Sin control no hay plata que alcance

Son tantas las cuestiones a solucionar en una Argentina que ha sido desgarrada por la corrupción, el desmanejo de los fondos públicos, las intermediaciones oscuras, el clientelismo político, que resulta abrumador encarar la tarea y pensar en que el resultado sea exitoso. Y no se trata solo del nivel nacional sino de las provincias, porque denuncias tenemos de los más diversos puntos del país sobre cuestiones poco o nada claras. Un sistema obsoleto de contrataciones de la obra pública sobre la base de una norma que data de la década del 40, mientras los convenios con gobernadores daban manejo discrecional de fondos que provenían del Tesoro nacional, llevó a que se gastara mucho más de lo que se construyó cuando no se utilizó ese dinero para otros fines, aunque la erogación y su registro fueran para la edificación de viviendas.

El gobierno de Mauricio Macri resolvió destinar  31.000 millones de pesos para paliar el grave déficit habitacional que vive el país, pero aspiran a que estos fondos lleguen, esta vez y de ahora en más, en forma cierta a las obras pautadas. Por eso decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales. Es una medida de control, que evidentemente hacía falta, cuyo éxito dependerá de que quienes tengan el manejo de los fondos destinados a todas las regiones lo hagan con honestidad y transparencia.

No se trata solo de la pura irregularidad con los fondos del Estado en términos de usar el dinero de la vivienda para otros fines o, directamente robándolo que es muy grave, sino también del clientelismo extremo que se genera ante la desesperación de tener una vivienda, para quien las entrega.  La puesta en marcha de la Base Unica de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado evitar los abusos de los mandatarios o de organizaciones civiles que eran muchas veces destinatarias de los fondos para la vivienda.

Un ejemplo clásico de intermediación política para la construcción de viviendas se puede visualizar claramente con lo sucedido en Jujuy, entre los años 2004 y 2015, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios suscribió seis convenios para la construcción de viviendas con cooperativas de trabajo pertenecientes a la organización Tupac Amaru (dirigida por Milagro Sala). Hasta la fecha, y no obstante haberse pagado la terminación de todas estas obras, existe un faltante de 1827 viviendas, todo lo cual nos lleva a un enorme faltante en valor de 716.016.757,35 de pesos. Quienes recibieron las viviendas eran rehenes políticos de la agrupación, hasta límites de semi esclavitud. En otros casos son las mismas dependencias provinciales las que han cometido abusos, como en Tucumán donde a fines del año pasado se sucedieron las denuncias contra el Instituto Provincial de la Vivienda, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores, cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba. En Comodoro Rivadavia donde pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas. Hay más casos, provincias donde se entregaban viviendas a amigos del poder que luego las ponían a la venta, cuando es claro que la vivienda social es un esfuerzo del Estado para una casa única para la familia.

En definitiva, lo que entristece es ver que en ningún caso es la falta de fondos el problema, sino el abuso o el robo de los dineros públicos que al fin no llegan en la medida que debiera a quienes realmente lo necesitan.

Es claro que la centralización de la obra pública de la vivienda supone todo tipo de suspicacias políticas de cara al 2019, porque cada provincia debe entregarle al Gobierno nacional el listado de los inscriptos que aspiran a ser beneficiarios. Y si bien muchos mandatarios provinciales acordaron rápidamente aun siendo de otro signo político, los funcionarios de San Luis se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significaría “una intromisión en los números de la provincia”. Pero como la adhesión al sistema de controles es condición para recibir los fondos, tendrán que pensar muy bien antes de negarse a entregar los datos de su distrito.

Este año, el Plan Nacional de Vivienda tiene un presupuesto de 15.000 millones de pesos a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los 16.500 que contendrá el plan Fonavi destinado a vivienda e infraestructura. Y la idea del oficialismo es ordenar la demanda y que la política (partidos, organizaciones sociales, ONG) queden fuera del circuito de la administración de recursos.

Lo que se pretende es que antes de otorgarse una vivienda en cualquier provincia del país, a los adjudicatarios se les cruzarán los datos que envíen con las bases de datos de organismos como Anses, Afip, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas, para saber si tiene otras propiedades o cual es su situación económica real.

La propuesta es positiva, de acuerdo a lo que hemos visto que ha sucedido en muchas provincias con los fondos que se les enviaban desde el nivel central a los gobernadores para hacer viviendas, o peor aun salteando a los mandatarios y otorgándoselas a agrupaciones políticas, porque al fin por desvío de esos fondos a otros gastos o por corrupción, el perjuicio es ineludiblemente para los más vulnerables, aquellos a los que debemos ayudar para que logre la dignidad de tener su vivienda junto a su familia.

El tema de los controles, que de eso se trata, en el caso de los complejos habitacionales es un paso adelante, que deberá darse también en otros aspectos de la problemática social -entrega de planes, por ejemplo-, logrando cada vez más institucionalidad para que vaya retrocediendo un mal muy enquistado: el clientelismo político que se genera frente a la necesidad genuina de esos grandes bolsones de pobreza. Utilizar al que necesita para fines electorales debiera darles una profunda vergüenza a quienes lo hacen, pero como eso no sucede, el Gobierno debe seguir adelante aceitando sistemas de controles que hagan más claro y transparente nuestro sistema de ayuda estatal.

Vistas las cifras ahora conocidas respecto de los desmanejos con las viviendas, y recordando las millonadas que se fugaron de las obras públicas que el Estado solventaba y no se hacían, podemos concluir que en Argentina el problema no está precisamente en la falta de fondos sino en la ausencia de controles para garantizar que estos lleguen a la gente y no se queden en los bolsillos de algunos inescrupulosos que, o la gastan para sí o la utilizan para comprar adhesión política.