Repitiendo antídotos que traen más problemas

Más Estado menos mercado es la consigna que, tensiones mediante, se impone por estos días en una Argentina que se inclina a una creciente regulación de sus actividades económicas. Ante el fracaso de la política destinada a enfriar la inflación, que no parece ser más que un par de programas de precios máximos y diatribas al sector privado, el Gobierno nacional echa mano con cierta desesperación a cuanto recurso tenga a mano por más que el fracaso sea el único resultado posible. Ahora la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, estableció el Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre) con el objetivo de transparentar la cadena de comercialización de bienes en el mercado interno.

Como se publicó en el Boletín Oficial, el espíritu del Sipre es obtener información para evitar desequilibrios. A través de este sistema, las empresas deberán informar mensualmente, bajo declaración jurada, los precios promedio de venta vigente de sus productos, las cantidades vendidas y el stock disponible; todo tendrá carácter reservado y confidencial.

Según la normativa, la medida alcanzará a firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos. En concreto deberán aportar esta información aquellas compañías del sector de la construcción que facturen más de 965 millones de pesos por año; las del sector comercio que facturen más de 2.602 millones de pesos por año; y las dedicadas a la actividad industrial que registren una facturación anual mayor a 2.540 millones anuales.

El Sipre, que rápidamente comenzó a cosechar rechazos por parte de las entidades empresarias, tiene como objetivo dotar al Estado Nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior para disponer de un sistema de alertas tempranas ante los faltantes de mercadería que puedan producirse y actuar de manera coordinada para evitar escasez de ofertas de productos e insumos. También permitirá optimizar la planificación de políticas públicas dirigidas al mercado interno con el fin de generar incentivos específicos y focalizados para los sectores económicos. En definitiva, con estos argumentos que justifican su creación, se afirma que la premisa es fortalecer el mercado interno y proteger el derecho de los consumidores.

Las compañías deberán cumplir con esta exigencia porque, caso contrario, serán pasibles de sanciones a través de la Ley Nº 20.680 de Abastecimiento y sus modificatorias. Desde el Ministerio de Desarrollo Productivo aclararon que la resolución no afectará la política comercial de las empresas porque “no deberán informar a quién/es le/s venden”. Mientras desde las empresas consideran que la medida constituye una intromisión a su libertad de definir la estrategia de mercado, desde el gobierno descartaron que se trate de un ataque a los márgenes de rentabilidad.

Las reacciones no se hicieron esperar desde los ámbitos empresarios, que evalúan de qué manera frenar lo que consideran un avance sobre la propiedad privada y podría ser una primera medida de otras que impliquen, incluso, la estatización de algunas compañías. Está más que claro que cuando cae la inversión se reduce la capacidad de una economía de generar empleo y con eso recursos para bajar la pobreza. Una nueva regulación, entonces, es observada como una mayor carga burocrática que enturbia el clima de negocios. No es lo que le hace falta a la Argentina, precisamente.

Aun suponiendo que con la información que se deberá aportar al Sipre se pudiera reducir la inflación, hay que considerar que justamente dar esa información será un costo adicional para las empresas. Un perro que se muerde la cola. Recordemos que los costos no determinan los precios. Si así fuera, ninguna empresa perdería dinero.

Para que los precios aumenten en forma generalizada y sostenida hay una causa primigenia que es que la cantidad de dinero aumenta más que la cantidad de transacciones de la economía. En la Argentina hay menos transacciones porque hay recesión, nadie lo puede negar. Al mismo tiempo, hay más dinero porque el Banco Central emite para financiar el déficit del Tesoro y su propio déficit.

La experiencia de los últimos años de Cambiemos implicó emisión para el Tesoro cero (bueno, casi cero, de hecho en las últimas horas Guzmán acusó a Macri de resecar la economía) y sin embargo había inflación, porque el Central seguía emitiendo para compensar sus propios pasivos, hoy llamadas Leliq. Actualmente, se emite tanto para el Tesoro como para las Leliq.

Por la cuarentena, el déficit superó el 8 por ciento del PBI, que se compensó con emisión. Para que no vaya toda a precios inmediatamente, fundamentalmente al dólar, se absorbe parte de esa emisión con títulos públicos o del Banco Central. Las opciones de inversión son pocas y las tasas son atractivas. Como ya había un stock de estos pasivos, los números nos dejan estupefactos. En 2020 el déficit que se cubrió con emisión fue de un poco menos de 2,5 billones de pesos y para absorber esa emisión las Leliq y pases crecieron en 1,7 billones. Es lo mismo que decir que más de dos tercios del déficit... ¡genera interés!  siendo optimistas, que se “contiene” la inflación actual al evitar que todo el dinero emitido se continúe en la economía, al infartante costo de 37 por ciento anual.

Esa tasa de interés implica que será necesario emitir más de un tercio (37 por ciento si se mantiene la situación actual) simplemente para compensar esos intereses. Cualquier cálculo a mano alzada representa más de 10.000 dólares a un tipo de cambio cercano a 100. Esa deuda “no se ve” pero se paga. Bajar la tasa de las Leliq no es nada fácil porque el sobrante de pesos que no va a consumo iría a comprar dólares.

Otra forma de ver el problema es que activos y pasivos deben ser iguales, y si el pasivo del Banco Central (base monetaria más títulos) aumentó en 1,7 billones de pesos, los activos deberían haber aumentado en la misma magnitud. Los activos son las Reservas del BCRA que, sabemos, no aumentaron. Así que o sube el precio del dólar, o cae el patrimonio. Además, sabemos que el pasivo aumentará al ritmo de la tasa. Es decir, sabemos que el problema continuará aunque no hubiera emisión para financiar el déficit.

Ya es un axioma en la economía argentina: dinero que paga interés, genera inflación. Solo puede ser revertido si hubiera una mayor demanda de pesos para transacciones, es decir, revertir la recesión y comenzar a crecer.

El Gobierno sabe que la emisión causa inflación. Si no, no tendríamos el endeudamiento en Leliq para absorber parcialmente esa emisión. Con la política actual tendremos inflación inexorablemente. La mala idea de precios máximos, controles de precios, Sipre, etcétera, solamente sirve para tener un enemigo al mismo tiempo que generar mayores pérdidas a las empresas o desabastecimiento. Dos problemas en lugar de uno. Una política “para la tribuna” diciendo que se controlará y matará la inflación con multas a las empresas, no será eficaz.

Tenemos déficit en el propio presupuesto 2021, que a su vez requerirá más emisión. Tenemos inflación por la emisión actual y futura, tanto por el déficit como por las Leliq. Tenemos recesión por el peso del gasto público que obliga a impuestos exorbitantes sobre el sector privado, para paliar el déficit. Tenemos desempleo porque no hay crecimiento porque el salario y el consumo no pueden crecer al ritmo de la inflación. Y ahora, con el anuncio del Sipre, tenemos la certeza de que el Gobierno no sabe o no quiere detener la inflación.