Una situación personal y política envuelve la investigación sobre Fayt

Un conflicto con dos aristas complica a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo organismo de la arquitectura jurídica de nuestro país. Y decimos que tiene dos aspectos porque por un lado está la cuestión personal y por otro la política y ambas tienen, como veremos, similar importancia.

En principio, en el aspecto personal, el magistrado Carlos Fayt de 97 años, por medio de una acordada del Máximo Tribunal puede mantenerse en su cargo en la Corte mientras viva. Sin embargo, nadie ignora que es un lugar de muchísima responsabilidad y que se debe ejercer con experiencia como la que el alto magistrado tiene, sin lugar a dudas, pero también con una cuota de esfuerzo personal que es para poner en dudas en un hombre que casi roza los 100 años.

Fayt anunció que seguirá en el cargo, que está en condiciones de hacerlo y que desoirá las recomendaciones del Gobierno respecto de que ha llegado la hora del retiro. Más aun, con el avance tan agresivo del oficialismo pidiendo su retiro, es muy poco probable que dé un paso al costado.

Y aquí ingresamos a la cuestión política: Cristina Kirchner por imperio de las circunstancias, muertes, renuncias, vio cómo se desarmaba la Corte, muy prestigiosa armada por su marido. De modo tal que actualmente quedan cuatro jueces, un número que puede transformarse en imposible, cuando hay voto dividido. Lo ideal es cinco jueces.

La oposición se ha unido en el Senado para que el kirchnerismo no pueda imponer un nuevo miembro de la Corte, en este caso en reemplazo de Eugenio Zaffaroni, que renunció cuando consideró que había cumplido un ciclo.

El Gobierno, entonces, comienza a llevar a la Corte a una situación crítica, logrando que Fayt deje un nuevo lugar libre y que con tres ya no puedan trabajar y se habiliten los pliegos a enviar a la Cámara alta.

Ante cómo está planteada la situación, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados abrió esta semana un proceso investigativo para determinar si el juez Carlos Fayt está en condiciones psicofísicas de seguir ejerciendo su cargo. Para hacerlo, citó a declarar a funcionarios de la Corte Suprema, colaboradores del magistrado y periodistas que denunciaron irregularidades en la actividad del Máximo Tribunal. Lo que pudo trascender es que Fayt firma los expedientes en su domicilio y allí fundamenta su voto, para no trasladarse hasta la Corte, lo cual no puede ser considerado un hecho de corrupción sino de comodidad pero un indicativo de que su estado de salud le impide concurrir a debatir con sus pares. 

Es claro que no se trata de un juicio político sino de una investigación destinada a determinar el estado de salud del juez. Solo si como resultado del proceso se determinara que el magistrado perdió la idoneidad se resolvería el próximo paso. Pero el kirchnerismo no cuenta con la mayoría requerida de dos tercios de los votos para tomar resoluciones sin acuerdo de otras bancadas. La oposición, por su parte, rechazó la medida y denunció que se trata de un procedimiento ilegal para presionar a la Corte Suprema. De todos modos, si el resultado de la investigación es negativo en cuanto a las condiciones de Fayt para seguir en el cargo, de cara a la sociedad -que está imbuida en este tema- la oposición deberá reconsiderar su posición. Una cosa es hacer política a fuerza de alzar o no la mano en el recinto y otra es afectar el normal funcionamiento del máximo órgano judicial, garantía de todos los argentinos. 

Además de las 13 citaciones, que incluyen a los periodistas que dijeron haber entrevistado a Fayt en su casa la semana pasada, se dispuso la realización de un peritaje caligráfico sobre la firma del juez en la acordada del 21 de abril. En ese documento, por el cual se aprobó de manera anticipada la reelección de Ricardo Lorenzetti en la presidencia del tribunal para el período 2016-2019, se afirma que Fayt participó del acuerdo pese a que en realidad estaba en su domicilio. Este es uno de los casos en los cuales el magistrado no concurrió y se teme que algún colaborador o familiar, a su pedido o sin su permiso, pueda hacerle la firma.

Entre las medidas, para las que todavía no se fijó fecha, no se incluyen la realización de un examen médico a Fayt ni la citación del juez. El Frente para la Victoria no quiere someterlo a un proceso abusivo, argumentaron. Otros diputados oficialistas explicaron que en realidad se descartó esa medida porque la comisión no tiene herramientas para concretar los estudios si Fayt se niega a colaborar.

El listado de testigos convocados incluye, entre otros, al secretario general de la Corte, Jorge Kraut; los secretarios letrados, Cristian Abritta, Pablo Hirschmann, Cecilia Hockl, Gisela Dambrosi, Marcos Morán; al chofer de Fayt, Mario Degamba; los integrantes de la Secretaría Privada de Fayt, Adriana Vázquez y Rosario Horno; el periodista de Página 12 Horacio Verbitsky; la periodista de CN23 Ana Vainman, y los periodistas del programa Gente de Derecho, de Radio América, Leonardo Scolpatti y Sergio Paz.

La Constitución establece que los jueces que superan los 75 años deben recibir un nuevo acuerdo del Senado, para poder seguir en el cargo, porque ya se considera edad avanzada. En otros países hay límites de edad más estrictos para la finalización del mandato de los magistrados y que existían indicios de que Fayt no estaba asistiendo a la Corte. Estos son los argumentos del oficialismo para iniciar esta investigación y advirtieron que no ponen en duda la trayectoria ni honorabilidad del magistrado, sino que quieren corroborar las capacidades y habilidades de quien en su carácter de integrante de la Corte Suprema es llamado a decidir sobre las causas de mayor trascendencia institucional del país.

El que abrió el fuego opositor fue Pablo Tonelli (PRO). Sostuvo que, de acuerdo con el reglamento, la comisión solo puede abrir investigaciones ante pedidos concretos de juicio político y que, como en este caso no hay ningún pedido, la comisión no está facultada para disponer medidas de prueba. 

Mario Negri, presidente del bloque radical, sumó argumentos para sostener la ilegalidad del procedimiento: dijo que el expediente en tratamiento está caído porque es del año pasado. Garrido advirtió que el oficialismo apelaba a un eufemismo para enjuiciar a Fayt. 

El oficialismo respondió las objeciones reglamentarias sobre la base del artículo 90 del reglamento de la Cámara, que, además de facultar a la comisión para los casos de juicio político, le atribuye competencia para investigar las quejas y denuncias que se presenten contra los magistrados.

Lo cierto es que en la comisión legislativa el oficialismo se impuso con amplia comodidad y la investigación seguirá adelante. No sabemos ante esta situación qué temperamento tomará el doctor Fayt que, por sus dichos, se mantiene firme como miembro de la Corte Suprema.

Una situación personal y política, como decimos, que se ha tornado insólita, como tantas cosas en la Argentina, donde el sentido común siempre pierde a manos de intereses particulares.