Sin arbitrariedades de un lado y sin hipocresía del otro

Cuando apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri se inició el proceso de revisión de los contratos en el Estado durante el kirchnerismo, período en el que el número de empleados públicos en el país (Estado federal, provincias y municipios) se duplicó, era sabido que como correlato se generarían conflictos, muchos de los cuales se expresarían en la vía pública. Era el costo político y social de la decisión. 

Lo ocurrido en La Plata con los empleados municipales fue desmedido. El ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, salió a la palestra asegurando que no existió instrucción alguna desde la esfera política ni policial, que ordenara la actuación de la Infantería en el lugar sino que su presencia allí respondía a evitar el ingreso al edificio comunal. Dijo que se instruirán sumarios para evaluar el desempeño del subcomisario de Infantería a cargo del operativo frente a la Municipalidad y de sus subordinados. Desinteligencias en la comunicación, lavado de manos del ministro o un accionar independiente de la fuerza o de efectivos, en fin, posiblemente los ciudadanos no sepamos en qué estuvo la falla ni quién resulta culpable, menos aun cuando el tema rápidamente salió de la atención de los medios para darle lugar a la trama de los prófugos.

Lo que sabemos es lo que pudimos ver que ocurrió en la plaza frente al municipio platense y fue desmedido. Pues lo mismo ocurre con el origen de este conflicto: no sabemos cuántos ni quiénes, pero no tenemos dudas de que el Estado está sobredimensionado. No es una percepción porque hay cifras oficiales que lo aseguran, como veremos.

Obviamente que la política hace su juego con el tema, desempeñando un triste papel por cierto. En Pergamino se hace evidente: el Partido Justicialista-Frente para la Victoria, que viene ocupando el rol de opositor desde hace 16 años, ha enarbolado como una de sus banderas el pedido de informes sobre la nómina de empleados municipales, advirtiendo la presencia de ñoquis y contratados, cuestionando incluso en este último caso, la precariedad de estos trabajadores, arguyendo que es empleo en negro dentro del Municipio y que, de ser justificada su prestación, debían ser pasados a planta permanente. Muy válido es este cuestionamiento e incluso desde nuestras páginas hemos acompañado el reclamo porque la ciudadanía también tiene el derecho de saber a dónde va parte de su dinero.

Ahora bien, esta misma actitud, esta vara de justicia, no es esgrimida cuando se los escucha y lee emitiendo opinión sobre la línea de acción del macrismo respecto de rever  todas las situaciones laborales endebles por cualquier motivo: contratados, empleados invisibles, exceso de personal en algún área.  Es decir, trabajadores precarizados (sólo que no por Gutiérrez o Pacini sino por su propio partido), “ñoquis” y gente nombrada sin necesidad sino para pagar un favor político o bien como “gentileza”, como si fuera deber del Estado solucionar la falta de empleo dándolo.  

A misma realidad, distintas reacciones según la vereda desde donde se la mira. Así es la política.

Si el real interés es un Estado que funcione, que cumpla sus roles en educación, salud y justicia, lo lógico sería que al menos haya coincidencia en lo que se ve, acá y allá. Y a partir de allí, dejar actuar a quienes por voluntad popular tiene la potestad de decidir el camino hacia la solución. Insistimos: partiendo de la base de admitir que hay un problema a solucionar, así como en Pergamino, en todo el país.

Para los excesos, está la Justicia. Para plantear metodología (por ejemplo, que cambien las condiciones de ingreso y permanencia en la planta del Estado), está el Congreso. Para actuar, está el Ejecutivo, que finalmente en cada estamento resolverá qué hacer en cada caso, si corresponde o no la continuidad laboral de quienes han sido puestos bajo la lupa.  

Y para dar trabajo, no está el Estado. Lo que sí debe hacer es generar las condiciones de seguridad jurídica y de fomento para que se genere el empleo.

Entre los múltiples debates que dispararon los recortes de personal dispuestos en varios niveles del sector público nacional y provincial después del 10 de diciembre, se mezclan argumentos que remiten a lo justo o no de la decisiones, los derechos adquiridos de los perjudicados e incluso posibles casos de persecución ideológica. Como telón de fondo de esta discusión, aparece una supuesta verdad indiscutible: que el Estado puede absorber todos los empleos que sean necesarios. O dicho de otra manera, que el gasto público puede ser infinito.

Los críticos de este tipo de medidas no creen en el argumento económico. Lo ven como un escudo que traduce falta de sensibilidad sobre el drama del empleo. En contraposición, dar trabajo siempre es visto como un buen gesto, aunque el funcionario que firmó la incorporación no tenga posibilidad de garantizarle al beneficiado ni su sueldo ni su continuidad. No importa si fue semanas o días antes de un cambio de ciclo político o si no tenía una capacitación adecuada. Lo hecho pasa a ser cosa juzgada. Así es como entraron durante el último año al Estado nacional, según un informe del Indec con datos del primer semestre de 2015, 177 personas por día.

Hay que evitar arbitrariedades y respetar derechos. Pero empecemos por desterrar del debate la idea de que el Estado admite toneladas de sobrepeso sin pagar consecuencias. Con impuestos, con inflación o con deuda, la plata sale de un solo bolsillo: el del contribuyente.

También tiene sus consecuencias políticas y sociales la decisión de dejar sin trabajo a una porción importante de la población. Se incurrirá en errores, pagará algún justo por algún pecador, pero el 7 por ciento del PBI de déficit fiscal no es un invento sino que viene de esos 177 nuevos empleados diarios del último año, multiplicado por 11 más, “a grosso modo”. El saber contener el reclamo de los damnificados sin desmesuras como las de La Plata será tal vez la parte más compleja del asunto. Especialmente, si la política se mete para hacer su agosto.