¿Qué hay detrás de la nueva Ley de Semillas que debate el Congreso?

El Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para actualizar la normativa de 1973. Unos dicen que lo que está en juego es hacia qué modelo agrícola se dirige la Argentina. Otros que lo que se busca es sacarle más plata a los productores. Opinan Roberto Campi (CRA), Jorge Solmi (FAA) y el diputado e integrante de la comisión de Agricultura, Héctor Gutiérrez.

DE LA REDACCION. Se estima que la agricultura se inició hace unos 10 mil años y, desde entonces, las semillas se constituyeron como una fuente sustancial para la producción de alimentos. Durante esos milenios, el cruzamiento de ejemplares y la selección de plantas con nuevos atributos generaron una amplia diversidad de variedades vegetales que le permitieron a la humanidad sortear plagas y sequías, al mismo tiempo que se conseguía mejorar la productividad de los cultivos.

El Siglo XX trajo consigo cambios trascendentales en la práctica agrícola. Con la promesa de erradicar el hambre del mundo, la “revolución verde” de los años 60 incorporó el uso de maquinarias, sistemas de riego, fertilizantes y pesticidas para el cultivo de ciertas variedades de cereales seleccionadas por su alto rendimiento. La productividad se multiplicó significativamente, aunque exigió fuertes inversiones de capital y un manejo empresarial muy alejado del de la agricultura tradicional.

Un trabajo de Gabriel Stekolschik, periodista científico y docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la  Universidad de Buenos Aires, señala que “en forma paralela se desarrollaban e introducían en el mundo agrícola los vegetales híbridos, cuyos atributos particulares resultan en rindes muy elevados. Esta innovación marca el inicio de un proceso de apropiación de la semilla por las empresas privadas. Porque ciertos híbridos -el maíz y el girasol son casos emblemáticos- producen semillas estériles o, si no, que no tienen los atributos genéticos que hacían valiosos a sus progenitores. Ahora el grano cosechado no sirve para la siembra y el agricultor debe comprar las variedades híbridas de alto rendimiento en cada temporada. Así, comienza a desarrollarse un mercado de semillas con fuertes inversiones privadas”.

No obstante, un grupo de cultivos (trigo, soja y arroz, entre los más importantes) no pudieron hibridarse de manera efectiva. Es decir, su descendencia mantiene las características de los progenitores y, por lo tanto, sus semillas pueden aprovecharse para la resiembra.

Pero en los años 90, y de la mano de la ingeniería genética, el panorama de la agricultura mundial vuelve a cambiar de manera contundente: se crean las plantas transgénicas. Es decir, vegetales a los que se les introducen genes que otorgan a los cultivos resistencia a ciertas plagas y capacidad de sobrevivir a los herbicidas que se utilizan para eliminar las malezas. Con esta innovación se facilita notoriamente el manejo agrícola y, por ello, las semillas transgénicas son adoptadas rápidamente por los agricultores.

“Esto resulta en que las empresas privadas avancen aun más en el proceso de apropiación de las semillas porque los transgenes se pueden incorporar a cualquier tipo de cultivo, tanto a los híbridos como a los que no lo son y, como se trata de genes que se pueden patentar, se pueden cobrar regalías por el uso de semillas que tengan incorporados los transgenes”, sostiene Gabriel Stekolschik.

En definitiva, el desarrollo de la agricultura intensiva y la promoción casi exclusiva de algunas variedades de alto rendimiento concentraron paulatinamente la propiedad de las semillas en pocas manos y redujeron significativamente la heterogeneidad de los cultivos. Un informe elaborado en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que solo durante el siglo pasado se perdió el 75 por ciento de la diversidad agrícola.

Qué dice la ley

La Ley de Semillas hasta ahora vigente en la Argentina se promulgó en 1973. En lo relativo a la propiedad intelectual, la norma reconoce a quien obtiene una nueva variedad de semilla (el obtentor) el derecho exclusivo para su explotación comercial por un lapso determinado.

No obstante, según la misma ley, esa exclusividad tiene dos excepciones. Por un lado, el llamado “derecho al uso propio”, que autoriza al agricultor a resembrar las semillas obtenidas en cada cosecha sin tener que pedir autorización o pagar por ello al obtentor de la variedad sembrada.

Por otro, con el fin de facilitar la investigación y desarrollo de nuevas variedades, la ley establece la denominada “excepción del fitomejorador”, que permite a quienes se dedican al mejoramiento vegetal utilizar libremente cualquier variedad comercial -aun cuando le pertenezca a otro obtentor- como fuente de investigación para su propio programa de mejoramiento.

Ambas excepciones al derecho del obtentor consagradas en la ley argentina respetan el Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales celebrado en 1978 (Upov 78), del cual nuestro país es signatario.

Entran los transgénicos

“Con la irrupción de los transgénicos se alteró la calma porque la propiedad intelectual de las construcciones genéticas no está regida por la ley de semillas sino por la ley de patentes. Mediante esta última norma, quien incorpora un transgen a cualquier variedad vegetal puede impedir que el agricultor ejerza el derecho al uso propio y que el mejorador utilice libremente un vegetal transgénico para sus investigaciones”, agrega Gabriel Stekolschik. Es decir que, actualmente, en la Argentina se superponen dos sistemas de propiedad intelectual que ofrecen niveles desiguales de protección: la ley de semillas (para las mejoras efectuadas por cruzamiento) y la ley de patentes (para las innovaciones realizadas por ingeniería genética). La primera ampara a las empresas mejoradoras locales, en tanto que la segunda resguarda a la multinacional Monsanto.

En septiembre de 2013 Monsanto lanza comercialmente en Argentina la soja transgénica “Intacta RR2 Pro”, resistente a herbicidas y a insectos, cuyo cultivo se expandió rápidamente por todo el país. Pero este fenómeno no se vio reflejado en los ingresos de la empresa por regalías debido a que los productores resembraban parte de los granos cosechados (ejerciendo su derecho al uso propio) y, también, por la multiplicación y comercialización ilegal de semillas.

Por ello, a finales de 2014 la corporación implementó un contrato que, entre otras cosas, obliga a los agricultores a renunciar al derecho de uso propio, a permitir el ingreso a su campo a fiscalizadores designados por la empresa y a vender su cosecha únicamente a exportadores y/o acopiadores autorizados por Monsanto.

Las tensiones generadas a partir de este hecho obligaron al Gobierno nacional a reconocer el problema: hay una coexistencia de derechos de propiedad que genera un gris legal peligroso.

La semilla de la discordia

“El núcleo de la discusión es si el agricultor puede hacer ‘copias’ de la propiedad inicialmente adquirida, todas las veces que quiera y en la cantidad que quiera”, sostiene Stekolschik.

Los estudios científicos efectuados hasta el momento indican que, si bien facilitan el manejo de los cultivos, los transgenes no mejoran el rendimiento de la cosecha.

Además, el insuficiente control del Estado sobre la comercialización de semillas no solo posibilitó que Monsanto se atribuya el poder de policía, sino que facilitó el desarrollo de un mercado ilegal que, solo para la soja, se calcula que representa un 70 por ciento del total sembrado en el país.

Las quejas por esta realidad no vienen solamente de los mejoradores, que únicamente cobran derechos de propiedad intelectual por menos de un tercio de lo que se vende. También los productores agrícolas se reconocen perjudicados, porque si la semilla no está fiscalizada no tienen garantía de que incluya el mejoramiento tecnológico por el que están pagando.

A finales de 2012, coincidiendo con el anuncio de Monsanto del inminente lanzamiento de su soja Intacta, el Gobierno nacional anunció por primera vez su intención de modificar la Ley Nº 20.247 de 1973. Desde entonces, la Secretaría de Agricultura ha celebrado incontables reuniones con diferentes actores del mercado de semillas.

El debate

En el marco de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate en torno de la modificación de la Ley de Semillas con 13 oradores entre representantes del Gobierno, el Inta, entidades gremiales y técnicas del campo y de empresas semilleras. El martes pasado se realizó una primera reunión y habrá otra el martes. El encuentro de esta semana dejó visible, en las diversas exposiciones, las diferencias entre productores, el Gobierno y la industria semillera por el tema.

En el Congreso hay nueve proyectos para modificar o cambiar la actual norma, que data desde 1973, sancionada cuando no existía la biotecnología agrícola y apenas se sembraba soja en el país.

Por lo tanto, y pese a la discusión en el Congreso este año, es muy probable que para 2016 no exista una nueva Ley de Semillas.

“Por la defensa del derecho de uso propio”

Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) expuso, en el marco de una nueva reunión de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación, acerca de una nueva legislación de semillas y se pronunció por “el derecho de uso propio”.

En representación por CRA estuvo el coordinador de la Comisión de Granos de la entidad y dirigente local Roberto Campi, quien expuso ante funcionarios, diputados nacionales y representantes de los distintos eslabones de la cadena granaria argentina: “Por sobre todas las cosas CRA defiende el derecho de uso propio. Sostenemos que este derecho debe limitarse a la semilla originalmente comprada. Esto parece poco, pero en realidad es mucho lo que resignamos los productores agropecuarios”, expresó Campi.

En esa misma línea dijo que cuando un productor compra semillas está pagando todas las tecnologías incluidas en la misma, “es por eso que es lógico que los derechos que otorgan las patentes a las distintas tecnologías se agoten en la misma semilla”. El dirigente de CRA denunció es su ponencia a las empresas semilleras que, no conformes con vender semilla, “quieren apropiarse de una parte de la renta de los productores forzándonos a comprar semillas todas las campañas o en su defecto cobrarnos ‘regalías extendidas’”. 

Sosteniendo que la ley de semillas reconoce la propiedad intelectual de los obtentores y les otorga derechos, es lógico que se produzca “un agotamiento de los derechos y es la propia ley la que marca un límite cuando dice que no se lesionan los derechos de los obtentores cuando el productor usa, vende lo producido, o hace uso propio del cultivar originalmente comprado”, expresó el expresidente de la Sociedad Rural de Pergamino (SRP).

Al mismo tiempo y sobre el reconocimiento tecnológico Campi manifestó que “las semillas son órganos de reproducción de una planta, por eso los agricultores las compramos y pagamos varias veces el valor del grano que contiene. Es en ese acto cuando reconocemos económicamente la tecnología que tiene incorporada”.

Campi destacó que las “empresas tecnológicas que patentan procesos pretenden extender sus derechos a los granos, y quebrando la ley desarrollaron métodos de detección pretendiendo cobrar su tecnología en cualquier punto del proceso productivo”.

Finalmente Campi recordó que estas posiciones intransigentes por reclamos de patentes sobre las semillas que se extienden a los granos “llevaron a que la Argentina corra riesgo de comercializar su cosecha de soja. Solo un 10% de la soja comercializada contiene tecnología detectable, sin embargo, con distintas amenazas estuvimos a punto de colapsar en la última cosecha. Y no hay que olvidar que pese a haberse llegado a una solución parcial persisten los conflictos según nos denuncian los productores”.

Un debate que definirá los próximos 20 años

Jorge Solmi, director de FAA y coordinador de la Comisión de Semillas, explicó a LA OPINION lo que se quiere y lo que debe debatir: “En los hechos, la múltiple discusión que se da en materia de semillas tiende a simplificársela, diciendo que los productores no pagan la investigación y que por eso debe modificarse la ley. Cuando un productor compra semilla de soja paga un kilo tres o cuatro veces más que la misma cantidad de grano o de soja; en maíz en cambio la diferencia de precio es de hasta 18 veces más. Es claro que en esa diferencia de precio está incluida la propiedad intelectual de quienes investigan y obtienen nuevas variedades”.

-¿Por qué se demoró tantos años el debate?

-Para nuestro país, y particularmente para nuestra ciudad en calidad de Capital Nacional de la Semilla, esta discusión es de enorme trascendencia.

Reabrir un debate es necesario porque hay ciertos actores de la cadena que no están contemplados, como también ocurre con ciertas innovaciones, como los elementos transgénicos, que necesitan un marco adecuado en la legislación estableciendo claramente donde comienza y termina el derecho de cada uno de los integrantes de la cadena semillera.

En medio de un mundo que concentra y con la compra de Bayer a Monsanto, vamos a que solo tres empresas concentren la provisión de los insumos agropecuarios a nivel global.

Nuestro país no es ajeno a ello, solo dos empresas, una argentina y otra china, son las que proveen el 90 por ciento de la semilla de soja.

Es indispensable equilibrar los poderes, establecer normas que aseguren los derechos de todos los integrantes de la cadena de la semilla y de los usuarios finales, los productores agrícolas. 

-¿Qué lugar ocupan los transgénicos en la industria semillera?

-La aparición de los eventos transgénicos es un factor que no se contemplaba en la Ley de Semillas y que viene a pretender imponer un nuevo cambio en las relaciones.

Las empresas que se dedican a la generación de estas transformaciones optan por proteger la propiedad de sus investigaciones a través de la Ley de Patentes y ello plantea un enorme y nuevo ingrediente al debate.

-Cuándo un productor compra semillas, ¿debe consultar al abogado o al ingeniero? 

-Esta duda surge debido a que las empresas pretenden tener dos protecciones de propiedad, por un lado la de la ley de patentes y por otro la de la ley de semillas. Como no están claramente definidos los alcances de cada una y como existen enormes vicios en los sistemas de inscripción, la definición de una ley que determine donde termina y comienza cada derecho se hace imprescindible debido a que la confusión es funcional a quienes tienen la capacidad de influir en los medios de comunicación, en los organismos públicos y en los órganos de decisión política.

Control del Estado con participación de productores

El diputado nacional y exintendente Héctor “Cachi” Gutiérrez  lamenta que no se haya podido consensuar a tiempo un marco regulatorio sobre la comercialización y el uso de semillas: “Ya está en marcha una nueva campaña de soja y recién hace un par de semanas logramos que se habilite el debate en la Cámara de Diputados, tras la demorada presentación del proyecto oficial del Ejecutivo nacional”.

El exintendente de nuestra ciudad viene bregando desde el año pasado por una actualización de la ley de semillas vigente, la N° 20.247. “Fue muy adecuada cuando se promulgó, en 1973, pero a partir de la irrupción de la soja y los avances biotecnológicos surgieron propuestas de revisiones a la norma”, evaluó. Y cree que ahora que el trigo ha recuperado terreno, hay que encontrar un punto ecuánime “para que la innovación en estas tecnologías agropecuarias se reconozcan comercialmente a valores razonables, en el afán de resguardar las inversiones y el desarrollo equilibrado de productores y semilleros”.

“El restablecimiento de reglas claras en esta actividad, tan importante en nuestro país y particularmente en nuestra región -enfatizó Gutiérrez-, se debe instrumentar y garantizar a través de sistemas públicos de contralor, de ninguna manera a través de cobros privados de modo compulsivo”.

El siguiente paso, según el legislador radical, debe darse con un fortalecimiento del Instituto Nacional de Semillas (Inase). “Este organismo, dependiente del Ministerio de Agroindustria, que cuenta actualmente con pocos recursos y tiene pendiente la integración de su directorio, debe tener un sentido de articulación público-privado, dando representación insoslayable al Inta y a las entidades de productores. Y con suficiente poder de policía debe restringir las posiciones dominantes, como también evitar y sancionar las prácticas ajenas a la ley”, consideró.

La nueva ley y/o su reglamentación, según explica Gutiérrez, debe contemplar un eficaz mecanismo de control de la “bolsa blanca” (bolsa de semilla de origen desconocido), un flagelo ilegal que ha ido creciendo en los últimos años y fue dejando prácticamente fuera de juego a diversas empresas semilleras, especialmente a las más indefensas frente a las dificultades para recuperar sus genuinas inversiones.

En relación a ello, el diputado de Cambiemos postula que el uso propio es el derecho que tiene el productor (de utilizar los granos que cosechó, como semilla para la campaña siguiente) en la ley vigente. Pero que este podrá regularse con eventuales limitaciones temporales (por determinada cantidad de años) y/o espaciales (la superficie del campo de cada productor), “pero no alterarse su espíritu, ni condicionarse con normativas sobre patentes que no contemplan la complejidad de la producción agronómica”.

De cualquier modo -subraya- “es inadmisible que el Gobierno renuncie a su rol indelegable como regulador. Quienes ejercen el poder del Estado deben administrar las diferencias entre los actores particulares y no ceder su función fiscalizadora”.