Pueblo, buscamos algún tipo de adelantamiento del segundo tramo, que genera un impacto a los ingresos. Todas fueron rechazadas sistemáticamente. Entonces evidentemente no es una negociación, es imponer lo que se pretende, no acercar posiciones”.

¿Quién tiene la verdad? Nadie, o parcialmente ambas partes. El tema tiene muchas aristas como qué pasa con las carpetas médicas recurrentes que terminan significando tres docentes por cargo o por qué el Gobierno tiene dinero para otras cosas y no para los docentes. Sólo sabemos que los útiles siguen sin estrenarse, las aulas vacías y los alumnos de las escuelas públicas, desaventajados.