Un nuevo escenario para el reclamo por nuestras Malvinas

La soberanía británica sobre las Malvinas es una absurda resaca imperial que debe terminar". La frase pertenece al periodista británico Simón Jenkins y está en sintonía con lo que planteó la resolución 1514 de la Asamblea de la ONU cuando remarcó "la necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al colonialismo en todas sus formas y manifestaciones". Ahora, una declaración conjunta de la Unión Europea y de los 33 países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) empleó el nombre Malvinas para referirse a las islas, reconociendo la posición del bloque latinoamericano frente al reclamo argentino de soberanía.

La frase de Jenkins fue publicada con su firma, en abril del año pasado, en una columna de opinión del diario británico The Guardian. La resolución de Naciones Unidas es de 1960, es decir, fue aprobada dos décadas antes del conflicto en el Atlántico Sur. Resulta interesante la línea argumentativa que sostiene Jenkins, sobre todo, cuando observa que "la forma en que Londres plantea el tema de la autodeterminación es una especie de pista falsa".

"Los isleños no son autónomos, ya que dependen de la buena voluntad de Gran Bretaña para su seguridad. Gran Bretaña se deshizo efectivamente de Adén, Diego García y Hong Kong cuando convenía al interés nacional", recuerda el periodista británico. Luego, se pregunta: ¿no podría Gran Bretaña superar la hostilidad? ¿No podrían los dos países, ambos ahora democracias, volver al menos a los acuerdos de comunicación de las Malvinas de la década de 1970?

Vale recordar que, conforme a lo que establece la resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el principio de la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de las Islas Malvinas, por la sencilla razón de que se trata de una población implantada por una potencia colonial que usurpó el archipiélago mediante el uso de la fuerza en 1833, expulsando a las autoridades argentinas que cumplían funciones en las islas. Es un claro caso de violación de la integridad territorial de nuestro país.

En marzo de 2017, cuando el Reino Unido comenzó a desandar el camino para salir de la Unión Europea, distintos analistas de política internacional coincidieron en señalar que esa decisión, adoptada en forma voluntaria y unilateral por los británicos, abría las puertas a un nuevo escenario en la disputa que Argentina mantiene con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas. No se equivocaban.

A la luz de la declaración emitida al término de la cumbre en Bruselas, el cambio de estatus del Reino Unido respecto al bloque regional europeo significó una modificación en las relaciones de fuerza en la arena diplomática. Es que tras la salida de Londres de la Unión Europea, el acompañamiento de los países de ese bloque a la posición británica ya no tiene la misma consistencia.

Es que ahora cada una de las naciones europeas tiene luz verde para adoptar una posición individual frente a la controversia por el archipiélago, sin las obligaciones impuestas por el bloque, y algunos incluso podrían hacer valer su posición anticolonialista, como España, que mantiene un viejo reclamo territorial por Gibraltar. De manera que el reclamo argentino para que se cumpla con lo que exige Naciones Unidas -que los británicos se sienten a negociar sobre la soberanía de Malvinas- comienza a sumar más adhesiones. No es casual que los habitantes de Malvinas desde un primer momento hayan rechazado el Brexit.

De todos modos, todavía falta mucho camino por recorrer con el reclamo de soberanía que la Argentina lleva adelante por las Islas Malvinas para poner fin a una usurpación del Reino Unido que viene desde 1833, en una situación que ha sido calificada como un colonialismo anacrónico por la mayoría de las naciones que apoyan la posición argentina. En el escenario internacional actual, caracterizado por incertidumbres y tensiones crecientes, nuestro país enfrenta, una vez más, el enorme desafío de sumar apoyo internacional a la causa Malvinas a partir de los antecedentes históricos y jurídicos que fundamentan la defensa de los intereses nacionales.

La diplomacia argentina debe continuar con su paciente trabajo para demostrar que la presencia del Reino Unido en las aguas del Atlántico Sur es ilegal y, a la vez, recordar en todos los foros que la recuperación de la soberanía sobre este sector de su territorio, siempre conforme al derecho internacional vigente, constituye un objetivo irrenunciable.