Ramallo: Costa Pobre, un informe ambiental podría complicar la situación judicial de Mauro Poletti
La investigación por el proyecto del puerto multipropósito suma un informe del Ministerio de Ambiente bonaerense y mantiene bajo análisis la actuación del intendente Mauro Poletti y la concejala Marcela Isarra.
La causa judicial que mantiene paralizado el proyecto de construcción de un puerto multipropósito en Costa Pobre, Ramallo, podría ingresar en una etapa clave. Mientras continúa vigente la medida cautelar que impide cualquier intervención en el predio, un informe técnico del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires podría aportar nuevos elementos para el avance de la investigación.
Proyecto portuario en Costa Pobre: la causa suma nuevas pruebas
El expediente judicial se originó a partir de las denuncias impulsadas por organizaciones ambientalistas y vecinos de Ramallo, quienes cuestionaron las intervenciones realizadas en el sector costero para el desarrollo de un emprendimiento portuario privado.
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A fines del año pasado, la Justicia dispuso una medida cautelar de no innovar que ordenó detener todas las obras, desmontes y movimientos de suelo en Costa Pobre. Posteriormente, en febrero de este año, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Nicolás confirmó esa resolución, manteniendo suspendido el avance del proyecto hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión.
En este contexto, cobra relevancia un informe elaborado por el Ministerio de Ambiente bonaerense sobre el patrimonio natural y la biodiversidad del lugar. Según sostienen los representantes legales de las organizaciones denunciantes, el documento reafirma el valor ambiental de Costa Pobre y podría transformarse en una pieza importante dentro del proceso judicial.
La Justicia analiza la actuación de Mauro Poletti y Marcela Isarra
Además del análisis sobre el impacto ambiental del proyecto, la investigación también pone el foco en la actuación de funcionarios municipales.
La denuncia presentada busca determinar si el intendente Mauro Poletti y la concejala Marcela Isarra incurrieron en un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público durante el acompañamiento institucional al emprendimiento portuario.
En el caso del jefe comunal, la investigación apunta a establecer cuál fue el grado de participación del Municipio en las intervenciones realizadas en el predio y si existieron omisiones o acciones vinculadas a los movimientos de suelo y desmontes denunciados.
Respecto de la edil Marcela Isarra, el expediente también considera sus manifestaciones públicas en respaldo de la iniciativa, las cuales, según los denunciantes, contribuyeron a presentar el proyecto como una propuesta viable antes de contar con todas las autorizaciones ambientales correspondientes.
Cabe señalar que la eventual responsabilidad penal de ambos funcionarios deberá ser determinada exclusivamente por la Justicia, ya que la investigación se encuentra en pleno desarrollo.
Costa Pobre: qué puede pasar con la investigación judicial
Mientras continúa vigente la prohibición de realizar obras en el sector, las próximas actuaciones judiciales podrían definir el rumbo de una causa que ya trasciende la discusión sobre la instalación del puerto.
La incorporación del informe ambiental podría derivar en nuevas medidas probatorias y en un análisis más profundo sobre las responsabilidades institucionales vinculadas al avance del proyecto.
Desde los sectores que impulsaron las denuncias sostienen que el objetivo continúa siendo preservar uno de los espacios naturales más importantes del distrito, mientras la Justicia deberá determinar si existieron irregularidades administrativas o penales durante la promoción y ejecución de las primeras intervenciones.
De esta manera, el expediente suma un nuevo capítulo y mantiene en expectativa tanto a los vecinos de Ramallo como a las organizaciones ambientalistas y a los distintos actores políticos involucrados en una de las causas de mayor repercusión pública en la región.