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Siempre debiéramos protestar contra la corrupción, no solo cuando el bolsillo llama

20 de marzo de 2016 a las 12:00 a. m.

La que termina hoy ha sido una semana para el olvido de argentinos y brasileños, o mejor dicho, por nuestro futuro, para recordar siempre.

Dos naciones vecinas, socias y miembros clave del Mercosur como la Argentina y Brasil transitaron días de una seguidilla de grandes escándalos, con  similitudes y diferencias, pero con un denominador común: la corrupción expuesta y el hastío de la ciudadanía explícito.

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La diferencia, que no es menor, es que nuestro país, tras las elecciones presidenciales, generó un rotundo cambio en la política, dejando atrás al populismo, mientras que en Brasil el populismo se debate pero en una clara agonía. Tristemente nos unen la falta de transparencia y los negocios sucios del Estado, con la ventaja que en el país vecino la Justicia se ha convertido en un gran actor contra la corrupción durante el propio Gobierno al que incrimina, mientras que aquí la Justicia ni siquiera con el cambio de aire que trajo la nueva administración acelera mucho el paso; tuvo que darse un golpe mediático para que las causas más resonantes fueran desempolvadas de los cajones y cobraran cierta vitalidad pero hay otra similitud entre ambos pueblos de la que hablaremos luego…

En la Argentina causó enorme impacto la muestra de un video donde el hijo de Lázaro Báez junto a otros conocidos del gobierno kirchnerista contaban fajos de dólares en la financiera SGI, conocida como “La Rosadita” (porque así la llamaban, curiosamente, los involucrados), con el descaro propio de la mayor impunidad. Al fin el juez federal Sebastián Casanello comenzó a mover el expediente que contiene la denuncia sobre lavado de dinero de este grupo, claramente ligado al gobierno saliente tras tres años de “cajoneo”.

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Al fin, citó a indagatoria a Lázaro Báez, el empresario muy cercano a los Kirchner, acusado de haber lavado millones de dólares a través de la financiera SGI. Los fondos lavados, creen en la Justicia, habrían tenido origen en una defraudación impositiva de Báez al Estado. Y por eso le prohibió salir del país y dispuso una inhibición general sobre sus bienes. Si no vinieran de allí, de todos modos hay un delito flagrante como lo es la evasión que merece igualmente que le caiga el peso de la ley.La indagatoria de Báez, ordenada para el 26 de abril, es la última de las medidas en esta causa, en medio de una semana agitada y de indignación ciudadana a partir de haber visto el video acusatorio. Están también citados Martín Báez, el mayor de los hijos varones de Lázaro, a quien se lo ve claramente contando pilas de dólares y euros en la financiera, junto con el contador de su padre, Daniel Pérez Gadín; el hijo de éste, Sebastián Pérez Gadín, y Fabián Rossi, el exmarido de Ileana Calabró.

Nadie ignora que Lázaro Báez fue uno de los principales contratistas de obra pública de los K en el poder y colaboró con Cristina Kirchner en sus negocios hoteleros, en la llamada causa Hotesur. Las empresas de Báez les pagaron millones por habitaciones de hotel y contratos de consultoría a la expresidenta y su familia, sin que esos cuartos fuesen utilizados. Hasta ahora, pese a que enfrenta desde hace años decenas de causas en distintos juzgados, Báez jamás había sido procesado –siquiera cuestionado- por sus negocios.

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En el caso que nos ocupa, creen que “La Rosadita” es desde donde se montó la ingeniería para borrar el origen y esconder el destino de dinero nacido de la sobrefacturación de la obra pública. Los videos comprometen a Lázaro Báez, porque los actores pertenecen a su entorno. A medida que se corroboraba la identidad de cada nuevo personaje, el círculo se iba cerrando a su alrededor. Porque hasta aparece en este conteo de dinero Walter Zanzot, el presidente de una empresa de vuelos privados ligada a Báez, esperando los pesados bolsos que saldrían del país en vuelo con destino desconocido. Uno más uno es dos. Esta causa por lavado de dinero investigaba a Lázaro, su familia, sus colaboradores y sus empresas desde hacía años. Todos estaban imputados y el expediente ya tenía procesados (como Federico Elaskar, dueño original de SGI, y Leonardo Fariña, supuesto testaferro en negocios colaterales de Báez y único que está en la cárcel pero por otros delitos), pero los nuevos videos provocaron una explosión en el caso. Precisamente porque en esta causa sólo los “perejiles” estaban más complicados, mientras que el resto hasta hoy gozan de impunidad y esperemos que el magistrado se termine de despertar en esta causa. Porque aunque esta ingeniería financiera no es fácil de rastrear ni los delitos preexistentes (con los que se obtuvo el dinero) que determinan la figura del lavado, ha habido por lo menos “demoras” evidentes en la tramitación de causas que involucran a Báez, como es este caso.

Mientras en la Argentina se vive esta indignación, en Brasil hay un pueblo movilizado contra la corrupción y en el Congreso se creó una comisión de “impeachment” (término anglosajón para  nuestro juicio político) contra la presidenta Dilma Rousseff, lo que podría costarle la presidencia. Esta semana se nombró al exmandatario Luiz Inacio Lula da Silva como jefe de gabinete para protegerlo de las investigaciones de corrupción, el oficialista Partido de los Trabajadores (PT). Los brasileños, al igual que los argentinos con el video, quedaron estupefactos por una escucha en la cual Dilma explicita a Lula que le envía la copia de su nombramiento para que la use cuando sea necesario. Es decir, exhibir sus fueros si pretenden detenerlo. Si no hay nada que ocultar, ¿para qué los fueros? ¿Por qué no ir de frente a las acusaciones con pruebas en la mano? Generalmente nuestros políticos se olvidan que un gesto vale más que mil palabras y que un accionar puede ser, en sí mismo, una confesión de parte.

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Hubo manifestaciones de varios millones de brasileños, en más de una ocasión esta semana, protestando por la corrupción y exigiendo que se vayan todos, porque también en la oposición brasileña abundan las denuncias. El partido del Gobierno pretendió demostrar su fuerza y resistencia a la crisis que atraviesa con una masiva movilización, pero si bien lograron reunir a su gente, ya no son los dueños de la calle, como sucedía desde hace más de 12 años.

Para que el ambiente se termine de caldear en Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal, suspendió la toma de posesión de Lula como ministro, la que había quedado envuelta en una serie de medidas cautelares desde el mismo momento de la ceremonia. El magistrado Gilmar Mendes también decidió que las investigaciones sobre Lula queden en manos del juez federal Sergio Moro, en Curitiba, quien lleva el caso del esquema de sobornos enquistado en Petrobras.

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Todo Brasil camina por una cornisa, mientras en la Argentina la ciudadanía espera gestos ejemplificadores contra la corrupción, por eso decimos que ambos pueblos están hastiados, hartos de que los fondos del Estado (que son tan necesarios en ambos países) vayan a bolsillos políticos.

Pero hay una cuestión que, dijimos al comienzo, constituye otra similitud entre ambas naciones: los conflictos con la corrupción son tolerados en la medida que la economía sea satisfactoria, si las crisis arrasan con el poder adquisitivo de la gente es en cambio cuando la falta de transparencia ya no es soportada. Podríamos decir que es una cuestión económica la que determina la paz social, sin equivocarnos. Es el bolsillo del hombre de a pie lo que define la carga de sus enojos con el Gobierno. En Brasil hasta que la economía no entró en crisis no hubo reclamos masivos y la realidad es que había denuncias habituales, como las que se generaron con el Mundial de Fútbol, donde cada obra pública realizada daba para abrir un capítulo escandaloso. En la Argentina sucede lo mismo; la ciudadanía tolera los hechos de corrupción como sucedió durante el gobierno de Carlos Menem, por ejemplo, porque estaba conforme con la paridad del peso y el dólar. También en la era Kirchner donde se ventilaban (aunque sin resultados judiciales) denuncias de corruptelas varias pero no fue hasta que la inflación apretó el bolsillo que la gente comenzó a indignarse, en serio, contra la corrupción. Lo mismo sucedió en 2001, cuando el país se cayó a pedazos que la gente salió a pedir “que se vayan todos”.

Es decir que la paz social y la tolerancia a la corrupción dependen de la marcha de la economía, no decimos que sea bueno o malo, sencillamente que es así. Quizá, tanto en Brasil como en la Argentina aprendamos que si la corrupción la combatimos siempre y no sólo cuando el bolsillo llama, esas crisis que luego padecemos quizá no lleguen.

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