Y un día la Justicia volvió a funcionar

Los gobiernos han tenido siempre la tentación de invadir con su poder de fuego (incidencia en nombramientos, desplazamientos curiosamente oportunos y manejo de los fondos otorgados) a la Justicia. Durante su gobierno, Carlos Menem hizo una Corte como un traje a medida y Cristina cayó en el mismo tipo de conducta: formatear la Justicia para resolver los problemas penales propios y de funcionarios. La excepción fue Néstor Kirchner, que efectuó destacables nombramientos en el alto tribunal.

Y cierto es que la Justicia Federal suele ser bastante maleable cuando hay poder recién estrenado, pero comienza a ponerse rebelde cuando se viene un cambio de época. El actual presidente ha decidido darle otro aliento al Poder Judicial y aun cuando el mecanismo de nombrar jueces de la Corte por decreto fue un error político, lo subsanó  dejándolo sin efecto hasta que se reúna el Congreso.  Se nota otro movimiento en la Justicia. Y no solo por esta actitud puntual de Macri, como veremos.

 Durante años, los jueces subrogantes, elegidos a dedo por el Consejo de la Magistratura (de mayoría oficialista), confeccionaron fallos a medida de las necesidades de la Casa Rosada, para imponer contra viento y marea las multas del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno a las empresas, la nueva ley de mercado de capitales, y dar ayuda a funcionarios cuestionados, entre otros propósitos.

Ese armado judicial que pergeñó el kirchnerismo comienza a desmoronarse. 

Hace dos semanas, la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley de subrogancias y le puso punto final a la práctica política de nombrar jueces suplentes a simples abogados cercanos al poder. Pero el Consejo de la Magistratura, en su actual composición con mayoría kirchnerista, tuvo tiempo suficiente para nombrar muchos jueces titulares, algunos excelentes y otros, surgidos de ternas amañadas. Esos magistrados titulares son inamovibles.

Lo cierto es que a partir de febrero ya no quedará ninguno de aquellos abogados que cumplen funciones de jueces suplentes. Y así el Congreso deberá dictar una nueva ley de subrogancias, posiblemente en sesiones extraordinarias que Mauricio Macri convocará para realizar en febrero. Unos 50 nombramientos terminan en dos meses. Sacaron del juego así a secretarios y abogados que habían sido designados por el oficialismo en juzgados de distintas instancias y de todo el país.

El fallo de la Cámara Federal, por su parte, dinamitó el consejo que formateó Cristina Kirchner a través de una ley de 2006 y decidió que se volviera al formato que tenía el consejo en 1998 o que el Congreso sancione una nueva ley. Los cambios en el Consejo de la Magistratura, cuya nueva composición daba mayoría al oficialismo, fueron muy resistidos por todos los foros de abogados del país, pero la presidenta lo impuso a fuerza de las manos alzadas del kirchnerismo, mayoría en las cámaras legislativas, sin atender a las críticas.

Tristemente, lo que desde el llano se advertía como una posibilidad, ahora muestra signos de haber sido una realidad: jueces, fiscales y magistrados en general se sentían presionados por el poder político. No podemos decir sin pruebas que efectivamente se los presionaba ni el modo. Pero que causas que estuvieron estancadas por largo tiempo y que involucran a funcionarios K, de repente han empezado a moverse. No quiere decir esto que tendrán rápida resolución ni que el veredicto resulte condenatorio. Se trata de simples tramitaciones o decisiones que en un marco de normal y libre accionar no tendrían por qué haberse demorado. La obvia lectura es que algo o alguien frenaba estos pasos. Simple deducción.

Estos nuevos aires de independencia del poder judicial se sintieron claramente en la causa Hotesur, donde se dispuso que era válido y se debía responder la denuncia de la diputada nacional Margarita Stolbizer, por parte del ahora legislador Máximo Kirchner. Es decir, hasta ahora ni siquiera se había respondido a la denuncia de la excandidata a presidente por los “alquileres” de los hoteles de la familia presidencial al socio de Néstor Kirchner, Lázaro Baez. La excandidata a presidente pidió hace casi un año que se investigue si los altos precios que pagaban sus empresas  por habitaciones que nadie utilizaba responden a un blanqueo de fondos. Después de la nada misma, ahora le responden que es válido su requerimiento.

También la causa de la muerte del fiscal de Amia Alberto Nisman, de pronto comenzó a moverse, cuando ya parecía encajonado. La jueza Fabiana Palmaghini decidió desplazar a la fiscal Viviana Fein, por lo que la investigación quedó a su cargo. La realidad todo lo obrado por Fein data de los dos primeros meses del año. Es decir que si lo estaba haciendo mal, al punto de creer la jueza conveniente su remoción, no hubiera tenido que esperar 11 meses para hacerlo. Pero por algún motivo esperó hasta la salida de Cristina. Nuevamente aclaramos: simple deducción.  

Además, Palmaghini ordenó una larga lista de medidas de prueba, incluida una nueva citación al exespía Antonio Stiuso, quien aún no decidió si se presentará el próximo 14 de enero ante la jueza para ampliar su declaración testimonial en la investigación. Demasiado movimiento junto tras meses de prácticamente nada. A decir verdad, lo que está haciendo la magistrada desde que tomó la investigación a su cargo es profundizar líneas de investigación que quedaron truncas durante la investigación de Fein. Vaya uno a saber por qué. Por ejemplo, la ampliación de la declaración testimonial de Stiuso, de cuyo paradero nada se sabe en concreto desde febrero pasado, cuando salió del país por vía terrestre, así, como si nada. Su último rastro registrado está en Brasil, y todo parece indicar que está residiendo en Miami, Estados Unidos.

También la jueza pidió los sumarios a cargo de la división Asuntos Internos de la Policía Federal sobre la actuación que le cupo a cada uno de los muchos custodios que tenía Nisman en el contexto de su muerte. A simple vista, simples trámites que, al menos que se mantuvieran ocultos, Fein venía demorando.

Incluso el controvertido juez Norberto Oyarbide, a pesar de haber anunciado su inminente jubilación y admitido que su sobreseimiento sobre el matrimonio Kirchner en la causa de enriquecimiento ilícito le provocó el repudio de la sociedad, está moviendo los expedientes de Amado Boudou en un sentido inesperado, poco probable días atrás: además de prohibirle la salida del país, requirió a la Secretaría General de la Presidencia información relacionada con la utilización de aviones y helicópteros privados para anexar a la causa que investiga presuntas dádivas. ¿Habrá tenido que esperar el cambio de funcionarios del área para que se la dieran? ¿O será que con el kirchnerismo afuera y él mismo a punto de estarlo ya no le importan las consecuencias? 

Tal vez nos equivocamos y son sólo coincidencias, lecturas parcializadas de los hechos. Esperemos que no y que se trate de que la Justicia comienza a normalizar su comportamiento. Por lo menos, sus acciones se sienten lógicas y más precisas, y es dable atribuirlo a los nuevos tiempos políticos que se viven. De ser así, dependerá del macrismo que este proceso siga adelante, para que un poder clave como el Judicial vuelva a ser confiable para los argentinos.