Violencia hospitalaria: donde la sociedad sigue expresando su peor cara

Esta semana la agresión a un médico en el Hospital Centenario de la ciudad de Rosario y el pedido de cárcel para quienes agredan a profesionales en contextos de atención de salud,  volvió a poner la cuestión de la violencia hospitalaria en el centro de la escena. Y como cada vez que sucede un hecho que trasciende, la mirada se vuelve sobre la realidad local y en este sentido Pergamino ostenta el triste privilegio de no ser la excepción en relación a una problemática que  expresa en los hospitales la peor cara de lo que sucede en la sociedad. Hechos de violencia cada vez más frecuentes, acompañadas de acciones policiales que fallan en la prevención y de actuaciones judiciales que terminan sin castigar a quienes participan de estas situaciones, todo ante la mirada indefensa de las comunidades hospitalarias y de la sociedad en general que como en otros planos, no observa que se apliquen e instrumenten criterios de verdadera justicia frente a lo que muestra la realidad. 

Cualquier recorrido por la historia cercana trae a la memoria lo ocurrido en el quirófano del Hospital San José, cuando un grupo de jóvenes terminó de dirimir en el ámbito hospitalario, valiéndose del uso de armas de fuego, un conflicto que se había iniciado en la calle.

Más allá de cualquier adjetivación que merezca lo sucedido, que ya fue relatado por la crónica periodística y repudiado por el conjunto de una sociedad que quedó estupefacta frente a lo que resultó inevitable, el hecho sigue motivando preocupación por sus consecuencias. Ya que a pesar de haber tenido, a priori, todos los elementos probatorios, los autores del hecho, que habían sido rápidamente identificados, no recibieron ninguna sanción punitoria por lo ocurrido. Para el común de la sociedad, que no entiende de calificaciones ni procedimientos judiciales, lo que sobreviene es una sensación de impunidad, algo que deja al sistema tan vulnerable como el propio hecho de violencia. Queda la sensación de que ya nadie puede sentirse seguro, ni siquiera en el contexto de la atención sanitaria, y que cualquiera puede hacer lo que desee sin tener que pagar por ello.

La realidad muestra a las claras por un lado la imposibilidad de la Justicia de imponer una sanción a los involucrados en el tiroteo en el quirófano; y por el otro, pone en evidencia las deficiencias que el propio sistema de salud tiene para hacer frente a la problemática y poner en marcha un protocolo que dote al Hospital de estrategias más eficientes para garantizar la seguridad.

Son múltiples los análisis que pueden hacerse en torno a este tema. Y a la luz de los resultados todos ponen en evidencia que la cuestión de la inseguridad en los hospitales está lejos de ser un problema resuelto.

En el plano judicial, a pesar de haber sido identificados los jóvenes que participaron de la pelea en la sala de Cirugía y de haber sido citados a declarar, los vericuetos de los procedimientos judiciales y la imputación efectuada, impidió que pudieran imponerse penas por lo ocurrido. Quienes entienden de estas cuestiones observan cierta falla de la Justicia que llevó a que a pesar de todos los elementos probatorios reunidos en la investigación, una baja calificación del hecho, dejara a los supuestos responsables libres de cualquier cargo. No hubo una pena que resultara ejemplar.  A la luz de esto, en la opinión pública queda la sensación de que en un Hospital, en una escuela, en una Iglesia y en cualquier espacio público cualquiera puede hacer lo que quiera, sin que recaiga sobre él el peso de una ley que lo sancione. ¿Podría haberse actuado con otra diligencia?, es el interrogante que queda. 

En lo institucional, está claro que el Hospital debiera haber estado custodiado de otro modo y que en función de lo acontecido, la acción preventiva resultó insuficiente. Tiempo después de lo sucedido y a pesar de los compromisos asumidos, en la actualidad sigue sin aplicarse el protocolo de seguridad que iba a incluir a Pergamino en el programa de “Hospitales libres de Violencia”. 

En este sentido, la demora con la que el sistema sanitario y político en su conjunto da respuestas a lo que padecen quienes trabajan en los hospitales, sigue mostrando la cara más vulnerable del sistema; porque para que los disparos llegaran a un quirófano, fallaron todos los mecanismos de seguridad internos y de prevención. Nadie puede olvidar que días antes del hecho, se había inaugurado con bombos y platillos una dependencia del Grupo de Apoyo Departamental de la Policía, prometiendo más eficientes mecanismos de custodia del establecimiento sanitario. Lo que prosiguió al repudio,  fueron anuncios que aún no se plasmaron en la realidad. El propio director provincial de Hospitales visitó el Hospital de Pergamino cuando la noticia de lo ocurrido ganó la escena pública. En esa ocasión comprometió que antes de fin de año (2016) iban a estar instalados los sistemas de monitoreo para aplicar un protocolo de seguridad específico. Esto todavía  no se implementó y a pesar de que las propias autoridades hospitalarias señalan haberse sentido respaldadas por todo el arco político provincial y local frente a lo acontecido, los dispositivos con los que se cuentan siguen resultando insuficientes para “blindar” al nosocomio de agresiones que son constantes. Lesiona tanto la violencia, como la falta de respuestas institucionales apropiadas que trascienden a la dirección del Hospital y que deben instrumentarse desde otros estamentos del poder. Si bien es cierto que no puede haber un policía custodiando a cada médico o enfermero mientras realiza su trabajo, idear mecanismos que resulten eficientes para contener niveles crecientes de violencia social, sigue siendo una tarea pendiente.

Lo que sucede en la mayoría de los hospitales demuestra que el problema de la inseguridad, lejos de estar resuelto, expresa cada vez con mayor virulencia la cara de una sociedad que parece incapaz de preservar algunos espacios. Si bien es cierto que en Pergamino en los últimos días no se han producido nuevos hechos, nadie puede asegurar que esto sea producto de una acción planificada de prevención, por cuanto aún no se cumplieron los compromisos asumidos por las autoridades provinciales en relación a este tema. Lo que se atenúa es más bien la consecuencia del compromiso asumido por la propia comunidad hospitalaria de estar más atenta para poder protegerse.

En este contexto, y tal como lo señalara el comentario editorial publicado en ocasión de ocurrido el hecho policial que puso al Hospital en la primera plana de la prensa nacional, cada vez que ocurre, la violencia es una tragedia, y una batalla perdida para un sistema colapsado desde hace tiempo, que se enfrenta a diario a las vicisitudes de tener que resolver con carencias las urgencias. Ante una Justicia que esta vez, parece no haber podido dar respuestas, por lo menos no las esperadas a los ojos de una sociedad que simplemente esperaba condenas, de la naturaleza que fueran.