Puede ser legal y corrupto

Está claro que en todas las épocas y todos los gobiernos hubo, hay y habrá corruptos, pero con tal certeza no se mejora nada. Que siempre hubo corrupción no pasa de ser una afirmación popular, pero lo que importa es saber que no por ser eternas las conductas innobles dejan de ser reprochables.

Por eso lo que más llama la atención en esta sociedad, ahora, es que la indecencia, la deshonestidad y el robo funcionarial llegaron, por fin, a ser “el” tema de debate político, económico y social de los argentinos.

Claro que eso no resuelve nada, pero es bueno subrayarlo como signo de un imperativo que se vino soslayando durante muchísimos años. Porque, conviene recordarlo, las corruptelas de nuestra historia (la década infame, el conservadurismo, las dictaduras, el peronismo, el frondicismo, el radicalismo, el videlato con Martínez de Hoz, Cavallo y otros muchachos) parecían siempre episodios instantáneos que se tapaban rápido para que lo podrido no fuese distintivo de nuestro país. A pesar de lo cual todos los hedores sobrevolaron siempre el aire de esta República. 

No hubo, ni hay, ni habrá sociedad alguna sin corrupción. El problema es cuando a esa corrupción, inherente al ser humano como tal, se la ampara o, lo que es peor se la sistematiza como parte misma del Estado. Siendo una utopía combatir la esencia del ser humano, la lucha debe darse para evitar lo que viene detrás: la impunidad y el ocultamiento.

Mientras se percibe cierto regodeo por las ollas que se van destapando de la gestión anterior, también sobrevuela la bronca por la extemporaneidad con que la Justicia ha actuado, razón por la cual crece la demanda social, como nunca antes, para que los gobiernos sean “atendidos” en su accionar mientras están en ejercicio. Ya no prima aquel pensamiento conformista de “roban pero hacen”; la sociedad ya no tolera un corrupto más en este país.

Si bien Mauricio Macri llegó a la gestión haciendo fuerte hincapié en este aspecto, advirtiendo a sus funcionarios que no admitiría ninguna desviación, lo cierto es que el Estado es demasiado grande, lleno de seres humanos falibles, muchos de los cuales llevan años en la gestión pública haciendo “de las suyas”, por lo que la sola amenaza bien intencionada del presidente no basta. Como decimos, hubo, hay y habrá corruptos y la gestión de Macri no será la excepción.

Nuevamente por medio de una investigación periodística, se supo de algunos manejos cuestionables a prima facie en la Secretaría de Deportes de la Nación, comandada por Carlos Mac Allister.

Tal como hiciera Macri con Centurión, “el Colorado” no demoró ni un día en separar de su cargo al funcionario sindicado, su segundo, Orlando Mo-ccagatta, e iniciarle un sumario administrativo interno por las denuncias de irregularidades.

Aun pudiendo haber incurrido en una decisión apresurada por no contemplar siquiera los argumentos de Moccagatta, es un gesto que se valora. Porque al fin, en este como en otros casos, puede haber actuado el funcionario de manera legal pero no ética. Si se entrara en esos considerandos, llevaría tal vez años comprobar lo que efectivamente se denuncia y mientras tanto, todo seguiría igual y los daminificados y la sociedad decepcionados. Ante la mínima sospecha, afuera. Siempre hay tiempo para volver. 

Esta intervención inmediata es la novedad y es auspiciosa, nada de menospreciar las denuncias, de amparar al amigo, de defender corporativamente. 

Mientras tanto, en la Casa Rosada digirieron como pudieron el escándalo desatado por la supuesta injerencia de Moccagatta en la adjudicación de construcción de piletas reglamentarias a favor de la firma Myrtha Pools, de la que él mismo era representante en Argentina hasta noviembre de 2015. Por ahora descartan que se le vaya a pedir la renuncia a Mac Allister pero sin dudas habrá tirón de orejas, por anuencia o negligencia, ya que el exfutbolista asegura no ser parte de esas tramitaciones. Seguramente no pasan bajo sus manos, pero es al fin el responsable último de lo que hacen sus subordinados.

Y aquí caemos en otro aspecto de la corrupción, en el error de asociar que la corrupción es sinónimo de lo ilegal, cuando no necesariamente lo es. Un acto puede estar sujeto a la ley pero ser de todos modos improcedente, contrario a la ética o al sentido común. Tal el caso del otro tema cuestionado a la cartera: el otorgamiento de becas y subsidios.

En el programa PPT se denunció que clubes cuyas cuotas son altísimas y ofrecen la práctica deportiva de disciplinas alejadas de lo popular, como el polo o la navegación a vela, fueron beneficiadas con ingentes sumas por la Secretaría de Deportes, a través de su programa Clubes Argentinos.

Si vamos a la letra fría de la ley, estos establecimientos califican para recibir la ayuda, pero ¿les corresponde? Al menos no en el marco de este programa que tiene como fin a “asociaciones civiles sin fines de lucro, que tengan por objeto el desarrollo de actividades deportivas no profesionales en todas sus modalidades y que faciliten sus instalaciones para la educación no formal, el fomento cultural de todos sus asociados y la comunidad a la que pertenecen y el respeto del ambiente, promoviendo los mecanismos de socialización que garanticen su cuidado y favorezcan su sustentabilidad”.

Puede argumentarse que también estos clubes cumplen con estas premisas, ¿pero es ese el espíritu del programa?

Un club náutico  puede necesitar dinero para comprar nuevas velas y no poder con sus cuotas societarias pero a todas luces, que otro club de barrio no tenga baños para los chicos ubica a las necesidades en otra escala. Lo legal, una vez más, va reñido con lo ético.

Lo que se cuestionó en el envío periodístico es que Mac Allister, esta vez con su firma, dispuso subsidios para el Yatch Club de Olivos, el Náutico de Mar del Plata, el Huarpes Polo Club de San Juan y el Cordoba Golf Club, entre otros.

En su defensa, el funcionario dijo que los aportes son otorgados “a todos los clubes que cumplan con los requisitos, desde los que tienen 50 socios hasta los de más de 2 mil. Quiere decir que el criterio para definir a qué clubes les corresponde o no un subsidio no es si es grande o chico sino si cumple o no los requisitos”. Y otra vez, lo legal contrapuesto con el sentido común. Si se toma en cuenta que los recursos del Estado siempre son escasos, con este criterio de distribución no deja de ser un acto de corrupción que parte de la torta se la lleven en igual proporción quienes tienen socios que pagan miles de pesos de cuota por mes que un club que apenas tiene agua corriente.

En Pergamino vimos aplicar esta lógica, a nuestro criterio errónea y rayana con lo corrupto desde un punto de vista ético, por más que sea legal. En octubre de 2016 llegaron a Pergamino Carlos Mac Allister y Esteban Bulrrich con 1.600.000 pesos del programa Clubes Argentinos para distribuir en 32 instituciones. En ese número total se encontraban clubes como Alem o el Recreativo de Urquiza a la par del Club Social, Sirio, Gimnasia o Argentinos, que cuentan con una amplia masa societaria que hace a un importante ingreso de fondos cada mes. Muy desigual la situación de cada entidad, todas recibieron por igual 50.000 pesos porque cumplían con los requisitos, sin importar los recursos propios, la finalidad de la institución, o las necesidades particulares. 

Este ajustarse a derecho pero sin valoración ética redundó en que quienes no tienen dificultades para transitar mes a mes se llevaran una porción que otros necesitaban como el aire para respirar, o que quienes no prestan un servicio de inclusión de la niñez recibieran dinero que otros podrían haber utilizado para acercar más chicos al deporte. 

En fin, siempre es materia opinable cómo se otorgan los subsidios, también lo vivimos respecto del beneficio municipal al Club Douglas Haig.

Pero no debiera serlo sino que debe estar más que claro, como un juramento hipocrático de los funcionarios, que todo dinero extraordinario que sale del Estado debe estar plenamente justificado desde lo ético, lo procedente y el sentido común. 

Porque corrupto no es solo lo que es ilegal. Hay situaciones muy bien contempladas por la ley que son, lisa y llanamente, un acto de corrupción.