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Se reabre la denuncia de Nisman y veremos qué hay dentro

03 de febrero de 2017 a las 12:00 a. m.

Hace dos años y unos 20 días el fiscal Alberto Nisman se preparaba para certificar su denuncia contra la por entonces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner. La muerte del funcionario (aún se duda si se suicidó o si lo mataron), que investigaba la causa Amia, un día antes de presentarse al Parlamento con las pruebas que había colectado para demostrar su hipótesis de que el Gobierno estaba encubriendo a los iraníes, presuntos autores del atentado a la Amia, generó otra causa que está pendiente en tribunales.

Entonces, la denuncia que pergeñó el fiscal ingresó en un laberinto judicial de esos que muchas veces hemos visto en la Argentina, para no llegar a una conclusión judicial seria sobre el asunto.

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Para clarificar el tema: una es la causa por la muerte de Nisman donde se investiga si fue suicidio, suicidio inducido o asesinato y otra es la causa que se investiga por la acusación que hizo el fiscal contra la expresidenta. Si bien ambos asuntos tienen estrecha relación, obviamente, las causas son distintas.

Después de muchas idas y venidas, recién esta semana un fiscal quedó en condiciones de investigar a fondo si existió, o no, un plan criminal para encubrir a los iraníes imputados por el atentado a la mutual judía.

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Apenas culminó la feria judicial el juez federal Ariel Lijo decidió delegar la instrucción de la causa por la denuncia de Nisman en el fiscal Gerardo Pollicita. Si bien se trata de una medida habitual, la resolución del juez implica dar luz verde al fiscal original del caso, que había pedido 50 medidas de prueba para impulsar la investigación cuando Cristina aún era presidenta y la realidad es que no se avanzó en nada en esa primera etapa.

Respecto a Pollicita, desde su fiscalía descuentan que retomará la línea que había planteado cuando intervino en el caso, dos años atrás. En febrero de 2015, el fiscal había imputado a Cristina, al entonces canciller Héctor Timerman y a otros dirigentes kirchneristas. Solo en su primer escrito había requerido casi 50 medidas de prueba. Entre otras, había solicitado declaraciones testimoniales de exfuncionarios, periodistas y empleados de las embajadas de Irán e Israel. También había solicitado conocer los viajes que hicieron los funcionarios y dirigentes señalados por Nisman y había reclamado investigar cables diplomáticos secretos.

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Era difícil durante el Gobierno anterior lograr avances en una causa que a Cristina le preocupaba y no es casual que el juez federal Daniel Rafecas desestimó la denuncia de Nisman y la investigación quedó en un parate que se extendió hasta ahora. Cerca de Pollicita admitieron que el contexto varió en estos dos años. El cambio de Gobierno dio luz verde a que se pueda seguir investigando. 

Es preocupante y vergonzante que la Justicia siga el ritmo de la política, de modo tal que a quienes gobiernan se los protege, al menos hasta que abandonan el poder. Y a partir de allí se avanza pero a veces también se sobreactúa para quedar bien con la nueva administración. La verdad es que no deja de ser una problemática muy seria que la Justicia argentina nos genere tantas sospechas por la relación directa de los magistrados con la política, a cambio de ascensos y otros beneficios.

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Volviendo al tema que nos ocupa, cuatro días antes de ser hallado sin vida en el baño de su departamento, Nisman había denunciado que la entonces presidenta dio “una expresa directiva” para elaborar “un plan de encubrimiento” que desvinculara a los acusados iraníes del atentado a la mutual judía. El objetivo del Gobierno de entonces -aseguraba el fiscal- era habilitar el comercio bilateral con Irán. En esa trama se habría firmado el memorándum de entendimiento y se habría buscado levantar las circulares rojas de Interpol contra los funcionarios de ese país.

En el origen, Nisman había radicado su denuncia en el juzgado de Lijo, porque allí se tramitaba el caso Amia II. En aquel momento, y en medio de la conmoción por la muerte del fiscal, el magistrado había ordenado conservar las pruebas de la denuncia. Es decir, las múltiples escuchas de conversaciones que darían cuenta de la elaboración del plan. Estos audios involucraban a los dirigentes piqueteros Luis D’Elía y Fernando Esteche, al supuesto agente de inteligencia inorgánico Allan Bogado, el diputado Andrés Larroque, a Timerman y a Cristina Kirchner. Esta es la causa más seria. Aunque luego, otro juez, Claudio Bonadio, comenzó una causa paralela contra Cristina y Timerman por presunta traición a la Patria, a raíz de una escucha en donde el excanciller admitía la culpabilidad de los iraníes en el atentado a la Amia. Bonadio avanzó en su investigación y en octubre reclamó el primer expediente de la denuncia de Nisman, que estaba sin trámite alguno.

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Cierto es que es importante que esta causa avance y se llegue a la verdad, no solo porque involucra al peor atentado que padeció la Argentina sino porque se habla de encubrimiento a sus posibles autores. La problemática internacional que envuelve esta causa nos permite afirmar que ojalá resulte no culpable la expresidenta de la Nación, por las implicancias que tiene para nuestro país. Frente a otras naciones, tener que reconocer que un mandatario nuestro estuvo a punto de entregar impunidad a los autores extranjeros de un atentado, sería vergonzoso. Sin embargo, si es culpable, la Justicia deberá establecer claramente las responsabilidades y las penalidades. Y nuestro país, en ese caso, deberá exponerse ante el mundo en una posición de escasa fortaleza al enfrentar una traición interna tan grave.

 

El tiempo dirá.

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