Responsabilidades compartidas en la factura de la Cooperativa

El enojo es generalizado con respecto a los costos de la energía eléctrica. Los destinatarios son varios: la Celp como estructura, sus actuales dirigentes, las autoridades provinciales, el Gobierno nacional. Aunque soslayada, también genera ira que los porteños paguen un cuarto de lo que aquí se abona. A veces los insultos que provoca esa bronca van dirigidos a uno de estos actores en particular, a veces a todos juntos.  Cuando es así, el sentimiento que mejor describe el cuadro es impotencia. 

Con todas estas sensaciones a flor de piel, unos 600 vecinos se convocaron en las instalaciones de la Cooperativa Eléctrica el pasado viernes, exigiendo explicaciones a los importes exorbitantes que se registraron en las facturas con vencimiento en estos días y que nada tienen que ver con los aumentos anunciados por el Gobierno nacional, según ya aclararon las autoridades.

Es fácil advertir al leer la factura de la Celp que el concepto con menor incidencia en el monto  facturado es precisamente el servicio eléctrico. Es decir, de lo que menos pagamos es de luz.

La mayoría de los componentes, son impositivos, de otros servicios y de cuotas extraordinarias que fueron aprobadas oportunamente por los delegados que representan a los socios (o sea todos los pergaminenses que cuentan con un medidor); sobre este punto volveremos luego. Visto desde este lugar, las “culpas” del precio de la luz en Pergamino están repartidas, si bien -como es lógico- los “cañones” apuntan al consejo de administración actual, liderado por Roberto Azpeitía.

¿Qué tanto pueden hacer las autoridades de la Celp para cambiar el ánimo actual de los pergaminenses respecto de las tarifas de electricidad? Algo, no todo. Una parte les corresponde a nuestros legisladores, otra a los funcionarios políticos y una porción no menos importante a nosotros, los usuarios. 

Vamos por partes. En lo que refiere a la injerencia de las autoridades de la Cooperativa, actuales y futuras,  debería haber prudencia en la administración de los recursos, eficiente uso del dinero de todos y diligente gestión ante los organismos reguladores de la energía. La megaestructura que sostiene a la Celp es onerosa en tanto no se corresponda directamente con la calidad del servicio; como sucede con el Municipio, aquí no se trata de despedir gente en tanto esos empleados cumplan con una función que justifique su salario. Ahora, ¿corresponde que se tercerice en una empresa privada el control sobre las conexiones clandestinas? Y hablando de éstas, más allá del procedimiento judicial que prosigue a la detección, ¿se realiza inmediatamente el corte del suministro para evitar que esos consumos incrementen los costos de todos? En este mismo sentido, ¿se ejerce un control férreo sobre los usuarios que solicitan tarifas subvencionadas por cuestiones como discapacidad o jubilación? ¿Son realmente usuarios en estas situaciones especiales quienes los usufructúan? Sería importante también que se trabaje de manera prolija la toma de estado de los medidores, respetando los ciclos para que los consumos mensuales sean estimables por los usuarios. Veamos lo que pasó en muchos hogares en el período que está bajo la lupa: por razones como falta de personal, días de lluvia o feriados (estamos hablando de diciembre), en algunos (no pocos) casos no se tomó el consumo de 30/31 días o menos como dice la ley sino que se excedió hasta 37 días. Aunque la diferencia de días se acomoda con la toma de estado siguiente, el resultado no se ve compensado en el bolsillo porque la mayor cantidad de jornadas y el mayor consumo estival modifican ostensiblemente  el concepto Cargo Variable, que nos dice cuál es el costo unitario del kilowatt que consumimos. A mayor consumo, más alto el cargo variable. Y lo que es peor, al costo del suministro que estamos pagando va atada de forma proporcional la saga de impuestos de la que ya hablaremos. Entonces, si no se hace eficientemente la toma de estado del medidor,  aunque se compensen los días al mes siguiente, hay un perjuicio real que no se recupera en el bolsillo de los usuarios. 

Mencionábamos los impuestos provinciales y nacionales incluidos en la factura que, descontados los Servicios Sociales y el Alumbrado Público que son de índole local, hacen aproximadamente al 35 por ciento del importe a pagar. Veamos de qué se tratan: Ley Provincial Nº 7.290 (10 por ciento sobre lo consumido): crea el “Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico de la Provincia de Buenos Aires”, destinado a costear los estudios, proyectos, obras y adquisiciones necesarias para expandir los sistemas de servicios de energía existentes, crear nuevos y atender costos de capital. Se creó en 1972 y según denunció el senador Diego Rodrigo en el año 2002, “cada vez que salía el presupuesto había un artículo abajo que disponía que al no ser utilizado para lo establecido en ese decreto, el excedente pasaba a Rentas Generales”.

Ley Provincial Nº 9.038 (5,5 por ciento): es de 1978. Lo recaudado será destinado a la financiación de las inversiones que demande la Central de Acumulación por Bombeo en Laguna La Brava, radicación de potencia de base en el Area de Bahía Blanca y sus interconexiones. Pasaron 37 años y la obra no salió de su fase de proyecto por lo que desde el año 1978 se destina el 5,5 por ciento del dinero que el usuario paga mensualmente a algo que nunca se construyó.  Por ende esos fondos han ido año tras año a Rentas Generales.

Ley provincial Nº 11.769 artículo 72  bis y tercero (6,6 por ciento entre ambos): crea el Fondo Provincial de Compensaciones Tarifarias, estableciendo un 5 por ciento aplicado al consumo de energía. Ante el proceso de privatización se prevé una etapa de transición, en la que se adecuarán las concesiones a los nuevos términos contractuales. Con fecha 2 de junio de 1997, la Resolución Nº 180/97 establece que “...el período de transición aludido en la Resolución 179/97 se extenderá con carácter único y excepcional desde el 2 de junio de 1997 al 31 de enero de 1998...”.  Luego la Ley Provincial Nº 11.969/97 modifica la Ley Nº 11.769/96 agregando los artículos 72 bis y 72 tercero que establecen que las empresas distribuidoras de energía abonarán el 0,6 y el 6 por ciento respectivamente a la Provincia de Buenos Aires y a las Municipalidades, sobre sus ingresos brutos, pero autorizándola a trasladar esa obligación al usuario. 

Ley nacional Nº 23.681 (0,6 por ciento): dice esta irrisoria normativa que se destinarán a la Empresa de Servicios Públicos Sociedad del Estado de la Provincia de Santa Cruz hasta la interconexión de la misma con el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Se aplica en todo el país. Esta última ley lleva ya 26 años de vigencia. Al año 2006 tenía 15 kilómetros de líneas de media tensión construida y la seguimos pagando.

Del ítem “Fondo Prov. Res. Epre” que en 2010 era del 5 por ciento y fue aumentando gradualmente hasta ubicarse en el 6 por ciento actual, no pudimos obtener mayores precisiones; sólo podemos asegurar que se trata de algún dinero destinado al ente regulador de otra provincia porque el de Buenos Aires se llama Oceba. A estos hay que sumar el Puree, el más nuevito, que llegó para castigar con más dinero un mayor consumo, como si fuese pecado que crezca el grupo familiar o que podamos refrigerarnos durante las altas temperaturas.

Señores legisladores: ¿qué estamos pagando? En estas cuestiones los ciudadanos queremos ver su labor. ¿Es que no hay nada que puedan hacer o es negligencia y complicidad?

Señores miembros del consejo de administración de la Celp: si bien ustedes no cobran un salario, han asumido la representación de los intereses de los socios y junto con sus colegas de otras cooperativas reunidos en Apeba  (Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires) debieran hacer uso de viáticos y gastos de representación en gestionar, entre otras cosas, la revisión de estas normativas obsoletas en el Congreso. Por ejemplo, buscar algún legislador que los represente, una audiencia con la comisión parlamentaria ad hoc, en fin, el “lobby” que sea necesario para ser oídos. 

Todos estos impuestos son proporcionales al consumo, por lo que en época estival, sumado al no respeto de la Celp por los días que -dice Oceba- deben facturarse al mes, hacen crecer exponencialmente las cifras de las facturas. Como se ve, las culpas son compartidas.

Es incierto el final que tendrá este capítulo de la vida pergaminense. Los usuarios quieren poder pagar pero también quieren poder comer. Una conjunción de factores ha incidido para que este mes abonar la factura se lleve en algunos casos el 40 por ciento de los ingresos del hogar. La Celp deberá analizar caso por caso, revisar cuánto ha incidido en el Cargo Variable aplicado por su error (o ineficiencia) de facturar más días de los debidos y, cuando corresponda, emitir una nueva boleta con las enmiendas. Eso en el corto plazo. 

Y en tren de morigerar el impacto del aumento que se viene para todos los argentinos, como entidad cooperativa y sin fines de lucro, en el mediano plazo el consejo de administración -como todos los mortales en este país- deberá ajustarse el cinturón puertas adentro para hacer más eficiente el uso de los recursos de todos porque, nobleza obliga y la urgencia lo requiere, las cuotas de capitalización que sucesivamente se fueron aprobando para compensar la falta de actualización de tarifas de los últimos 12 años, deben desaparecer automáticamente de la factura cuando en mayo se vean los incrementos. Si el dinero del Programa de Convergencia no llega, a gestionar señores y pelear por lo que le pertenece a la Celp, para eso fueron elegidos. La razón por la que fueron creadas las cuatro cuotas de capitalización no existe más y si de todos modos, la plata no alcanza, pues deberá sacarse de otro lado pero no de los usuarios. 

Nosotros como socios, como dueños de parte del capital, no debemos desentendernos y hacernos oír solo en el reclamo. Hay anualmente elecciones de delegados por zonas. ¿Sabemos quién es el delegado de nuestro barrio?