Un costo político que no es tal

La ley ya está vetada”, dijo lacónico Marcos Peña en la mañana de ayer, al confirmar que el presidente Mauricio Macri rechazó de inmediato, ni bien lo recibió del Senado, el proyecto de tarifas que aprobó en la madrugada de ayer la oposición. Ahora falta su publicación en el Boletín Oficial. Mientras tanto ayer el mismo presidente desde Salta envió un mensaje al país, reafirmando el veto para la ley que ponía límites a los incrementos en las tarifas y apuntó contra la oposición, al asegurar que “no se puede hacer algo así tan irresponsablemente”. Y puso en cifras las implicancias de la jugada política de la oposición, graficando que, por ejemplo, aplicar la iniciativa supondría “suspender la Asignación Universal por Hijo el resto del año; parte de las jubilaciones; suspender las obras que tenemos en todo el país, que vienen a traer agua potable, cloacas, rutas, mejoras de aeropuertos, energía, obras hídricas para evitar inundaciones”.

¿Alguien en la Argentina puede razonablemente decir que está sorprendido por la decisión de Macri? Obviamente que no y esta cuestión no es menor porque tiene directa relación con el dichoso “costo político” que el veto le dejaría al Gobierno. Precisamente porque un tema tan meneado, donde se les vieron los hilos a todos los sectores políticos, en la medida que buscaban estrategias para salir bien parados del espinoso asunto, le fue quitando poder de fuego a este “costo” que se pagaría por el veto a una ley que, desde el minuto uno se sabía que sería rechazada.

No quiere decir esto que el ciudadano de a pie esté contento de pagar los tarifazos, pero en todo caso el costo político que paga el Gobierno con los sectores medios y las Pymes, se produjo cuando se dio el nuevo cronograma de incrementos de servicios públicos, porque la realidad es que nadie quiere pagar lo que es caro, aun cuando sea el costo real que tiene. Pero de ahí a que haya un costo extra por el veto, no parece ser el clima cierto. De hecho, en la mesa chica de la gestión vienen diciendo desde hace rato que ese costo ya está pagado y que por eso anularían la norma, que además de contener vicios anticonstitucionales (ya que el Congreso no interviene en cuestión tarifas), es impráctica y los mismos legisladores que la promovieron y votaron siempre lo supieron, solo se limitaron a darle un uso político a su tratamiento. En consonancia con esta premisa, es que a partir de ahora, la situación va a usarse -de hecho ya se ha comenzado a hacer- hasta el hartazgo para generar algún que otro conflicto. Hoy llega la Marcha Federal a Buenos Aires, la CGT se reúne para llamar a un paro general y las redes sociales están incendiadas. Porque lo que está buscando la oposición es que el veto se transforme en el inicio de una profundización de la batalla electoral, rumbo a 2019.

Por su parte, y en la cuestión técnica, la ley fue vetada porque -como se indica más arriba- no respeta el mandato constitucional del Parlamento. Como ya lo han dicho muchos gobernadores, incluso de la oposición, no es facultad del Congreso fijar tarifas. Según el jefe de Gabinete, la iniciativa “va en contra del federalismo y atenta directamente contra los intereses de las provincias. Nosotros no podemos permitirlo”. Y también dijo que la ley “es irresponsable porque no fundamenta de dónde se paga aquello que se votó”.

Con el diario del lunes podemos afirmar que el mensaje de Mauricio Macri sacando a relucir el fantasma de Cristina Kirchner respecto del voto opositor en el Senado, terminó en enojo contraproducente en el peronismo que sintió que pretendían manipularlo y se unió más en el voto a favor de una ley que, en realidad, nació del Frente Renovador de Sergio Massa y no del kirchnerismo.

Pero el conflicto desde el ángulo político, detrás del aumento de las tarifas no comenzó con el peronismo, que terminó subiéndose a una ola que ya estaba generada, sino del mismo seno de Cambiemos, por iniciativa de Elisa Carrió y Alfredo Cornejo, socios de la coalición. Quizás porque se asustaron por el impacto que tendría el último tarifazo y urdieron la fallida estrategia de jugar a ser “oposición dentro del oficialismo”. La legisladora lanzó un pedido de informes a las prestadoras de servicios para ver si estaban haciendo mejoras con los fondos de los aumentos y criticó duramente los nuevos precios de las tarifas. Detrás salió el jefe del radicalismo y puso el grito en el cielo por los nuevos incrementos. La idea, se sospecha en los ámbitos del poder, es que ambos creyeron que si ellos mismos criticaban dejaban a la oposición sin argumentos.

La realidad les golpeó en la cara, porque el peronismo, el massismo y la izquierda en el Parlamento se sintieron más empujados que nunca a salir a combatir el aumento de tarifas y hasta lograron una unidad de criterio y de votos por primera vez desde que asumió el macrismo, como para llevarlo a una derrota legislativa en ambas cámaras.

Ahora bien, si el nuevo escenario va a marcar un parlamento opositor de acá a las elecciones 2019 o por el contrario, el Gobierno volverá a tener diálogo con algunos sectores de legisladores para avanzar en otros asuntos pendientes, es muy pronto para decirlo. Porque otra cuestión puntual que quedó ampliamente demostrada, sobre todo en el Senado, es que los gobernadores al fin, hacen su propio juego y/o se hacen los distraídos y/o prometen y no cumplen.

En fin, todo dependerá del manejo que tenga la nueva mesa política de conducción que armó el macrismo, en una vuelta de tuerca al sesgo muy cerrado que había tomado la gestión, tras el triunfo de las elecciones de medio tiempo.

Lo cierto es que el efecto político no excede a una derrota parlamentaria que, si bien mostró la capacidad que tiene la oposición unida, también sirvió para exhibir, guste o no en este caso, un sesgo de coherencia en el Gobierno, entre lo que es procedente hacer y lo que se hace, algo que muchas veces es dejado de lado por hacer un juego político electoralista.