Una oportunidad para que la escuela no marche a la deriva

Luego de un año sin clases presenciales, la vuelta a las aulas generó no solo expectativas en las familias, sino en el conjunto de la sociedad que observa con atención el curso de una dinámica novedosa, propia de la situación excepcional que plantea la pandemia. Al mismo tiempo motivó posicionamientos políticos y puso el debate sobre la educación en el centro de la escena, porque en tiempos de Covid, la gestión de la escuela fue y es compleja. La dificultad y la incertidumbre de abrir las aulas no son un problema argentino-, aunque el país exhibe el triste privilegio de haber sido de los pocos que clausuró por completo la actividad presencial durante todo un ciclo lectivo con las lógicas consecuencias de esta decisión en términos educativos y sociales y con las consabidas dificultades que ocasionó la tarea de construir la escuela virtual en casa.

Más allá del recelo que genera el regreso y de las dudas que motiva el hecho de aprender a funcionar en burbujas y sujetos a estrictos protocolos para preservar la cuestión sanitaria, lo que compromete el ciclo escolar son políticas que deben implementarse para que el funcionamiento de las escuelas no recaiga solo en la responsabilidad individual de padres, niños y maestros. Tanto la continuidad pedagógica como la apertura de las escuelas involucran políticas estatales activas que, de ningún modo, deben descansar en las espaldas de docentes, directivos y familias.

Ya con el aplauso a médicos y enfermeras ha sido suficiente para marcar el gusto que la dirigencia parece tener hacia las conductas heroicas sin dotar a los sistemas del sostén necesario.

Lo que transforma a la escuela en escuela va más allá de abrir las puertas y recibir a los alumnos. Y lo que la pandemia ha desnudado son profundas desigualdades que no se resuelven pidiéndole a cada docente que se haga cargo de conducir la situación epidemiológica hacia buen puerto. Ni los directivos son epidemiólogos ni los docentes son médicos. Conocer a su comunidad como la palma de la mano no alcanza para garantizar las condiciones sanitarias mínimas, para que la vuelta a clases no represente un salto al vacío con indeseables consecuencias en el corto plazo.

Mirar de cerca las desigualdades, acompañar el proceso con políticas eficientes y con un alto grado de responsabilidad dirigencial, son elementos indispensables en este tiempo de la historia en el que era imprescindible volver a las aulas. Que la experiencia resulte exitosa requiere de una mirada realista sobre la infraestructura escolar, las variables socioculturales que atraviesan el proceso educativo y las condiciones mismas del trabajo docente.

Nadie puede desconocer que la pandemia sumó desigualdades a las ya existentes y, en medio de ellas, enseñar y aprender se volvió una tarea titánica. Haber comenzado las clases con un esquema presencial no resolvió esas dificultades. Todo el mundo sabe que la infraestructura escolar es una de las formas de exclusión menos reconocidas pero más acuciantes. De esa fragilidad vienen haciéndose cargo las escuelas desde hace muchos años. Para muchas, volver a la presencialidad implica saber que la provisión de elementos de cuidado deberá surgir de rifas o del aporte solidario de los propios docentes, colectas y donaciones que se sumarán a las que desde hace año vienen realizando para poder contar con los elementos necesarios.

Si bien ese parece ser el problema de las escuelas de gestión estatal, la problemática no es exclusiva de la escuela pública. En los establecimientos de gestión privada, aunque con otros recursos, con un promedio de más de 30 alumnos por curso también adolecen de espacios apropiados. Otro capítulo es el riesgo que representan los docentes que para garantizarse un sueldo digno, deben ir de escuela en escuela con lo que implica ello en términos sanitarios.

Y si la infraestructura edilicia es la gran debilidad y las condiciones del trabajo docente una realidad gritada a voces por toda la comunidad educativa, la experiencia de la virtualidad de cara a la concepción de un sistema híbrido tampoco ha sido mejor y faltan aún elementos para evaluarla.

Lo que intenta describir este comentario son apenas fotos de una realidad que no se acaba en este inventario y que no hay que esconder detrás de discursos grandilocuentes que hablan del regreso a la presencialidad como una batalla ganada. La lucha es de todos los días. Y en este contexto, trasladar la responsabilidad de la vuelta a clases a las escuelas, es un acto de destrato que pone en evidencia el lugar que el poder le da a la educación. Padres y maestros transformados en agendas vivientes para ajustar horarios y adaptarse a las renombradas burbujas no resultan un recurso suficiente para garantizar la salud en el proceso educativo. La convocatoria a la épica puede resultar atractiva y motivar al compromiso, pero ir a clases y dar clases requiere de mucho más. De lo contrario lo que se hará es resentir aun más una institución golpeada, a la que cada vez se le pide más sin la contraparte de la inversión y el debate serio.

Hoy, con las escuelas abiertas, el debate debe seguir vigente. Hay que detenerse a pensar, preguntarse por las condiciones que deben garantizarse para que el proceso educativo en la presencialidad sea algo más que un acto de buena voluntad.

Sin demoras y en la coincidencia de que la educación es el camino, debe instalarse el tema educativo en la agenda pública, no ya para reclamarle a la escuela que haga, sino para hacer por ella para que no siga marchando sola y a la deriva.