Se nota que algunos funcionarios hace mucho que no pisan un mercado

Pasadas las elecciones, y como si un grifo se hubiera abierto, volvieron los aumentos de precios, calentando aun más un clima inflacionario que desde hace tiempo tiene preocupados a todos los argentinos, especialmente a quienes tienen salarios fijos o bajos recursos. 

La cruda realidad es que en etapas inflacionarias muchos pueden especular y hasta  lograr ventajas de la situación pero los que reciben sueldos fijos y de la clase media baja a los sectores menos pudientes, padecen los incrementos de precios directamente en su calidad de vida y la de su familia.

Para poner algunos ejemplos, el kilo de pan tuvo en lo que va del mes un ajuste superior al 20 por ciento, en promedio. Y está entre 20 y 28 pesos el kilo. Esto es debido a los costos crecientes de la harina. El aumento se debe a un conflicto entres los panaderos y los molinos, quienes, según los primeros, aumentaron la bolsa de harina de 50 kilos de 300 a 400 pesos.

Así, el Gobierno empezó a dar luz verde a nuevos ajustes de precios, no sólo en alimentos y productos de limpieza y tocador, sino también en distintos bienes y servicios que logran seguir golpeando los bolsillos de los consumidores. 

Las naftas no quedaron atrás, la semana pasada, YPF aumentó el precio de sus combustibles un 6 por ciento y achicó la brecha respecto de las estaciones de otras marcas. Si bien otras petroleras no pudieron plegarse a las subas porque ya estaban superando los precios tope estipulados por el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, de todos modos también analizaban cómo ajustar los surtidores.

Los aumentos de precios en la canasta familiar resultan visibles para los consumidores que a diario lo constatan en las cajas del supermercado o al almacén que cada vez pagan más por los mismos productos que compraron la semana anterior. En los últimos 10 días, Moreno autorizó nuevas subas a las empresas productoras, que se van a aplicar gradualmente y van del 3 al 9 por ciento, según las categorías. Algunos van a empezar a regir a partir del 15 de este mes, otros del 20, el 30 o en la primera semana de diciembre, buscando amortiguar el impacto inflacionario. 

Ilógicamente, la idea del funcionario es que los comerciantes y productores no transfieran estos aumentos que recibirán de sus mayoristas y mantengan congelados los precios en los 500 productos que venían sin variaciones en los últimos meses. Sólo pensando en la coerción que puede ejercer Moreno se logra entender que este congelamiento sea posible. No obstante, el brazo del funcionario alcanza sólo al distrito porteño y al Conurbano, porque en el interior provincial como nuestra ciudad, esos productos no se han mantenido fijos ni lo harán. 

Además de la suba en los alimentos y productos de limpieza, cosmética y tocador, otras erogaciones habituales de los consumidores se plegaron a la ola de aumentos.

Es el caso de las cuotas de las prepagas, por ejemplo. La última suba del 9,5 por ciento ya se aplicó el mes pasado. Y ahora, las empresas retomaron las conversaciones con el Gobierno para ajustar nuevamente un 5 por ciento las cuotas antes de fin de año. También subió el componente de la obra social incluido en la cuota mensual que pagan los monotributistas, en un 46 por ciento a partir de noviembre. 

Mientras tanto el Gobierno niega el problema, lo cual es altamente preocupante, como lo es la persistencia en aplicar medidas y controles que no frenan la inflación. El accionar espasmódico, atacando los síntomas –en este caso las subas de precios- y no la enfermedad, ha sido una receta ampliamente aplicada sin buenos resultados en gobiernos anteriores, con el sólo objetivo de “aguantar” el problema hasta que llegue el momento de pasarlo a otro. Tomar medidas de fondo, drásticas y antipáticas, implica un costo político que todos buscan eludir. 

Esta semana Guillermo Moreno volvió a sorprender a industriales. Con tono amistoso y de modo menos directo que otras veces, el secretario de Comercio Interior insistió, en una de sus últimas teorías microeconómicas: la razón por la que pierden competitividad es la falta de gestión.

El argumento sería irritante en cualquier auditorio corporativo si no se tratara de Moreno, que conforma sólo con no excederse. 

Pero observe el lector este detalle: en reuniones sobre competitividad no se habla de impuestos, inflación, tarifas, tipo de cambio. Son temas que incomodan al Gobierno, porque juega a que la inflación es más una construcción mediática que una realidad que todos padecemos. Dicen que hay incrementos de precios, que es otra cosa. 

La realidad es la del changuito, la de los costos de los medicamentos, la de las tasas e impuestos que se van encareciendo año a año, la de los alquileres, las prepagas. No se puede desde la función pública hablar tan livianamente sobre la inexistencia de la inflación. 

Porque mientras se lanzan estos discursos, hay sectores sociales que sufren y mucho por esta situación. Sectores que día a día van resignando calidad de vida, mientras escuchan que no hay inflación. 

Quienes dicen esto deberían ir a hacer las compras personalmente de vez en cuando, antes de elucubrar, en los despachos, ideas descabelladas sobre la realidad.