Si no se hace porque es debido, se hará por economía

Es probable que antes de llegar a establecer el nuevo Código de Faltas de Mendoza, que penaliza desde los “trapitos” hasta el acoso callejero, o la responsabilidad de los mayores con los niños, habrán intentado las autoridades cuyanas la aplicación de otras normas de convivencia con resultados nulos. Y es así que llegaron a que por primera vez en la provincia y en el país, se castigará con multas pecuniarias sobre los adultos responsables ciertas contravenciones que cometan los menores a su cargo. También se sancionará a los padres que incumplan con sus obligaciones, como la vacunación de sus hijos o por llegar tarde a buscarlos a la escuela. Y si se acumulan faltas injustificadas a clase, lo mismo.

La normativa establece sanciones para quienes infrinjan cuestiones tan elementales como las obligaciones familiares, que incluye desde días de cárcel a cumplir en módulos especiales, multas económicas hasta horas de trabajo comunitario.

Lo que plantean las autoridades mendocinas suena a último recurso pero en realidad es lo que impera, desde siempre, en los países más desarrollados. En Alemania, por ejemplo, si un chico no va a clase y no presenta el justificativo médico, su padre debe rendir cuentas ante las autoridades, ya no educativas sino policiales. El faltar porque sí o salir de vacaciones en período lectivo es inadmisible y se sanciona a los adultos de la familia con cárcel.

Lo que por criterio, por naturaleza y por rol debiéramos hacer los adultos y no hacemos, en Mendoza será estimulado por el nuevo Código de Faltas que viene a reforzar la responsabilidad familiar, un tema delicado si los hay, y a poner a cada quien en su lugar: autoridad, padre, menores.

La novedad mayúscula es el tenor de las penas, que incluyen una escala de montos en pesos. Evidentemente, la sola sanción o el llamado de atención ya no alcanzan. Ni los mayores ni los chicos se sonrojan ante un reto, no hay pudor e impera el cuestionamiento a las leyes y a quienes las aplican. Por eso, los mendocinos dejaron de lado las palabras y fueron directamente al punto más sensible de los argentinos: el bolsillo. Así, los padres de menores de edad que cometieran alguna contravención deberán pagar una multa de 1.900 a 28.500 pesos según el caso, salvo que el Código establezca otro tipo de sanción. Si hay reiteración de las inconductas, el costo de la sanción podrá ser el doble, llegando al punto de ordenar además una terapia familiar. En fin que la multa puede terminar siendo claramente persuasiva para aquellos padres indolentes, porque el bolsillo es algo que al argentino le duele y mucho.

Se penalizarán por ejemplo las inasistencias reiteradas a clase. El artículo 99 advierte que “los padres, tutores o curadores de alumnos menores de edad que, de manera  reiterada e injustificada” hagan faltar a clases a sus hijos serán sancionados con multas desde 5.700 a 14.250 pesos. Pero también podrían ser castigados con 15 días de arresto o trabajo comunitario de hasta 20 días.

Un poco exagerada quizás es la multa de 1.900 a 9.500, o arresto desde dos días a 10 días por llegar tarde a buscar los niños al colegio. Ese incumplimiento de horarios obedece muchas veces a padres que trabajan y salen sobre el horario escolar. Sin dudas que si siempre los padres llegan tarde alguien de la escuela se queda a esperar, pero es un tema que se puede conversar.

No vacunar, en cambio, es algo muy serio. Cuando los menores no tengan al día su calendario de vacunación obligatoria, incluida en el calendario nacional por la Ley Nº 22.909, las multas van desde 1.900 a 7.600, el arresto de cinco días o su equivalente en trabajo comunitario en  centros asistenciales u hospitales públicos para menores de edad.

Algo que se ha tornado habitual son las ofensas a docentes y el uso de violencia física. Ayer mismo, como se detalla en nuestra página 7, una docente fue agredida por la madre de un alumno. Pero además, los propios alumnos increpan a sus profesores o, sin llegar a ese extremo, lo amedrentan o le dificultan irrespetuosamente el dictado de clase. El nuevo Código resguarda al personal docente cuando este sea atacado u ofendido por los padres o familiares, a raíz de la relación educativa con los chicos. Las multas en este caso van de los 14.250 a los 28.500 o entre 15 y 30 días de arresto. Todos los castigos se agravan cuando las agresiones se hicieran frente a los alumnos. Y la responsabilidad es extensiva a los padres si el acto lo comete el menor. Es decir que si hasta ahora no lo hicieron por educación, por moral, por respeto, por principios, a partir de la vigencia del nuevo Código  los padres mendocinos se sentarán con sus hijos y les dirán que al docente se lo respeta, no se lo cuestiona y que es la autoridad en el aula. Tristemente, lo harán por apremio económico y no por convicción.

En nuestra provincia, la presencia de menores en boliches donde hay mayores está penalizada pero la multa recae sobre los propietarios del lugar. En Mendoza, ahora también los padres o representantes legales serán responsables cuando los menores de edad “ingresaren, concurrieren o permanecieren en un local o evento cuyo acceso les esté prohibido”. En este caso, se presume que hubo “falta de vigilancia o cuidado”. Y sí, porque aun cuando la concurrencia no sea conocida por el padre, se constata la desidia de desconocer el paradero del hijo. Otra vez, será por efecto de bolsillo que los padres hablarán con sus hijos y les plantearán no solo que no deben ir a lugares que les están vedados sino que además ya no pueden mentirles más para hacerlo, por ejemplo diciendo que van a la casa de un amigo, para finalmente, a hurtadillas, ir al boliche. Estas inconductas tienen un costo oneroso, con multas que arrancan en los 19.000 y llegan a 38.000 pesos. Las sanciones pueden ser compensadas con trabajo comunitario de 20 a 40 días y que esté “vinculado con la diversión nocturna de los jóvenes”. Estas tareas estarían supervisadas por un órgano de control estatal específico.

La lista de contravenciones habituales, que nadie debería cometer porque atentan contra la integridad de los menores, sigue. Y todas en Mendoza ahora se pagan con plata, cárcel o trabajo comunitario. Parece mentira haber llegado a esto para lograr lo más elemental que es que los chicos se comporten. Pero llegamos porque los padres han entrado en la desidia, y de ahí en más es improbable que un hijo acate las leyes.

En fin que en Mendoza están poniendo en práctica un código con penalidades económicas pero buscando no la recaudación en sí sino el cuidado del menor por parte de la familia y que sean los padres los que se responsabilicen del comportamiento de sus hijos menores con consecuencias concretas. Si la experiencia ofrece buenos resultados, lo que pareciera que es bien posible, tendremos una interesante herramienta para replicar y mejorar la convivencia urbana. Y creemos que puede funcionar porque lamentablemente es milagroso lo que una buena multa puede hacer en los ciudadanos.