Una olla a presión (impositiva)

La Argentina sufre una disminución de su producción sojera, que pasó de los 60 millones a los 46 millones de toneladas de producción anual. En tanto, el maíz ha crecido en volumen pero, teniendo en cuenta el valor de cada grano, el balance resulta francamente perdidoso. Las fábricas de Rosario industrializadoras de la leguminosa están operando al 60 por ciento de su capacidad. Es decir la coyuntura mundial, invasión rusa mediante, es altamente demandante de alimentos y los precios de estos commodities, respondiendo a las leyes del mercado, han llegado a niveles récord favoreciéndonos en nuestras exportaciones, que llegarían en este año a los 90.000 millones de dólares en razón de los precios alcanzados y a pesar de la disminución del volumen exportado.

Ante este excelente panorama de demanda mundial solo podemos exhibir la disminución de nuestra producción sojera del orden del 23 por ciento y de nuestra producción y exportación agraria en general.

El fraccionamiento de la exportación de carnes ha significado una tendencia a la disminución del rodeo nacional, resultado esperado ya que en la experiencia anterior se perdieron 12.000.000 de cabezas.

Esta marcada disminución es consecuencia directa de las medidas del Gobierno nacional. La presión impositiva en general -retenciones en particular-, desdoblamiento del dólar oficial y medidas restrictivas a la exportación de carnes y trigo explican las tendencias.

La nueva ministra ya ha enunciado un revalúo inmobiliario como camino para elevar el impuesto Inmobiliario en todo el país, además de incrementar en consecuencia también el impuesto a los Bienes Personales. Este no es el camino. La presión impositiva creciente apaga paulatinamente el desarrollo productivo y comercial sumiendo a la sociedad en crisis de pobreza y desocupación. Si por el contrario la actitud oficial fuera estimular la producción disminuyendo las cargas impositivas y desregulando la operatoria comercial y exportadora, se lograría un crecimiento robusto y exponencial de la producción agropecuaria y con ella crecería por los mayores volúmenes la recaudación del fisco. No se conocen ejemplos de desarrollos económicos en los que la presión fiscal fuera tan alta como la nuestra; en cambio, los países que han salido de su pobreza, lo han hecho sobre la base de estímulos, desregulaciones y apertura. Es extremadamente preocupante que la Argentina, productora natural de alimentos, deje pasar esta nueva oportunidad en que la demanda mundial y los precios de nuestros productos son récord.

Si lo que todos –gobierno y pueblo- queremos es generación de empleo (que además de dignidad, genera riqueza en la sociedad y para el Estado), lo último que debiera hacerse es cargar de impuestos al sector productivo. Recordemos que Pymes y explotaciones agrícolas medianas y pequeñas son las que generan el 80 por ciento de los puestos de trabajo.

Hablar de impuestos en Argentina sirve como ejemplo para todos los países de la región. Un claro ejemplo de lo que no hay que hacer.

Quienes viven en Argentina conocen la existencia del impuesto a las Ganancias, el impuesto a los Bienes Personales, el IVA, los impuestos por créditos o débitos en cuentas bancarias y las cargas sociales vinculadas a los contratos de trabajo.

También, estimo que la mayoría sabe que existen impuestos internos que pagan, por ejemplo, al adquirir productos como tabaco, bebidas alcohólicas, vehículos o productos electrónicos. O los inventos de los últimos años: el impuesto PAÍS, que se aplica sobre la compra de moneda extranjera o el Aporte Solidario a las Grandes Fortunas.

Lo que, tal vez, no todos saben es que en Argentina hay otros impuestos nacionales, provinciales y municipales que provocan un listado interminable de tasas y que incrementan los valores de todo lo que se consume en el país, empobreciendo a los pagadores de impuestos y quitando toda competitividad posible al país. 

Por ejemplo, hay impuestos inmobiliarios; impuestos para quienes apuestan o realizan sorteos; derechos de cementerios; impuesto al ejercicio de profesiones liberales; gravámenes sobre estructuras, soportes o portantes de antenas; un Fondo Social de Reactivación Productiva que le suma a Ingresos Brutos una alícuota extra para solventar medidas de reactivación. Y más: impuesto a la venta ambulante, al uso de instalaciones municipales, al uso de playas y riberas, a la plusvalía urbanística y al servicio de inspección veterinaria, entre otros.

Si se cansaron de leer esa enumeración, imagínense lo que es pagar todas esas tasas. Imaginen lo que es invertir o producir en el país. Lo que cuesta consumir. Lo que cuesta, en definitiva, tener más de 160 impuestos, entre gravámenes nacionales (43), provinciales (39) y municipales, que según el caso pueden llegar hasa 85.

Para peor, es un número que varía año a año. Porque para eso sí se ponen de acuerdo nuestros legisladores: para votar nuevos gravámenes que, entre otras cosas, sostengan sus sueldos y prebendas clientelísticas. De hecho, durante la presente gestión presidencial, se crearon o aumentaron 18 impuestos. Y los resultados están a la vista.

Así es como los argentinos que trabajamos, lo hacemos para pagar impuestos. Si tu horario laboral es de 9:00 a 18:00, recordá que hasta las 14:25 vas a trabajar para pagar impuestos. 

Los argentinos trabajan la mitad del tiempo para pagar impuestos. Recién después, trabajan para su consumo, para su vida, para su placer. Para su ahorro, ¿qué era eso?

El problema de Argentina y su presión tributaria tiene que ver con lo que le cuesta al argentino esa presión, que no es igual a la que siente un suizo, un alemán o incluso un español. El esfuerzo fiscal es demoledor en una sociedad que no tiene resueltos problemas como vivienda, salud, movilidad y empleo, y en muchos casos tampoco la educación.

La solución no es fácil, ni rápida, pero por algo hay que empezar: bajar los impuestos. Bajar la cantidad (es inviable un país con 160 impuestos) y, además, la intensidad de esas alícuotas.

En los últimos años, muchos argentinos (pero también muchos residentes de Chile, Bolivia, México y Perú, entre otros países de la región) vienen consultando cada vez más seguido por alternativas sobre dónde residir o al menos dónde mudar sus empresas. La respuesta a esto es una sola: el crecimiento del populismo en los gobiernos o en los palacios legislativos, la sumatoria de impuestos y leyes que hacen que cada vez se paguen más alícuotas y se produzca menos (léase menos fuentes de trabajo y menos recaudación y más asistencia de parte del Estado). Inflación, desocupación, pobreza, inseguridad. Ya lo vimos. Lo vemos cotidianamente. La salida, en demasiados casos, es la misma: el aeropuerto internacional del país de que se trate.

Si una persona está tranquila en su país porque paga un nivel razonable de impuestos y sabe que la ley se aplica correctamente, es decir, que vive en un país con seguridad jurídica, no va a buscar otro lugar donde vivir o donde poner su dinero. Si, en cambio, una persona vive en un infierno tributario (caso Argentina), va a apelar a una alternativa mejor: sea mudarse o sea proteger sus activos con estructuras en países de baja o nula tributación.

La base de todo parece ser la misma: los impuestos. Pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?