Vértigo y urgencias: lo prioritario es acordar y empezar

Argentina nunca dio respiro. Ahora, además, impone vértigo. No habían transcurrido ni 10 días de mandato del nuevo gobierno cuando, en un mismo día, debutó el protocolo anti-piquetes; se publicó un mega-Decreto de Necesidad y Urgencia; surgieron inesperados cacerolazos por la noche que violaron el protocolo que había debutado ese día y recibimos el primer insulto presidencial cuando nos trataron de enamorados del comunismo y de padecer de síndrome de Estocolmo. Todo en menos de 24 horas.

Unos días más tarde, el protocolo anti-piquete ratificó su correcto desempeño ante una manifestación convocada por la CGT. Una CGT que se despertó de la larga y profunda siesta que durmió durante los últimos cuatro años y que ahora, en menos de un mes de gestión, ya contabiliza una movilización al Congreso y una convocatoria a paro general con movilización. Una CGT que rompe su propio récord llamando a una medida de fuerza apenas a 18 días de asumido un nuevo gobierno y que muestra su doble moral y su clara filiación partidaria antes que su vocación por la defensa de los derechos de los trabajadores; no hay justificación alguna para la conducta indolente de antes tanto como no la hay para la conducta irresponsable de ahora. La misma CGT que logra que la Justicia deje de dormir su siesta durante la sacrosanta feria judicial y que frene, de hecho, la reforma laboral planteada en el DNU, o que el fuero contencioso administrativo desarme la acción colectiva, astillando el decreto en incontables juzgados de todo el país.

Días más tarde el Poder Ejecutivo envió al Congreso el "Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". Una Ley Omnibus de 351 páginas y 664 artículos que representa el cambio más profundo y radical de la vida política argentina en décadas.

Todo esto en menos de un mes. Argentina, hoy, impone vértigo. Nos vamos a tener que acostumbrar a que, con Milei, todo va a ser siempre desmesurado. Excesivo quizás. William Blake dijo: "La Senda del Exceso lleva al Palacio de la Sabiduría". Cada acto y cada gesto de Milei parece abonar esta idea. W.H.Auden, otro hermoso poeta inglés, lo refutaría afirmando: "La Vía del Exceso conduce, las más de las veces, al Cenagal del Desconsuelo".

El presidente armó un DNU como un brulote lleno de material explosivo, ciñó las velas y lo puso a navegar con rumbo de colisión hacia el Congreso de la Nación. Pocos días después hizo lo mismo con la Ley Omnibus, otro brulote de un tamaño mucho mayor y con mayor carga explosiva.

El DNU como la Ley Omnibus abordan tantos temas que cuesta elegir por dónde comenzar. Ambos textos introducen reformas que deberán pasar la prueba de necesidad y urgencia uno y la prueba de la constitucionalidad ambos, pero la diversidad de temas que abordan; la falta de priorización y de diferenciación entre lo imprescindible y lo secundario, la disimilitud de encuadre reglamentario para el tratamiento legislativo de muchas de las iniciativas y, peor, la falta de información, conocimiento y cohesión de los propios bloques oficialistas y opositores, configuran un panorama muy complejo para que la reforma avance fácil en el Parlamento.

Hablamos de un Congreso que, en el primer semestre de 2023 solo sancionó 20 leyes y donde menos del 1 por ciento de los proyectos presentados se convirtieron en ley, ninguna de las cuales tuvo nada que ver con la inflación, la inseguridad, o la pobreza, las angustias que signaron la agenda social del último año.

¿De quién será la culpa si las reformas no prosperan? ¿De un Poder Ejecutivo apurado, mareado e inflexible o de un Congreso que es "parte de la famosa casta obstruccionista que solo busca mantener el status-quo y defender sus prebendas"? Difícil de responder.

Estamos transitando una época histórica de gran volatilidad, el descrédito de los gobiernos y sistemas políticos, una descomposición social acelerada, una creciente fragilidad económica y financiera, que al potenciarse unos con otros van generando una extrema vulnerabilidad, lo que nos somete a tensiones permanentes. Nuestro país no está exento de ello; hoy está atravesando una muy grave situación tras tantos años de políticas populistas que desencadenaron el mayor proceso inflacionario de los últimos 32 años, junto a un largo período de estancamiento económico y un significativo incremento de la pobreza. Una Nación desgastada por la grieta y una profunda crisis moral que la traspasa.

Es en este contexto que aparecen en nuestra vida institucional el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/23 con su extenso contenido y el proyecto de Ley Omnibus enviado al Congreso, ambos con la intención de Milei de hacerlos valer como una herramienta tendiente a lograr las transformaciones necesarias anunciadas en su pasada campaña electoral, orientadas a erradicar un modelo económico sometido a interferencias y regulaciones estatales que ahogaron durante años al sector privado, a controles de precios, a cepos cambiarios y a restricciones arbitrarias al comercio, a una presión tributaria que se ubica entre las más elevadas del mundo. Al haberse pronunciado mayoritariamente en las urnas la ciudadanía a favor de ese cambio, quedó demostrado que hay una voluntad del pueblo argentino de acompañar una transformación.

El debate sobre la constitucionalidad o no del Decreto de Necesidad y Urgencia, que desregula la economía, no es incumbencia ni responsabilidad de los ciudadanos, por cuanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación es quien deberá decidir al respecto.

Pero la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos", tal se denomina el proyecto "ómnibus" que Javier Milei envió al Congreso, incluye desregulaciones y reformas económicas que no se pueden aprobar mediante DNU.

En un país con un altísimo nivel de confrontación, que legisladores de diferentes partidos políticos puedan dialogar, trabajar en forma conjunta y arribar a acuerdos ofrecería un excelente ejemplo al conjunto de la ciudadanía y significaría un claro compromiso por incrementar los niveles de transparencia y por fortalecer nuestro sistema democrático.

Por el contrario, las consecuencias de no alcanzar acuerdos son enormes. Más que nunca, hoy no nos podemos permitir la paralización porque los costos de retrasar las decisiones oportunas son muy elevados.

El ministro del Interior Guillermo Francos comunicó al pueblo que "estamos en una situación de emergencia como nunca antes enfrentó Argentina. El Estado está destruido, no tiene capacidad para afrontar los problemas más esenciales que tiene que cubrir"

La situación que vive nuestra Nación no da para planteos estériles. No se construyen políticas públicas a largo plazo si no hay acuerdos para llevarlas adelante y una compresión clara de todos los estamentos de cuál es el punto de partida. Pareciera que hay sectores de la política que saben que estamos en un contexto difícil, pero no entienden la profundidad de la crisis.

La reconstrucción del país es una de las grandes tareas de nuestra época (posiblemente muchos de nosotros no veamos los anhelados resultados, pero en algún momento hay que empezar a reconstruir), ello dependerá del trabajo de cada uno de los legisladores y de la colectividad por recuperar los valores constitutivos de la democracia.