Se hace uso del derecho pero se reniega de la responsabilidad

Los estudiantes porteños comenzaron a levantar las tomas de los colegios en reclamo por la reforma de la escuela secundaria que propone el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pasado casi un mes desde el inicio de la protesta.  Fue una medida que registró todo tipo de aristas: políticas, administrativas, docentes y sociales, es decir de todo menos educativas. Como una postal de una Argentina que necesita vivir en crisis porque quizá no sabe qué hacer en tiempos de cambio.

Las tomas que comenzaron el 29 de agosto pasado y alcanzaron hasta unos 30 colegios, pero lo curioso es que comienzan a levantarse no porque se haya llegado a una solución respecto de las problemáticas que los alumnos dicen tener sino porque en definitiva empezaron a sentir el desgaste del reclamo y la presión social (incluso de sus pares) porque en definitiva la consigna que enarbolaron fue tan volátil como ambivalente. 

El conflicto se originó cuando el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que a partir de 2018 se llevará adelante una reforma educativa que incluirá prácticas laborales educativas para los alumnos de quinto año. Una propuesta que ni siquiera los reclamantes ni la sociedad conocen a fondo pero que generó inmediatamente la reacción de los alumnos, pero digamos la verdad completa: incentivados por docentes ante el fantasma de que se perdieran las horas cátedras que muchos tienen en el quinto año escolar. De modo que es dudoso si el inicio del conflicto fue iniciativa de los adolescentes o en realidad de los adultos que hicieron jugar sus intereses, utilizando a los chicos que, se sabe, están en una edad de utopías y de fáciles manipulaciones. Tampoco estuvo ausente la política a un mes de las elecciones de medio término, porque da la casualidad de que cuando entrevistaban por televisión a cada joven del centro de estudiantes, invariablemente eran militantes de partidos de la oposición en un arco bastante amplio.

Hechas estas necesarias aclaraciones es de advertir que el Gobierno de la Ciudad debe ser más serio a la hora de plantear las reformas, dándolas a conocer en su totalidad primero a la comunidad educativa y luego a la sociedad en general. Y, por una vez en la vida pedimos que comuniquen bien.

La semana pasada se firmó un acuerdo que tampoco trajo la paz inmediata, pero al fin ayer comenzó el levantamiento de las tomas.

Llegado el día después, ¿cómo se inscribe esta situación pasada en la experiencia de cada estudiante? Porque ahora todos buscan ampararse en el fallo de la jueza de la Ciudad, Liberatori, según quien las tomas son constitucionales, para eludir cualquier responsabilidad. Pero el tema es más complejo que eso, como veremos. Entre otras cosas porque aún avalado judicialmente el acto, en su contexto se produjeron otros eventos que también requieren de una interpretación de la Justicia, de las autoridades escolares, de cada establecimiento según su normativa interna y de los padres de los menores, sobre todo.

La situación se planteará claramente en tribunales, porque el ministro de Justicia, Germán Garavano, advierte que para él las tomas son ilegales, mientras que Carlos Rolero, fiscal de primera instancia que interviene en la causa y recibió denuncias de grupos de padres que fueron a la Justicia en contra de las tomas piensa igual. Y anticipó que los padres de los chicos que mantuvieron las tomas podrían ser penalmente responsables por el hecho.

No creemos que sea factible aplicar, como piensa Rolero, el delito de usurpación, porque se trata de una figura que no cabe al caso de la toma. Pero lo que se deben establecer son las responsabilidades por los daños registrados durante estos días de ocupación: hurtos, roturas de vidrios, puertas, paredes pintadas y un desastre de higiene. Pueden ser consideradas legales las tomas pero estos actos son lisa y llanamente delitos y contravenciones, contra la propiedad pública y frente a las reglamentaciones vigentes en los establecimientos. Lo primero e inmediato es que los alumnos y los padres deben contribuir a que los edificios queden en las mismas condiciones en que estaban cuando los tomaron y luego se deben investigar los hurtos que se han producido. 

De lo contrario generamos en los jóvenes la idea equívoca para su vida adulta de que solo existen los derechos y no las responsabilidades. Cuando los chicos de los centros de estudiantes afirman “el colegio es nuestro”, deben entender, y en eso debemos colaborar los adultos, que el concepto de “nuestro” no aplica para poder hacer cualquier cosa con las instalaciones, sino que deben cuidarlas y mantenerlas, en todo caso, porque son suyas. También debieran correr las faltas por los días perdidos de clase, una medida a la que muchos directores y rectores esquivan para evitar problemas con los alumnos, pero que se hace necesaria para que se internalice el sentido de la responsabilidad que surge de nuestras acciones.

Incluso tenemos la prueba palpable de los errores cometidos en el pasado respecto de este tema, porque nada se hizo cuando ocuparon un colegio porque habían cambiado de propietario el kiosco del establecimiento y el resultado está a la vista.

Que los alumnos hayan tomado casi un mes los colegios porteños sin más consecuencia que pasarse el tiempo de reunión en reunión y tirados en los pasillos de los edificios, cuando no destruyéndolos, no puede ser una circunstancia que pase desapercibida a los adultos. Flaco favor les estaríamos haciendo a nuestros jóvenes si nos comportamos con esa indolencia y desinterés.

Lo que está sucediendo en las escuelas porteñas va a marcar un rumbo, positivo o negativo, según sean las decisiones que se asuman tras estas tomas, en un espejo en el que se mirarán los estudiantes de todo el país.