Un Estado más creativo y plantado en el Siglo XXI

Hay para el Gobierno problemas heredados y problemas propios. Se subestimó la crisis o se sobrestimó la capacidad para resolver la crisis. El país estaba mal en 2015 y no está mejor ahora. Se hizo lo que se debía hacer para que Argentina fuera un país confiable para los mercados otra vez y los mercados nos dieron un cachetazo. ¿Qué falló entonces? ¿Hay además de errores alguna “mano negra” activando esta megadevaluación?  Porque las crisis en nuestro país, por más que sean económicas siempre tienen por detrás a la política en su versión más baja: la que ansía que al gobierno de turno le vaya de mal a peor para ganar espacio de poder por defecto.

Lo único cierto es que aquí estamos, en medio de un río fangoso y con dos opciones: volver a la orilla o cruzar hasta llegar al otro lado. Y un nuevo interrogante: ¿qué hacer de la Argentina una vez que estemos del otro lado? ¿Cómo crecer? ¿Cómo generar desarrollo productivo? Siempre ahogado por la coyuntura, no hemos escuchado aún cuál es el plan estratégico, a muchos años vista, que propone este gobierno. De ello depende, en parte, recuperar la confianza del mundo inversor. Pero primero hay que salir de dónde estamos.

Arrastramos casi tres años de un insostenible agujero fiscal financiado con un endeudamiento en dólares igualmente insostenible. Ahora estamos en camino a achicar ese déficit; los gobiernos provinciales hicieron lo suyo, se sinceraron tarifas para prescindir de subsidios y todavía resta que Nación haga un poco más. Por ejemplo, achicando las estructuras ampliadas con esta gestión, una caterva de ministerios y oficinas de nombres extraños que se sumaron a un Estado que ya era elefanteásico. O sea, por un lado se redujeron nóminas sobredimensionadas de funcionarios pero por otro se adosaban nuevos.

El tema es que tocar las estructuras del Estado por un lado oxigena el gasto pero también pueden achicar los ingresos ¿Por qué? Porque en nuestro país, lamentablemente, de cada 100 asalariados 54 son empleados públicos, por lo tanto achicar una oficina del Estado tiene más incidencia en el consumo interno que el cierre de una fábrica.

Lo ideal, para la salubridad de la gestión que termina en 2019 y la de los ciudadanos, sería que se llegue a los objetivos no a fuerza de ajustar hasta el ahogamiento sino merced a que el Estado mejore sus ingresos. Pero aquí surge otro escollo: ¿cómo mejorarlos si la actividad económica es recesiva? Y ni pensar en que subir las alícuotas o crear nuevos impuestos sea una alternativa, desde ya que no. ¿Entonces?

Primero, lo de siempre: agudizar los controles, para que todos los que están realizando actividades económicas paguen al Fisco y a la seguridad social lo que es debido, de manera también que la carga sea pareja para todos.

Y segundo, el Estado debe estar allí donde está la actividad. Por eso necesitamos un Estado que se plante en el Siglo XXI, un Estado 2.0. Si la gente cambió su forma de comercializar, el Estado debe cambiar su manera de recaudar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Hoy la realidad no tiene una sola lectura: si un negocio cierra sus puertas, no necesariamente implica que cesó sus actividades. Por la crisis o para ampliar su llegada al consumidor, muchos comerciantes y prestadores de servicios prescinden de tener un local a la calle y optan por comerciar on line.

Claro que hay un ahorro significativo en costos fijos como alquiler y servicios, eventualmente también de empleados. Por eso es una opción para continuar en actividad en tiempos de crisis como el presente. Pero también es una tendencia que ya se consolidó la de transar comercialmente on line. Es decir, hay gente que directamente empieza su actividad en esta vía. Por costos y por alcance. Desde un ambiente de su casa puede estar vendiendo su producto al mundo, no solo al transeúnte de Pergamino, y con un exiguo costo fijo.

Hay una parte de esta actividad que está registrada, especialmente cuando se trata de plataformas de ventas de comercios ya inscriptos. Pero está lejos de ser la totalidad de las transacciones que se realizan en la red.

Allí el Estado está totalmente ausente; no solo se está perdiendo de recaudar lo que le corresponde sino que además, por omisión de su tarea, está perjudicando seriamente al comerciante tradicional que sufre la deslealtad comercial de quien, ofreciendo los mismos productos, no paga los costos impositivos.

No es una obligación pagar un alquiler ni tener empleados para ser comerciante, pero sí lo son los impuestos que alcanzan al comercio. Por tanto quien opta por estar on line puede “ahorrar” con lo primero, más no “robar” (al Estado, por ende a sí mismo) con lo segundo.

La manera de comprar se ha revolucionado en esta era digital y la población utiliza la vía de Internet por las ventajas que ofrece, tanto para vender como para comprar. Los mejores precios son un motivo para que la gente se vuelva a las redes pero estos tendrían que relacionarse con la ausencia de ciertos costos operativos, no con la evasión impositiva.    

El Gobierno debe evaluar y valorar los impactos y lagunas que provoca la actividad comercial on line. Debe hacerse presente. No para impedirla; ya hablamos en otras ocasiones sobre que no se puede tapar el sol con la mano cuando nos referimos a Uber o Farmacity. Hablamos de que acompase estos procesos de cambio social, con leyes y con mecanismos de control acordes que, dicho sea de paso, son ahora más sencillos. Ya no es necesario sacar cuadrillas de “sabuesos” de la Afip a las calles para inspeccionar sino que basta con que se haga un seguimiento exhaustivo desde computadoras en las propias oficinas.

Tal vez estamos asistiendo al fin de los negocios, con vidrieras, probadores, gente atendiendo, o casas de comidas donde se puede olfatear el aroma de lo que vamos a pedir. No lo sabemos, pero que la actividad está mutando es una realidad incontrastable de la que el Estado aun no se anotició, porque la mayoría de lo que se ve en las redes sociales es totalmente en negro. Piense usted lector cuántas invitaciones recibe por día en sus redes sociales de nuevos emprendimientos, ofertas de servicios, compra venta de objetos. Ahora imagine cuántos de ellos están debidamente inscriptos en la Afip y en Arba. Prácticamente nadie. Y no es justo, para nadie. Así no hay comercio tradicional que resista ni Estado que pueda mejorar su índice de déficit sino a fuerza de ajuste.

En las crisis hay que ser asertivos, eficientes pero sobre todo creativos. Los comerciantes lo están siendo, el Gobierno no.