Universidad gratuita, para todos los que habitamos el suelo argentino

Ha sido una bandera de nuestro país la gratuidad de la educación, un valor en sí mismo y la más formidable herramienta de movilidad social. Nuestras universidades y la formación profesional que ellas infunden no tienen costo (salvo que se opte por claustros privados) y su ingreso es irrestricto. Es decir sin necesidad de pagar ni acreditar mérito académico previo, ni otro requisito que haber concluido la escuela media. Es una garantía ciudadana, un derecho adquirido, pero no es gratis para la sociedad que asume el costo de pagar por la formación de sus integrantes de manera solidaria. No es gratis porque estudiar implica un costo que no viene desde el Estado sino de nuestros propios bolsillos, como todos los servicios públicos.

Nuestro ingreso a la universidad pública está reglado por la Ley Nº 27.204, dictada en noviembre de 2015 y es más que amplia. El artículo cuarto de esta norma establece: “Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior”. Este régimen de ingreso es casi único en el mundo y por esa razón tenemos en proporción más estudiantes que en otros países de América Latina, lo que no quiere decir que esto se traduzca en más profesionales ya que lo grave es que nuestra graduación universitaria es muy baja, no solo cuando se compara con países desarrollados, sino también con latinoamericanos como Cuba, Colombia, Brasil y Chile. En este sentido Alieto Guadagni, miembro de la Academia Nacional de Educación dice: “Es fácil ingresar a nuestras universidades con una preparación insuficiente, por eso no se gradúan 70 de cada 100 ingresantes a la universidad estatal y 60 en las privadas.  Nuestros jóvenes ingresan mal preparados a las universidades estatales o privadas, y después de un año de estudios, la mitad de ellos no pudo aprobar más de una única materia en las estatales y un 29 por ciento en las privadas”. 

Esta es la consecuencia de un arrastre que empieza con el chico en primaria que no alcanza los objetivos, pero lo dejamos pasar. Luego en secundaria sucede lo mismo, y nuevamente lo dejamos pasar. Ir paulatinamente acortando las metas con la premisa de la inclusión, de que los niños y jóvenes no se frustren y dejen la escuela, es eso, es dejar pasar, con la idea de que en la siguiente instancia se ponga al día. Así llegan a la universidad, donde aquella meta de la inclusión -mal entendida- deviene en la peor de las exclusiones: la de no tener las herramientas para procurarse la vida y ya no estar a tiempo de enmendar estas falencias.    

En otros países como China, Ecuador y Cuba, existen exámenes de ingreso para estimular la dedicación al estudio de los estudiantes que aspiran a una graduación universitaria. Estos regímenes son parecidos a los vigentes en México, Perú, Brasil, Colombia y Chile, y también a los aplicados por los países europeos y asiáticos como, Japón y Corea. En todos los casos no hay discriminación por cuestiones económicas sino que se establecen exigencias educativas. Para ingresar a una universidad gratuita, que pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, hay que estar en condiciones académicas, las que se miden en un examen. La no aprobación deriva en dos opciones: reforzar el estudio para tomar el examen nuevamente o matricularse en una universidad privada. 

De este modo, la inversión que hace el Estado en la educación superior se ve compensada con una tasa visiblemente más alta de titulados.

Esta es la realidad, con algunas variantes, que impera en los países de la región, a la que podemos añadir una vertiente: también es una opción venir a estudiar “gratis” y sin requisitos, a la Argentina. Insistimos: “gratis” no es, hay un costo que pagamos entre todos.

Hoy son cerca de 13 mil los extranjeros que estudian “gratis” en la Universidad de Buenos Aires. Solo debieron tramitar  una residencia temporaria, que permite trabajar, estudiar y vivir por dos años en Argentina y es renovable.

En este punto cabe hacer un parate y aclarar ciertas cuestiones: el espíritu del preámbulo de nuestra Constitución, cuando enuncia “para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, es el de ser un país abierto a recibir a todos quienes quieran sumarse a este pueblo-nación, compartir sus sueños, construir su futuro y acatar sus leyes. No refiere a ingresar al país para saciar una necesidad personal y obtener un beneficio. Por eso vale diferenciar a los muchos inmigrantes que han llegado a la Argentina para procurarse aquí un futuro y aportar al futuro colectivo, que se han radicado y, como todos los nativos, pagan sus impuestos, de aquellos “golondrina” que con un estatus provisorio, sin ingresar al sistema productivo del país, toman de manera gratuita lo que necesitan y se lo llevan. En este caso, un saber, un título, una profesión. Sencillamente, no es justo.

Con las restricciones que hay en el resto de los países resulta hasta natural que en cinco años se multiplicara la cantidad de jóvenes que llegaron al país con el sueño de obtener su título universitario. A la Argentina, cada uno de estos estudiantes le cuesta 28.400 pesos al año. A todos nosotros. Por lo tanto, solo en 2016, el Gobierno destinó cerca de 360 millones de pesos en subsidiar a los estudiantes extranjeros. El porcentaje de extranjeros en la UBA se multiplicó por seis en 20 años. Guadagni explica al respecto que para entrar a la universidad en Colombia hay que dar un examen general de graduación secundaria que muchos chicos no logran aprobar. En Ecuador también hay un examen de graduación secundaria que toma el Estado. La prueba tiene un puntaje máximo de 1.000 puntos y, para acceder a las carreras de Derecho, Ciencias Económicas e Ingeniería los alumnos necesitan lograr 550 puntos. Para ser maestro o médico la exigencia es mayor: hay que obtener al menos 800 puntos. No los excluye el sistema porque pueden rendir ese examen las veces que quieran hasta ingresar, solo que deberán antes ponerse a todo con lo que será el nivel académico que enfrentarán si es que no lo lograron en el secundario. El Estado da las oportunidades pero hay que merecerlas. En Brasil a los alumnos de las clases más humildes que logran buenas notas en el secundario les dan una beca. El nivel de exigencia, a su vez, expulsa a los que quedan fuera del sistema a países como, por ejemplo, la Argentina.

Otro caso señalado por Guadagni fue el de Uruguay, que también tiene  una universidad pública abierta a los extranjeros, pero con el requisito de tener tres años de residencia previa. Además, los graduados están obligados a contribuir con una suma cercana a los 120 dólares por año después del quinto año de estar recibidos y durante toda su vida profesional.

Una cuestión es tener una universidad gratuita para los argentinos, que se financia con los impuestos que pagamos todos, incluso sabiendo que estamos solventando por estudiantes cuyas familias no son aportantes al fisco pero con el fin de facilitar la promoción social, o sea que esa familia se incorpore al sistema a través de la formación profesional de su hijo. Otra muy distinta es recibir extranjeros en nuestros claustros sin ninguna contraprestación, formando profesionales que salen de nuestras universidades y se llevan sus conocimientos a sus países de origen, donde actualmente y en el futuro pagarán impuesto, habiendo generado a nosotros el gasto pertinente para pagar su educación.

Estas son las problemáticas siempre pendientes en la Argentina, donde se confunde la inclusión con la falta de reglas y la gratuidad con los regalos sin tarjeta, dicho en lenguaje vulgar.

Se puede y se debe  tener educación gratuita, sin dudas, para los argentinos. Podemos pensar incluso en algún sistema que estandarice los conocimientos previos al ingreso de modo de mejorar los índices de estadía y graduación en los claustros, con la premisa, siempre, de que el estudiantes que realmente pretende un título lo pueda obtener con prescindencia de su poder adquisitivo. Todo lo que se haga en este sentido será una inversión para nuestra sociedad. Pero no pueden correr las mismas reglas de juego para los extranjeros no residentes en el país, porque todo lo que se va en ellos es gasto, sin ningún beneficio para la Argentina, más que ser acreedores del título a “la hermana generosa” (cuando no hay con qué) de la región.