Se acercan las elecciones y la gobernabilidad cae ante la ventaja menor

Una sorda guerra se viene desarrollando en la Legislatura bonaerense, justo esta semana en que se pretende aprobar la adhesión al blanqueo de capitales. El massismo está condicionando este apoyo a que se apruebe la Ley de Paridad, para que las listas de candidatos se componga de igual número de hombres y de mujeres.

Antes de ingresar de lleno en la temática de los límites que debe tener el lobby entre oficialistas y opositores, vamos a plantear algunas consideraciones respecto de esta Ley de Paridad que, baja argumentos de la igualdad, pretende establecer espacios para ambos géneros en las boletas electorales en forma obligatoria.

La normativa apela a una discriminación positiva, es decir, considerar al colectivo “mujeres” pasibles de derecho a integrar una lista en la misma proporción que los hombres, cosa que ninguna ley prohíbe en el país. La realidad es que los partidos políticos que pretendan tener en sus listas más mujeres como candidatas, no necesitan ninguna norma que los obligue ya que ninguna se los prohíbe.

La norma, que a muchos legisladores y legisladoras les parece innecesaria, ya se aprobó en el senado provincial y ahora pasa a la Cámara Baja, donde hay más resistencia aún a aprobarla. Hay legisladores que indican que esta norma vulnera derechos y garantías constitucionales y el principio de soberanía popular, propio de nuestra forma republicana de gobierno. Ya que se trata de un cupo legislativo artificial, cuando las mujeres han ocupado y ocupan los espacios que se han ganado con su militancia, llegando a ser desde miembros de la Corte a presidente de la Nación. Este cupo legislativo completamente artificial, en la práctica terminará generando más vicios en la política, ya que si no se logra por destaque que un determinado cupo de mujeres integre la lista, pasará lo que hemos visto, que los dirigentes ponen a esposas, novias, hijas, parientes varios, estén preparados o no para ocupar ese espacio. Tanto hombres como mujeres deben llegar a los cargos por capacidad, no porque la ley lo obligue.

Al fin esta ley que propone el massismo termina por colocar a la mujer en un lugar incómodo y degradante, ya que bien se puede plantear que se ingresa “por cupo obligatorio” y no porque las mujeres ofrecen una mirada distinta e imprescindible a la política y suelen ser incluso más laboriosas que los hombres.

Como reza uno de los lemas de la campaña por esta ley, “la capacidad no tiene género”. Justamente por ello, y porque no hay ninguna ley que prohíba que haya el 50 por ciento o más mujeres en las listas y funciones, la iniciativa no viene precisamente a aportar una solución, como sí lo es la adhesión de Buenos Aires al banqueo, e incluso abre la puerta a futuras cuestiones. Porque si la intención es que haya “una mirada femenina” en el tratamiento legislativa, también podrían argumentar los jubilados que ellos quieren un cupo para plantear su mirada, y los discapacitados la suya, lo mismos los trans, los médicos, los sindicalistas, y así cada sector de la sociedad, cuando en realidad la premisa es que se gobierna para todos, con una visión amplia y quienes legislan deben ser los mejores, prescindiendo de su sexo o condición.

El asunto que se ha planteado es que cuando Cambiemos intente reunir el quórum para sesionar y sancionar la adhesión de la provincia a la ley nacional de blanqueo de capitales, el massismo buscará que no haya quórum, ya que pretendía sancionar también la paridad de género, para que en 2017 haya igualdad de candidatos hombres y mujeres.

Y lo complicado es que ante la resistencia de varios legisladores, el massismo ata la suerte de la adhesión al blanqueo a que la gobernadora obligue a sus diputados a votar la ley de paridad.

Cabe señalar que sin adhesión a la ley nacional, no hay blanqueo posible para los bonaerenses, cuya incidencia tributaria es mucha. Ya que si bien están planteadas las excepcionalidades con Afip, al formalizarse los capitales evadidos Arba caería de lleno sobre estos contribuyentes. Por eso es indispensable para el éxito del blanqueo –del cual saldrán parte de los fondos para el pago de la reparación histórica a los jubilados- que las provincias adhieran. Por obvias razones, mucho más la de Buenos Aires.

Las tratativas entre el presidente de la Cámara baja, Jorge Sarghini, del massismo, y el vicepresidente, Manuel Mosca, hombre de la gobernadora, llegaron a un punto muerto. Y al final la pulseada se dirimirá, con los bloques kirchnerista y peronista, los que por el momento anuncian que apoyarán el blanqueo.

La semana pasada, en una sesión desordenada, el massismo ganó la pulseada en el Senado para dar media sanción a la ley de paridad de género. Pero, en lugar de esperar que el proyecto pase por las comisiones de Diputados, como lo exige el trámite parlamentario normal, presionó para aprobar la ley sin dictamen, para lo cual se necesidad de una mayoría calificada para que sea tratada. 

Al principio Vidal también aprobó el proyecto, que es resistido por un sector de Cambiemos. Por otra parte Sarghini, que siempre abogó porque los proyectos de ley sean mejorados en las comisiones, pero massista al fin, se sumó a presionar por apoyar el blanqueo a cambio de los votos de PRO para la paridad de género.

Lamentablemente en lo que se equivoca, y mucho, el Frente Renovador es que la adhesión a la ley de blanqueo de capitales no es cualquier norma, es muy importante en este momento para los argentinos, más teniendo en cuenta que es clave que la provincia de Buenos Aires, donde hay megaempresarios importantes, se sumen a este blanqueo. No parece una ley para “transarla” por una norma electoral de relativo impacto social, ya que no es un tema que esté en la agenda de la gente, y que puede frenar una ley que puede resultar importante en el plano económico donde sí nos vemos frente a un tema que la sociedad tiene al tope de sus preocupaciones.

Nadie ignora que el lobby es necesario en el Parlamento, nacional y de las provincias, sobre todo en momentos en los cuales ningún partido político tiene mayoría parlamentaria. Siempre hay y seguirá habiendo negociaciones entre los partidos que tienen representación legislativa. Pero se entiende que en términos de beneficios para las provincias o los sectores que representan. Un claro ejemplo es el tratamiento del presupuesto 2017 en el Parlamento nacional. Los legisladores provinciales condicionan su apoyo a beneficios para sus regiones, en obras públicas, en créditos, en ATN. Y no es reprochable que esto suceda, porque están intentando beneficiar a sus provincias que, al fin, es para lo que han sido votados.

En el caso que nos ocupa, atar la suerte de una ley de blanqueo en plena crisis económica a una ley de cupo femenino ampliada, porque de eso se trata, es una suerte de planteo “berreta”, perdonando el término tan casual y vulgar en el uso de las palabras. No hay proporcionalidad en el esquema de intercambiar votos de una ley por otra, por las cuestiones de agenda a que hacemos referencia.

La realidad es que a medida que se acerca el fin de año, no es la única cuestión que nos va a llamar la atención respecto a la gobernabilidad que se va a ir degradando día a día, porque se acercan épocas electorales y esto termina por teñir toda la labor legislativa del partidismo propio de los momentos que se acercan, la necesidad de sacar ventajas, a veces equívocas y pequeñas, pero ventajas al fin.