Propietarios de tierras expropiadas por la autovía solicitan el pago al Gobierno

Compromisos asumidos oportunamente por el Estado nacional todavía no se cumplieron y generaron el reclamo de un grupo de familias pergaminenses. El Diario habló con el asesor letrado de estos damnificados para conocer la situación dado que hace tiempo se tendrían que haber abonado los documentos. Existirían casos similares en otras zonas del corredor vial. 

DE LA REDACCION. Una vez más, los propietarios de campos expropiados para la nueva traza de la autovía que vinculará Pilar con Pergamino levantan su voz para dar a conocer que no recibieron los pagos comprometidos por el Gobierno nacional al momento de firmar los contratos, razón por la cual decidieron recurrir a la Justicia

El abogado Diego Saranitte, representante legal de varias de las familias damnificadas, explicó a LA OPINION que “la suerte de los propietarios ha sido distinta según los casos” en los que el estado determinó a través de sus organismos competentes la utilidad pública de las tierras afectadas por la traza.  

El proceso que termina en la toma del terreno fue explicado así por el profesional: “Una vez declarada la utilidad pública, se pone en marcha lo que sería el mecanismo de la expropiación con la posibilidad que nos brinda la ley de suscribir un convenio de adquisición directa entre el propietario y el Estado nacional, de modo tal que se evita la judicialización del caso. Justamente la mayor parte de propietarios que hemos representado, han suscripto sus respectivos convenios”, indicó Saranitte.  

- ¿En qué consisten los convenios firmados por los vecinos con el Estado? 

- El convenio en sí, como lo mencionamos, es una posibilidad que surge de la propia ley de expropiaciones, la cual contempla dicha modalidad en pos de evitar el reclamo judicial por parte del Estado al propietario afectado. Por su parte, el avenimiento otorga al propietario el derecho al incremento en el valor de un 10 por ciento en calidad de indemnización “por todo concepto”. Asimismo, como los pagos se vinieron realizando siempre fuera de término, los convenios establecen una cláusula donde se pacta que luego del primer pago, se realizara una nueva tasación -por el Tribunal de tasaciones de la Nación- y se abonará la diferencia en concepto de reajuste de precio. 

Es aquí donde el Estado vuelve a incumplir con sus promesas ya que no ha abonado a varios de los vecinos expropiados las sumas correspondientes a ese pago final, lo cual implica una grave infracción. 

- ¿Qué respuestas da la Dirección Nacional de Vialidad respecto de esta situación? 

- Las respuestas del Estado son evasivas por supuesto; se ha intimado mediante carta documento a la Dirección Nacional de Vialidad el pago de los reajustes, pero no solo que no se han respondido las misivas sino que los expedientes aun no han sido ni siquiera remitidos al Tribunal de Tasaciones de la Nación para evaluar los casos. 

Se amparan en falta de presupuesto, lo cual obviamente no es una cuestión que deban soportar los vecinos afectados, ya que ellos hoy en día tienen sus tierras divididas, y son ellos mismos los que soportan los perjuicios económicos por las dificultades que genera esto en la explotación agropecuaria. Incluso varios de los propietarios se vieron obligados a modificar los contratos con sus respectivos productores. 

Evidentemente el Estado prometió más de lo que podía afrontar, y hoy habiendo tomado posesión de la tierra, difícilmente cumpla con lo acordado, de ahí el descontento de los propietarios afectados. 

- ¿Cual es la postura de los propietarios en este momento? 

- Actualmente son cuatro las familias afectadas por este incumplimiento, y si bien siempre se mostraron a favor de las obras, hoy en día no están dispuestos a seguir esperando, así que la idea es acudir a la Justicia a plantear los incumplimientos con las medidas y acciones necesarias para asegurar que se cumpla el acuerdo oportunamente rubricado. Desde ya queda claro que estamos frente a una situación que representa una gravedad institucional muy importante y por ende alarmante. 

- ¿Corre algún riesgo la continuidad de la obra respecto de los vecinos afectados por el incumplimiento? 

- No estamos en condiciones de afirmar o negar absolutamente nada porque para eso existe un poder independiente que es el Judicial, que será el que determine las medidas necesarias sobre este proyecto.