Una Justicia lenta para quienes estuvieron en el poder

El juicio por los sobornos en el Senado de la Nación para que los legisladores votaran la ley de flexibilización laboral sigue su curso, pasados trece años de los sucesos. 

La verdad, dado el tiempo transcurrido, se hace necesario explicar –a la par de las novedades judiciales- lo que pasó. No porque no tuviera importancia en su momento sino porque estos juicios que tardan más de una década generan la sensación de una Justicia atemporal y suelen llegar a instancias clave cuando se está viviendo otra realidad política y ya nadie recuerda los pormenores de aquellos acontecimientos.

El responsable político del affaire, Fernando de la Rúa, escuchó cómo la fiscalía pidió que sea condenado a seis años de prisión por haber ordenado, siendo presidente de la Nación, el pago de sobornos por cinco millones de dólares hace 13 años a senadores justicialistas con el fin de aprobar la ley laboral. La fiscalía consideró un agravante el modo en que se defraudó la confianza pública con una operación que involucró al Poder Ejecutivo y el Judicial.

La fiscal Sabrina Namer pidió que sean condenados a la misma pena de seis años el exjefe de la Side de De la Rúa, Fernando de Santibañes, y los exsenadores peronistas Augusto Alasino, Remo Constanzo y Alberto Tell.

Para Mario Pontaquarto, exsecretario parlamentario “arrepentido” que confesó haber sido el “valijero” de la operación y que dijo haber repartido los sobornos, la fiscalía pidió que sea sentenciado a un año y medio de prisión en suspenso. Pidió unificar esta pena con otra anterior que recibió por no rendir unos viáticos en el Senado en tres años de prisión en suspenso.

Además, la fiscalía pidió que el exministro de Trabajo de De la Rúa, Alberto Flamarique, y el exsenador Ricardo Branda sean absueltos por no haber fundamentos para acusarlos. Así, sin acusación, ambos tienen ya asegurada la absolución.

De la Rúa, a través de sus abogados Valeria Corbacho y Jorge Kirszenbaum, rechazó el pedido de condena por “absurdo y carente de todo fundamento”. Y destacó que los pedidos de absolución de Flamarique hacen caer la frase atribuida por Hugo Moyano al exministro de Trabajo, cuando supuestamente dijo: “Para los senadores tengo la Banelco”. 

La fiscalía concluyó su alegato con un ruego a los jueces del Tribunal Oral Federal N° 3: “No les pedimos gestos heroicos, no les pedimos nada raro. Sólo que apliquen la ley”. Y les recordó “la importancia de una condena para evitar hechos similares”. Esto que siempre mencionamos del efecto ejemplificador y disuasivo que tiene una Justicia que funciona. A todo nivel de delincuencia, es imposible saber cuántos crímenes se evitarían si los perpetradores tuviesen respeto y temor al accionar de la Justicia. Seguramente muchos. La realidad es que hoy, quien delinque, al tiempo que lo hace ya sabe cómo eludir el brazo de la ley, recostándose en atenuantes y otros vericuetos judiciales.

La defensa de De la Rúa en algún momento hasta intentó culpar a los Kirchner de haber “fabricado” el tema de los sobornos. Pero la fiscal fue clara al decir: “Es un delirio pensar que el expresidente Néstor Kirchner hubiera planeado dos años antes de ser presidente una maniobra de este tipo, infiltrando a la Side. Si la declaración de Pontaquarto fue armada por la Side, ¿cómo es que quedaron constancias de la visita del exsecretario al organismo?”, se preguntó la fiscal. La verdad que como argumento de la defensa fue muy pobre imaginar que mientras Kirchner era gobernador de Santa Cruz iba a preparar una jugada a De la Rúa para desacreditarlo. En esos años, el expresidente ni siquiera tenía un acuerdo con Eduardo Duhalde para ser presidenciable. Por el contrario, Duhalde esperaba la caída de De la Rúa para sucederlo, como efectivamente sucedió.

La fiscal Namer basó su acusación contra De la Rúa, de quien dijo que “prometió” el pago de los sobornos, en que mantuvo una reunión en la Casa de Gobierno con los senadores el 30 de marzo de 2000. Dijo que es inverosímil pensar que se pagó sin que él lo supiera. “Implicaría pensar que no estaba en pleno uso de sus facultades mentales, lo que no se condice con la agudeza que demostró en este debate”, dijo.

A la confesión de Pontaquarto, que resulta convincente por los detalles que dio sobre la Casa de Gobierno y el despacho presidencial, la fiscalía sumó las constancias de su ingreso a la Side el día en que supuestamente recogió el dinero de las arcas del organismo de inteligencia.

Además, mencionó que esa jornada hubo llamadas con la secretaria de De Santibañes, Gladys Motta. También que ese día del pago hubo 11 comunicaciones o intentos de establecerlas, entre la oficina de De Santibañes y el fallecido senador José Genoud, mencionado como el coordinador del pago.

La fiscalía cree que la confesión de Pontaquarto –que se sumó cuando ya estaba iniciada la causa, lo que le valió el mote del “arrepentido- viene a llenar espacios que habían dejado otras evidencias que estaban desde antes en el expediente, como los testimonios de Joaquín Morales Solá, que dijo saber por tres senadores que se pagaron sobornos, o el relato de la embajadora Alicia Castro, que testificó sobre una conversación que mantuvo con el periodista en este sentido.

Como agravantes, la fiscal mencionó que los acusados hayan defraudado la confianza de los votantes y el ánimo de lucro que dijo que tuvieron los senadores a los que acusó de recibir los sobornos. No descartó incluso que hubieran sido más los acusados, y Namer mencionó al fallecido senador Angel Pardo.

La realidad es que en la Argentina los casos de corrupción, tanto los que involucraron a Carlos Menem, como los que ahora se debaten por Fernando De la Rúa, demuestran cuán lejos hay que estar del poder para que sean juzgados. 

No habla bien de la Justicia que haya que esperar trece años para una investigación cuyas pruebas están prácticamente sobre la mesa desde el primer año de iniciada la causa.