Tsunami anticorrupción en la Policía

Graves irregularidades, algunas que siempre se supieron y nada se hizo y otras se sospecharon y nunca se investigaron, terminaron por salir violentamente a la luz en los últimos meses sobre los negocios y cajas negras de la Policía Bonaerense.

Una de las millonarias maniobras era el de la distribución de las horas adicionales de la Policía, otra estaba dada por los “peajes” que se recaudaban a los perpetradores de actividades clandestinas. En este último caso con la particularidad de que la jerarquía jugaba un rol importante en el negocio, ya que mientras el policía de calle era el recaudador y se quedaba con una parte, sus inmediatos superiores y los de más arriba también recibían su porción.  Es decir que toda la estructura está “podrida”, con las honrosas excepciones que seguramente ha de haber (aunque no tan honrosos porque quien lo sabe y no lo denuncia es cómplice). ¿Cómo hacer para que la fuerza funcione de otra manera si sus miembros son los mismos que obraron siempre de esta manera?

La vía elegida por la gobernadora María Eugenia Vidal es cambiar de manos la administración, especialmente para poner el ojo en cómo se aplican los fondos destinados a las horas extra, que es el botín más apetecible porque, en apariencia, tiene un viso de legalidad. Inescrupulosa, claro, porque se vale de la obediencia debida por el escalafón, ya que se descuenta que ningún novel agente va a decir ni “mu” sobre cómo su jefe lo “usa” para hacerse de dinero.

Desde ahora, quien estará a cargo de manejar los fondos y la administración policial será el subsecretario de Administración de la cartera de Seguridad bonaerense, Ignacio Greco. Un civil, en definitiva, manejará los importantes recursos que antes administraba la misma Policía.

El anuncio de la mandataria se realiza al mismo tiempo que una gran marcha “Para que no te pase” se efectuaba en Buenos Aires organizada por víctimas de la inseguridad.

Y aunque parezca una decisión que tiene que ver con una más eficiente administración económica, en realidad también tiene un correlato en la eficacia de la seguridad preventiva. Sobre todo, si la incorporación de civiles se extiende a la cobertura de todos los cargos “de oficina”. Así como lo está haciendo la Policía Metropolitana. 

Entre otras denuncias, la gota que rebosó el vaso fue la renuncia de Néstor Martín, investigado por Asuntos Internos por enriquecimiento ilícito tras la presentación de su declaración jurada, en la que incluía siete propiedades, un helicóptero experimental y más de dos millones de pesos en efectivo. No debiera asombrarnos, con el clima de sospechas que siempre se tuvo respecto al enriquecimiento de los altos cuadros de la policía.

El Gobierno bonaerense trata de alejar un hecho de otro, como si el pase del área administrativa a manos civiles no tuviese nada que ver con la ida de Martín. Es probable que, como afirma Cristian Ritondo la idea nació antes de este destape, pero es innegable que la decisión se puso en marcha, cuando la prueba estuvo sobre la mesa, en forma dura y pura.

La medida, cuando se haga efectiva para otras labores administrativas, sacará a más de 200 uniformados a la calle que hasta ahora hacían tareas de oficina.

Si bien es algo inédito porque no hay antecedentes de esta medida ya que en tiempos de Casal como secretario de Seguridad se anunció pero nunca se implementó, y por tanto debemos esperar fallas y mucha reticencia, no podemos menos que llenarnos de expectativas porque es un cambio que tendrá efectos inmediatos. Que un policía que hoy atiende el teléfono, otro que toma denuncias y un tercero que lleva papeles a la fiscalía pasen a estar en la calle es una buena noticia. Por otro lado, a sabiendas de que el Estado está sobrepasado de empleados que todos temen despedir, que hoy están de más y haciendo poco o nada, se presenta este modo interesante de resolver dos problemas: evitar despidos en el sector estatal y encontrar una tarea cierta y necesaria a quienes hoy no la tienen.

En números esta decisión implica que la Policía Bonaerense se quede sin el manejo de 500 millones de pesos anuales y sin el control de las horas adicionales. Se suprime la superintendencia que manejaba también los operativos Sol e Invierno, los de fines de semana largos y Pascuas. Las 30 delegaciones administrativas pasarán a depender de la Subsecretaría de Administración del Ministerio de Seguridad.

Es una decisión que en vista a los resultados que se han obtenido hasta el momento con el descontrol y corrupción en el manejo de los fondos policiales era muy necesaria.

No podemos asegurar que los civiles no sean corruptos, su presencia per sé no es garantía de nada. Pero es presumible que la dinámica de convivencia actúe como un mecanismo de autopurga. Es natural que ambos sectores se celen y desconfíen mutuamente, por lo que mientras una mínima falla de los policías será alertada por los civiles, lo mismo sucederá con los efectivos que vean en los civiles actitudes sospechosas. El espíritu corporativo, en este caso, puede llegar a resultar la mejor herramienta de control.

Ignacio Greco es quien manejaba los fondos en la Policía Metropolitana, de modo que no le falta experiencia. Sin embargo, las fuerzas de la Ciudad de Buenos Aires nacieron con esa estructura pero para la Bonaerense este cambio de mano del manejo de los fondos será resistido por los uniformados. Habrá tensiones, sin dudas, pero si la decisión de la gobernadora se mantiene firme, los efectivos no tendrán más remedio que acostumbrarse que “las cajas negras” están llegando a su fin.

Lo que aún preocupa dentro de Asuntos Internos es qué va a pasar con los más de 30 delegados de administración que están en las departamentales. Buscando salidas que logren mantener la mayor tranquilidad posible en la fuerza, frente a estos grandes movimientos que está haciendo el Gobierno.

La complicidad política es lo que ha llevado a este estado de cosas en la Policía y por eso, las decisiones de la gobernadora se parecen más a un tsunami dentro de las fuerzas, cuando debiera ser lo normal que la administración de los fondos esté en manos de personal civil.

Al fin de lo que hablamos, como tantas veces hemos destacado, es de fondos del Estado, dinero que es de todos y que buena parte termina en los bolsillos de unos pocos que, encima, en un gesto carente de todo escrúpulo, lo apartan de una función tan elemental como es la protección de los ciudadanos.