Si la Justicia anda mal, nada puede andar bien

Ya decía Borges que otra hubiera sido nuestra historia si los argentinos tuviéramos como libro señero al "Facundo" en vez del "Martín Fierro". Se refería a esa viveza criolla que transpiran varios versos de Hernández, ese apego inveterado a esquivar la ley, cuando no a violarla impunemente. Vivimos tiempos de altísima tensión institucional. Los niveles de inflación e indigencia que sufre el país son casi una certeza de una derrota electoral del oficialismo, por más que algunos busquen esperanzas en los trapicheos propios de la previa a la consolidación de un liderazgo.

Y aquí el gran problema: hay un accionar político instaurado, tan contumaz como errado, que parte de la premisa de que el principio de identidad no existe (no se puede ser y no ser a la vez). Les cuesta entender a sus impulsores que no se puede ser oposición y gobierno al mismo tiempo; más todavía, reconocer que la oposición existe, que es otro y que piensa distinto. Pensamiento mítico.

De tamaño problema interpretativo, derivan riesgos aun más grandes para el porvenir. Por encima de las distorsiones que crea el emparchado económico que se quiere presentar como plan, se destaca el daño institucional de algunas medidas propias de la desesperación, de un gobierno fértil en astucias y ardides, recogidos de los consejos del Viejo Vizcacha.

Es el caso de la intentona por derogar las Paso o el artificio para nombrar ilegítimamente consejeros de la Magistratura, que la semana pasada desbarató la Corte Suprema, con un fallo repleto de mensajes.

La maniobra era un fraude, liso y llano. Para ocupar tres de los cuatro lugares que tenía el Senado, se recurrió al ardid de dividir el "partido" oficial en dos bloques; entre gallos y medianoche, más de lo mismo: malinterpretando adrede un fallo de la Corte anterior que mandaba a cumplir la ley, no estirarla.

Los fallos de primera instancia recurrieron al típico argumento judicial del "pilateo": es una decisión política no justiciable. Argumento de un enorme valor, cuando es bien aplicado; no como en el caso, que sirvió de tangente para justificar la treta sin decirlo.

La Corte terminó con el ardid (o eso se pensó); en pocas páginas dijo mucho y dejó varios mensajes. Cosas tan elementales que lamentablemente la viveza criolla ha degradado durante años: la buena fe, que se opone al abuso del derecho y a la simulación; el principio de colaboración, que debe existir entre los poderes del Estado; el debido proceso legislativo, que se debe respetar, aunque "diputruchos" y "saltimbanquis" de la política hayan querido naturalizar otra cosa. Y el rol de los partidos políticos, no como una herramienta para satisfacer caprichos sino como instituciones fundamentales de la democracia. ¿Lo mejor de todo? Que lo hizo rápido. Porque Justicia que llega tarde, no es justicia. Y es de esa demora de la que justamente se valen los pícaros para impetrar sus astucias de siempre.

Pero las autoridades del Senado de la Nación decidieron desobedecer un fallo de la Corte Suprema, cabeza de uno de los tres poderes de nuestra República y custodio del bien hacer de los otros dos. Una semana después de la "cosa juzgada" el bloque que responde a la vicepresidenta llevó al pleno del Senado el decreto de designación de los senadores cuestionados -en particular, Claudio Doñate- desoyendo y criticando el fallo de la Corte -que había dado lugar al nombramiento del opositor Luis Juez- para que la votación le diera respaldo político. Con una oposición que no bajó al recinto y no dio quorum, se completó una vez más el círculo de la degradación institucional de Argentina.

Estamos ante un perfeccionamiento de un modus operandi que ha ido mutando, perdiendo formas y composturas. Empezó con eufemismos como la democratización de la Justicia y avanza ahora a su expresión más auténtica, la barbarie lisa y llana.

Res judicata pro veritate habetur: la cosa juzgada se tiene por verdad. Este es uno de los pilares de cualquier sistema jurídico mínimamente desarrollado. Una vez que se dicta una sentencia firme, no queda más que cumplirla. Los tiempos de los argumentos y las defensas se extinguen con el proceso previo. No hay después de la sentencia.

Ese principio es la encarnación de una tabla axiológica, que pone a la Justicia en el vértice de una pirámide. Desconocer una sentencia no solo es una intentona absurda de convertir el proceso judicial en una circularidad interminable, un laberinto de enredos y dilaciones, sino y sobre todo es un punto de quiebre que puede marcar el inicio de una decadencia irrecuperable.

Para ser más claros, hay hechos que exceden la coyuntura, que permiten entrever algo más grave que la viveza criolla del Viejo Vizcacha, protagónica en el comportamiento histórico de este oficialismo de mil caras. Eso parece haber quedado superado por la falta de legitimidad, la torpeza y la contundencia adversa de los hechos. Lo que está ocurriendo es un desafío a la axiología de valores sobre la que se asienta el sistema, y sin la cual no puede funcionar.

Esta primera acción barbárica anuncia, por lo demás, la actitud que desde otro poder del Estado se tomaría con fallos inminentes de la Justicia. Sería algo así como: si no tengo argumentos, dilato; si pierdo, desobedezco. 

La peor enfermedad institucional es la falta de justicia. Tiene carácter terminal, porque es un valor medular: casi cada acto de gobierno se trata de dar a cada uno lo suyo. Eso es lo que está sufriendo Argentina y se patentiza en todo, desde los niveles de pobreza e indigencia, la animadversión de los mercados, la fuga de jóvenes, hasta el parate de la economía y la falta de inversión. Es mucho más que un capricho o una bravuconada política lo que estamos presenciando. Es un límite que mejor no pasar, porque como ya lo dijo el jurista Bielsa: "Si la Justicia anda bien, aunque todo ande mal, puede andar bien; si la Justicia anda mal, nada puede andar bien".