Proponen habilitar 50.000 hectáreas junto a las rutas nacionales para destinarlas a la producción
Una iniciativa busca aprovechar terrenos pertenecientes al Estado ubicados en las zonas de camino de las rutas nacionales y permitir su utilización agrícola mediante convenios con productores.
Miles de hectáreas que actualmente permanecen improductivas a los costados de las rutas nacionales podrían comenzar a utilizarse para agricultura si prospera una iniciativa que busca modificar el destino de esos terrenos y establecer mecanismos para que sean trabajados por productores.
La propuesta apunta a aprovechar aproximadamente 50.000 hectáreas pertenecientes al Estado nacional que forman parte de las zonas de camino y que, según los impulsores de la iniciativa, actualmente representan un activo desaprovechado.
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El planteo no consiste simplemente en ampliar la superficie agrícola. Sus promotores sostienen que mantener esos espacios bajo manejo productivo también podría generar beneficios vinculados con el mantenimiento de las banquinas y zonas laterales, disminuir la presencia de malezas y material combustible y contribuir a reducir el riesgo de incendios.
La discusión abre así un capítulo novedoso sobre el aprovechamiento de tierras públicas asociadas a la extensa red vial argentina.
Tierras ociosas que podrían producir
Las rutas nacionales atraviesan algunas de las principales regiones agrícolas del país y cuentan, a ambos lados de la calzada, con franjas de terreno de diferentes dimensiones que forman parte del patrimonio estatal.
Buena parte de esas superficies permanece actualmente sin utilización productiva.
La iniciativa propone generar un mecanismo que permita incorporarlas a la producción mediante acuerdos con productores, siempre preservando las condiciones necesarias para el funcionamiento y la seguridad de las rutas.
La estimación inicial habla de unas 50.000 hectáreas potencialmente aprovechables, una superficie considerable si se la analiza de manera conjunta, aunque distribuida a lo largo de numerosos corredores viales.
El desafío será determinar qué sectores pueden efectivamente utilizarse sin interferir con cuestiones vinculadas con visibilidad, drenajes, mantenimiento vial, accesos, infraestructura, futuras ampliaciones de las rutas y seguridad de quienes circulan.
Producir y mantener
Uno de los argumentos centrales de la propuesta es que la utilización agrícola podría solucionar simultáneamente dos cuestiones.
Por un lado, permitiría incorporar superficie actualmente improductiva y generar un retorno económico sobre tierras pertenecientes al Estado.
Por otro, trasladaría parte de las tareas de conservación de esos espacios hacia quienes los utilicen.
La presencia de pastizales altos y malezas en las zonas laterales de las rutas constituye periódicamente un problema, particularmente durante los meses de mayor riesgo de incendios.
Un terreno trabajado y mantenido podría disminuir la acumulación de material vegetal seco y, en determinadas circunstancias, funcionar también como una herramienta complementaria para limitar la propagación del fuego.
El mantenimiento de las zonas de camino representa además un costo permanente para el Estado, por lo que los impulsores entienden que un esquema productivo correctamente regulado podría generar una doble ventaja.
La seguridad vial, una condición indispensable
El aprovechamiento agrícola de las banquinas ampliadas y terrenos próximos a las rutas plantea, sin embargo, interrogantes que deberán ser considerados antes de avanzar.
La prioridad necesariamente deberá continuar siendo la seguridad vial.
Las zonas de camino cumplen funciones que exceden ampliamente el espacio ocupado por el pavimento. Son necesarias para garantizar visibilidad en curvas e intersecciones, permitir tareas de mantenimiento, alojar alcantarillas y sistemas de drenaje, posibilitar eventuales ampliaciones y disponer de espacios de seguridad ante emergencias.
También habrá que establecer condiciones precisas respecto del ingreso y egreso de maquinaria agrícola.
El movimiento de tractores, sembradoras, pulverizadoras y cosechadoras en sectores próximos a rutas de intenso tránsito exige protocolos específicos para evitar que una iniciativa destinada a aprovechar esas tierras termine generando nuevos riesgos.
Por esa razón, cualquier esquema de utilización deberá diferenciar claramente aquellos sectores aptos para producir de aquellos que necesariamente deberán permanecer libres.
Una propuesta que interesa a la zona núcleo
La iniciativa tiene particular interés para regiones como el norte bonaerense, sur santafesino y sudeste cordobés, atravesadas por importantes corredores nacionales y caracterizadas por una agricultura altamente tecnificada.
En el caso de Pergamino, el territorio está cruzado por dos vías estratégicas para la producción: las rutas nacionales 8 y 188, además de su cercanía con otros corredores fundamentales de la zona núcleo.
En estos ambientes, incluso superficies relativamente pequeñas pueden incorporarse a sistemas productivos altamente eficientes.
Sin embargo, la fragmentación de los terrenos representa otro desafío. No se trata de un campo convencional de 50.000 hectáreas, sino de miles de parcelas y franjas distribuidas a lo largo de rutas de diferentes provincias.
Su aprovechamiento dependerá entonces de la calidad de los suelos, dimensiones disponibles, accesibilidad y proximidad con establecimientos productivos.
¿Quién podría utilizar las tierras?
Otro de los aspectos que deberá definirse es el mecanismo mediante el cual los productores podrían acceder a esas superficies.
La iniciativa abre la posibilidad de establecer convenios o sistemas de adjudicación que permitan utilizar los terrenos bajo determinadas condiciones, estableciendo obligaciones vinculadas tanto con la producción como con su mantenimiento.
Ese punto será fundamental para garantizar transparencia y evitar ocupaciones discrecionales de tierras públicas.
También deberá determinarse qué contraprestación recibiría el Estado, cuál sería la duración de los acuerdos y quién asumiría responsabilidades ante eventuales daños sobre infraestructura vial o terceros.
Son cuestiones que transforman una idea aparentemente sencilla —sembrar tierras que hoy no producen— en un esquema que requerirá reglas muy precisas.
De superficie ociosa a activo productivo
La propuesta se inscribe en una discusión más amplia acerca de la utilización de los bienes pertenecientes al Estado.
Argentina posee enormes superficies vinculadas con organismos públicos, ferrocarriles, rutas y otras infraestructuras que no necesariamente tienen un aprovechamiento productivo.
En este caso, la posibilidad de utilizar sectores adyacentes a las rutas introduce además un componente particular: no se propone desprenderse de las tierras, sino encontrar una manera de generar producción manteniendo su condición de patrimonio público y su función vial.
Las 50.000 hectáreas estimadas representan una superficie significativa, pero el verdadero desafío no estará solamente en determinar cuánto podría producirse.
La cuestión central será demostrar que agricultura, conservación de la infraestructura y seguridad vial pueden convivir.
Si logra establecerse un sistema transparente, técnicamente viable y que preserve como prioridad la circulación segura, esas largas franjas de tierra que hoy acompañan silenciosamente las rutas podrían adquirir una función adicional: convertirse también en superficie productiva.